RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-65/2010

ACTORA: TELEVISIÓN AZTECA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: FLAVIO GALVÁN RIVERA.

SECRETARIO: ISMAEL ANAYA LÓPEZ

México, Distrito Federal, veintiuno de julio de dos mil diez.

VISTOS, para resolver, los autos del recurso de apelación identificado con la clave de expediente SUP-RAP-65/2010, promovido por Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a fin de impugnar la resolución CG163/2010, emitida el diecinueve de mayo de dos mil diez, en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave de expediente SCG/PE/CG/027/2010, y

R E S U L T A N D O :

I. Antecedentes. De la narración de hechos que la recurrente hace en su escrito de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierten los siguientes antecedentes:

1. Aprobación del catálogo de estaciones. El treinta de octubre de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió el acuerdo CG552/2009, mediante el cual se aprobó el Catálogo de Estaciones de Radio y Canales de Televisión que participarán en la cobertura de los procedimientos electorales de diversas entidades federativas con jornada electoral en dos mil diez.

2. Aprobación y notificación de pauta. El doce y trece de noviembre dos mil nueve, el Comité de Radio y Televisión y la Junta General Ejecutiva, del Instituto Federal Electoral, emitieron los acuerdos ACRT/069/2009 y JGE93/2009, mediante los cuales se aprobaron los modelos de pauta para la transmisión, en radio y televisión, de los mensajes de los partidos políticos y de las autoridades electorales, federal y locales, respectivamente, durante el periodo de precampaña del procedimiento electoral ordinario del Estado de Yucatán, pautas que fueron notificadas, a la persona moral ahora recurrente, el veinte de noviembre de dos mil nueve.

3. Vista con las probables irregularidades. El doce de marzo de dos mil diez, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión, del Instituto Federal Electoral hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General de ese Instituto las probables irregularidades cometidas por la empresa Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la omisión de transmitir los mensajes de los partidos políticos y de las autoridades, correspondientes al procedimiento electoral que se lleva a cabo en el Estado de Yucatán.

4. Inicio del procedimiento sancionador. El inmediato día diecisiete de marzo, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó dar inicio al procedimiento especial sancionador, en contra de Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, concesionaria de las emisoras XHVAD-TV CANAL 10, XHDH-TV CANAL 11 (+), XHKYU-TV CANAL 4 (+) Y XHMEY-TV CANAL 7, en el Estado de Yucatán, el cual quedó radicado en el expediente SCG/PE/CG/027/2010.

5. Resolución en el procedimiento administrativo sancionador. El veinticuatro de marzo de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió el procedimiento especial sancionador instaurado en contra de la persona moral denominada Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, determinando tener por acreditada la infracción consistente en la omisión de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos y autoridades electorales, que debieron haber sido difundidos durante el periodo comprendido del once de enero al dos de febrero de dos mil diez, relativos al procedimiento electoral que se lleva a cabo en el Estado de Yucatán; por lo que se sancionó a la mencionada televisora con la imposición de multas, además de que se le ordenó subsanar la omisión de transmisión de los aludidos promocionales.

6. Recurso de apelación SUP-RAP-34/2010. El treinta de marzo de dos mil diez, Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, disconforme con la resolución precisada en el numeral que precede, presentó escrito de demanda de apelación, la cual quedó radicada ante esta Sala Superior con la clave SUP-RAP-34/2010.

7. Sentencia de la Sala Superior en el recurso de apelación SUP-RAP-34/2010. El veintiuno de abril de dos mil diez, la Sala Superior resolvió el recurso de apelación mencionado en el punto que antecede, en el sentido de modificar la resolución CG99/2010 emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, al resolver el procedimiento especial sancionador radicado en el expediente SCG/PE/CG/027/2010, para lo cual ordenó a la autoridad responsable que emitiera una nueva resolución en la que se ajustara a los parámetros expuestos en esa sentencia para el efecto de individualizar la sanción.

8. Resolución impugnada. El diecinueve de mayo de dos mil diez, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dictó resolución en el expediente SCG/PE/CG/027/2010, mediante la que reindividualizó la sanción a Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuya parte considerativa y resolutiva es, en lo conducente, al tenor literal siguiente:

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Que en términos del artículo 41, base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 104, 105, párrafo 1, incisos a), b), e) y f) y 106, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, depositario de la función estatal de organizar elecciones, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, cuyos fines fundamentales son: contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

SEGUNDO. Que el artículo 109, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece como órgano central del Instituto Federal Electoral al Consejo General, y lo faculta para vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen todas las actividades del Instituto.

TERCERO. Que el Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y a los de otras autoridades electorales, y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de conformidad con los artículos 41, base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, párrafo 5, 105, párrafo 1, inciso h) del código de la materia; 1 y 7 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral.

CUARTO. Que de conformidad con lo previsto en el Capítulo Cuarto, del Título Primero, del Libro Séptimo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dentro de los procedimientos electorales, la Secretaría del Consejo General instruirá el procedimiento especial sancionador, cuando se denuncie la comisión de conductas que violen lo establecido en la Base III del artículo 41, siempre y cuando, las posibles violaciones se encuentren relacionadas con la difusión de propaganda en radio y televisión.

QUINTO. Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral es competente para resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 118, párrafo 1, incisos h) y w); 356 y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, los cuales prevén que dicho órgano cuenta con facultades para vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas, así como los sujetos a que se refiere el artículo 341 del mismo ordenamiento, se desarrollen con apego a la normatividad electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; asimismo, conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, a través del procedimiento que sustancia el Secretario del Consejo General y que debe ser presentado ante el Consejero Presidente para que éste convoque a los miembros del Consejo General quienes conocerán y resolverán sobre el proyecto de resolución.

SEXTO. Que en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-34/2010, se procede a entrar al estudio del presente asunto exclusivamente en cuanto atañe a la reindividualizar de la sanción.

Al respecto, cabe señalar que el órgano jurisdiccional determinó en lo que interesa, lo siguiente:

“(…)

Ahora bien, esta Sala Superior considera que cuando con motivo de faltas o infracciones impuestas por omisión en la transmisión de promocionales de autoridades electorales y partidos políticos, el Consejo General responsable determine sancionar con una multa, para fijar el monto de la sanción a imponer al sujeto infractor, adicionalmente a los lineamientos enunciados anteriormente, debe tener en cuenta los siguientes:

El período total de la pauta de que se trate.

El total de promocionales e impactos ordenados en la pauta.

El período y número de promocionales o impactos que comprende la infracción respectiva.

Trascendencia del momento de la transmisión, horario y cobertura en que se haya cometido la infracción.

Esto es así, porque tales circunstancias constituyen parámetros objetivos que permiten individualizar razonadamente el monto de la sanción a imponer, de tal suerte que, dicho importe guarde correspondencia, lo más próximo posible, a las condiciones en que se cometió la infracción, bajo parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad, pues de acuerdo a la sana lógica y justo raciocinio, como regla general, puede adoptarse que entre mayores sean el período de la infracción y el número de promocionales omitidos respecto de las pautas ordenadas para ese período, el monto de la sanción a imponer debe ser más alto que cuando el período de la infracción y el número de promocionales omitidos sean menores que aquél.

En efecto, si bien, como ya se vio, la determinación de la sanción respectiva queda al prudente arbitrio de la autoridad electoral administrativa, lo cierto es que tal ejercicio no puede hacerlo en forma arbitraria o caprichosa, sino que es necesario que esa autoridad, fundada y motivadamente, exponga la concordancia de la infracción con la sanción, a partir de bases objetivas como las señaladas.

En ese sentido, el Consejo General responsable está obligado en cada caso a explicar, de manera razonada, en función de los referidos elementos el por qué decide fijar como sanción determinado monto del límite máximo de cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal establecido en el artículo 354, apartado 1, fracción II, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues es criterio reiterado de este tribunal que cuando la sanción prevista en la ley contempla un mínimo y un máximo, se debe proceder a graduar o individualizarla, dentro de esos márgenes admisibles, atendiendo a las circunstancias objetivas y subjetivas del caso concreto.

En la especie, del contenido de la resolución reclamada se aprecia que la responsable para individualizar las sanciones que impuso a la televisora apelante sostuvo lo siguiente:

(…)

De la anterior transcripción, se advierte claramente que el Consejo General responsable omitió fundar y motivar la determinación de las sanciones impuestas en los montos indicados, ya que no razona de qué forma tales importes guardan correspondencia con el número de los promocionales omitidos por la televisora en cada uno de los canales mencionados, sobre todo cuando esos montos se acercan más al límite máximo que al mínimo de la sanción prevista en la ley electoral.

En efecto, la responsable al fijar el monto de las multas aplicadas a la actora se limitó a aludir al número de promocionales que no se transmitieron en cada canal en el período investigado, pero sin exponer mayor argumentación del por qué considera que tales sanciones son concordantes con el número de promocionales omitidos, lo cual era necesario, a fin de que la apelante estuviera en condiciones de controvertir esas consideraciones y, en su caso, esta Sala Superior procediera al análisis de la legalidad de éstas.

Asimismo, la autoridad responsable no expresó las razones y fundamentos por las cuales consideró duplicar la sanción impuesta a la actora por la reincidencia, en razón de que, el hecho de que existan diversos precedentes en los cuales se sancionó a la televisora apelante por haber incumplido lo previsto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no justifica por sí, y menos determina que la intensidad de la sanción por esa reincidencia, se deba duplicar.

Lo anterior, porque el artículo 354, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que en caso de reincidencia se podrá sancionar a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, “hasta” con el doble de los montos señalados, según corresponda, lo cual no implica que en cuando se actualice tal supuesto jurídico, automáticamente se deba aumentar al doble la sanción impuesta, sino que en caso de reincidencia se establece un nuevo tope para el órgano sancionador, por lo que no queda eximido de exponer los razonamientos jurídicos por los cuales se impone la sanción en determinada intensidad.

Por tanto, la responsable deberá exponer las razones por las cuales considera que las multas del reincidente se deben graduar con la intensidad apuntadas, es decir, para determinar su concreta graduación, el Instituto Federal Electoral deberá atender los parámetros precisados, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos que confluyen en la comisión del acto ilegal, sin que el simple hecho de la reincidencia justifique la aplicación automática de la sanción.

En ese contexto, si la responsable al establecer el importe de las multas impuestas a la ahora inconforme dejó de exponer las razones concretas que la llevaron a concluir en ese sentido, resulta inconcuso que esa sanción no está debidamente fundada y motivada, y en consecuencia, procede declarar substancialmente fundados los agravios en estudio y se modifica, en la parte atinente, la resolución reclamada para el efecto de que la responsable, _en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria, emita una nueva determinación, en la que observe los lineamientos contenidos en esta sentencia, y proceda a reindividualizar la sanción que corresponda a la televisora actora, teniendo en cuenta los cuatro lineamientos establecidos previamente y razonando por qué considera que la multa del reincidente se debe fijar en la intensidad precisada, preservando el principio de legalidad que impone el deber de fundar y motivar toda resolución.

La responsable deberá informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento de lo ordenado en esta ejecutoria, dentro de las veinticuatro horas siguientes al mismo.

Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se modifica, sólo para el efecto de la individualización de la sanción, la resolución CG99/2010 emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, al resolver el procedimiento especial sancionador SCG/PE/CG/027/2010, instruido en contra de Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV canal 10, XHDH-TV canal 11 (+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7 en el Estado de Yucatán, en términos del último considerando de esta ejecutoria.”

De lo antes transcrito, se advierte que la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en lo que interesa, lo siguiente:

       Que resulta fundado el agravio hecho valer por la apelante en el sentido de que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación al imponer una multa excesiva, señalando que el criterio empleado para cuantificar la misma fue el porcentaje que implicaron los incumplimientos frente a la totalidad de la pauta que debería ser aplicada en el periodo denunciado, respecto al monto máximo de cien mil días de salario, sin que se hubiera fundado y motivado tal criterio.

       Que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las determinaciones en materia electoral deben cumplir con los principios de legalidad y constitucionalidad, lo cual se traduce a que todos los actos deben cumplir con los requisitos formales de debida fundamentación y motivación.

       Que en el ejercicio del derecho administrativo sancionador que constituye un ius puniendi (facultad de imponer penas, propias de la autoridad jurisdiccional), la manifestación de cumplimiento del deber de motivación se hace patente cuando además de exponerse las razones y circunstancias que impulsan la determinación, la autoridad, en su calidad de garante de la legalidad, atiende que entre la acción u omisión demostrados y las consecuencias de derecho exista proporcionalidad.

       Que dicho órgano jurisdiccional ha establecido que para cumplir con dicho principio la autoridad administrativa electoral, para individualizar la sanción debe ponderar las circunstancias que rodean el quebrantamiento de la norma las cuales son:

a)  La gravedad de la falta o infracción;

b)  Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

c)   La comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados;

d)  La trascendencia de la norma violada;

e)  Las condiciones socioeconómicas del infractor;

f)     Las circunstancias externas y los medios de ejecución;

g)  La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; y

h)                La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

      Que conforme a las circunstancias antes referidas la potestad sancionadora se encuentra condicionada a ponderar determinadas condiciones objetivas y subjetivas relativas a la conducta y al infractor que le permitan individualizar la sanción a imponer bajo parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad, de tal manera que, dicha consecuencia jurídica no resulte desproporcionada ni gravosa, pero sí eficaz para lograr el objetivo que persigue la facultad punitiva, a saber: la ejemplaridad de la pena y disuadir a dicho responsable la intención de volver a cometer la infracción.

      Que la H. Sala Superior consideró que cuando se imponga el monto de la sanción cuando la conducta se trate de omisión en la transmisión de promocionales de autoridades electorales y de partidos políticos, esta autoridad además de los elementos indicados en el artículo 355, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

a)  El período total de la pauta de que se trate;

b)  El total de promocionales e impactos ordenados en la pauta;

c)   El período y número de promocionales e impactos que comprende la infracción respectiva; y

d)  La trascendencia del momento de la transmisión, horario y cobertura en que se haya cometido la infracción.

      Que las anteriores consideraciones constituyen parámetros que permiten individualizar razonablemente el monto de la sanción a imponer, a efecto de que dicha cantidad guarde relación con las condiciones en las que se cometió la infracción bajo parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad.

      Que como regla general puede adoptarse, que entre mayores sean el período de la infracción y el número de promocionales omitidos respecto de las pautas ordenadas para ese período, el monto de la sanción a imponer debe ser más alto que cuando el período de la infracción y el número de promocionales omitidos sean menores que aquél.

      Que cuando la sanción prevista en la ley contempla un mínimo y un máximo, la responsable debe argumentar la razón por la cual determinó la multa impuesta y en el caso el Consejo General únicamente se limitó a aludir al número de promocionales que no se transmitieron en cada canal en el período investigado, pero sin exponer mayor argumentación del por qué consideró que tales sanciones eran concordantes con el número de promocionales omitidos, lo cual era necesario, a fin de que Televisión Azteca S.A. de C.V. estuviera en condiciones de controvertir esas consideraciones.

      Que el código electoral federal prevé el mínimo de un día y un máximo de cien mil días, el cual se debe graduar o individualizar, dentro de esos márgenes, atendiendo a las circunstancias objetivas y subjetivas del caso concreto.

      Que el Consejo General no expresó las razones y fundamentos por las cuales consideró duplicar la sanción impuesta a Televisión Azteca S.A. de C.V. respecto de la reincidencia, en razón de que, el hecho de que existan diversos precedentes en los cuales se sancionó a la propia televisora por haber incumplido con lo dispuesto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no justifica por sí, y menos determina que la intensidad de la sanción por esa reincidencia, se deba duplicar necesariamente.

      Que el Consejo General omitió fundar y motivar la determinación de las sanciones impuestas en los montos de la reincidencia, ya que no razonó de qué forma dicha sanción guarda relación con el número de los promocionales omitidos por la televisora en cada uno de los canales de la cual es concesionaría, sobre todo cuando esos montos se acercan más al límite máximo que al mínimo de la sanción prevista en la ley electoral.

      Que el artículo 354, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que en caso de reincidencia se podrá sancionar a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, “hasta” con el doble de los montos señalados, según corresponda, lo cual no implica que cuando se actualice tal supuesto jurídico, automáticamente deba aumentarse al doble la sanción impuesta, sino que en caso de reincidencia se establece un nuevo tope para el órgano sancionador, por lo que no queda eximido de exponer los razonamientos jurídicos por los cuales se impone la sanción en determinada intensidad.

      Que el Consejo General debe exponer las razones por las cuales considera que las multas del reincidente deben graduarse con la intensidad que determine, es decir, para establecer su concreta graduación, el Instituto Federal Electoral debe atender los parámetros precisados, tomando en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que confluyen en la comisión del acto ilegal, sin que el simple hecho de la reincidencia justifique la aplicación automática del doble de la sanción.

      Que el Consejo General al establecer el importe de las multas impuestas a Televisión Azteca S.A. de C.V. dejó de exponer las razones concretas que la llevaron a imponer los montos de las sanciones, por lo que resulta inconcuso que dichas sanciones no se encuentran debidamente fundadas ni motivadas.

      Que el Consejo General debe emitir una nueva determinación en la que observe los lineamientos precisados por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación que mediante esta determinación se acata y proceda a reindividualizar la sanción que corresponda a Televisión Azteca S.A. de C.V., teniendo en cuenta los cuatro lineamientos establecidos previamente, y razonando por qué considera que la multa del reincidente debe fijarse en la intensidad que estime, preservando el principio de legalidad que impone el deber de fundar y motivar toda resolución.

De lo antes expuesto se advierte que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó la resolución CG99/2009, única y exclusivamente en lo que hace a reindividualizar la sanción que corresponda a Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV canal 10, XHDH-TV canal 11 (+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7 en el estado de Yucatán, teniendo en cuenta los cuatro lineamientos establecidos por dicha autoridad, razonando por qué considera que la multa del reincidente se debe fijar en la intensidad precisada, preservando el principio de legalidad que impone el deber de fundar y motivar toda resolución.

Es decir, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que esta autoridad debe exponer las razones por las cuales considera que las multas del reincidente se deben graduar con la intensidad apuntadas, es decir, para determinar su concreta graduación, el Instituto Federal Electoral deberá atender los parámetros precisados, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos que confluyen en la comisión del acto ilegal, sin que el simple hecho de la reincidencia justifique la aplicación automática de la sanción.

Una vez hechas las anteriores precisiones, y a efecto de cumplimentar lo mandatado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad procederá a emitir nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que reindividualizará la sanción que corresponda a Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV canal 10, XHDH-TV canal 11 (+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7 en el estado de Yucatán, teniendo en cuenta los cuatro lineamientos expresados por dicha autoridad, quedando firmes los demás considerandos de la resolución CG99/2010, del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto a la transgresión a lo dispuesto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que omitió transmitir los promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos conforme a la pauta aprobada por este Instituto durante el periodo de precampañas de la entidad federativa en cita, durante el periodo comprendido entre el once de enero al dos de febrero de dos mil diez, en los términos que a continuación se expresan:

En consecuencia, y toda vez que en el caso resultaron sustancialmente fundados los agravios hechos valer por Televisión Azteca S.A. de C.V. respecto a la individualización de la sanción, lo procedente es realizar la misma tomando en cuenta los argumentos expresados por el máximo órgano jurisdiccional en la materia.

SÉPTIMO. Que toda vez que en el presente asunto al momento de su votación ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral en la sesión extraordinaria de fecha diecinueve de mayo del presente año, se ordenó realizar el engrose en términos de lo previsto en el artículo 24 del Reglamento de Sesiones de dicho órgano máximo de dirección, se considera procedente transcribir la parte conducente de la versión estenográfica.

El C. Secretario: El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por hechos que se considera, constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en acatamiento a sentencias de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que se compone de nueve apartados.

El C. Presidente: Pregunto a los señoras y señores Consejeros y representantes, si alguno de ustedes desea reservar para su votación en lo particular, alguno de los expedientes que se incluyen en este punto del orden del día. Consejero Electoral Francisco Guerrero.

El C. Doctor Francisco Javier Guerrero: Quiero reservarlos todos.

El C. Presidente: En virtud de que han quedado reservados todos, vamos a proceder a su análisis en lo general y en lo particular.

Tengo la expresión de diversos miembros del Consejo General respecto de la pertinencia de realizar una primera intervención de análisis en lo general, de los nueve apartados de este punto del orden del día, que han sido reservados por el Consejero Electoral Francisco Guerrero.

Para llevar a cabo esa primera intervención general de reflexión, le voy a otorgar el uso de la palabra al Secretario del Consejo, quien hará una presentación breve de este conjunto de Proyectos de Resolución.

Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo.

El C. Secretario: Muchas gracias, Consejero Presidente. Señoras y señores Consejeros y representantes, efectivamente hare una presentación muy breve, simplemente para ubicar el conjunto de los Proyectos de Resolución que se presentan en este apartado del orden del día.

Los nueve tantos constituyen nueve acatamientos de igual número de sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sólo permítame, Consejero Presidente, explicar brevemente el sentido general que animó estos Proyectos.

En primer lugar, debo decir que el Tribunal Electoral nos ha ordenado razonar y fundamentar de una manera más precisa y exhaustiva las sanciones que esta autoridad impuso a TV Azteca.

Subrayo, la Sala Superior confirmó las resoluciones del Instituto Federal Electoral y la necesidad de la sanción, pero nos obliga a extender nuestra argumentación, razonando todos los elementos que pueden constituirla. Esto es precisamente lo que hacen los nueve acatamientos, individualizar con mucha mayor precisión, explorando todos los ingredientes de la ley para imponer las sanciones.

Gracias a la sentencia del Tribunal Electoral, esta autoridad estuvo en condiciones de analizar con mayor profundidad los elementos de la individualización y gracias a ella, la fórmula que tienen en sus manos se vuelve más comprensiva y más completa.

En segundo lugar, quiero subrayar un elemento vertebral que la Sala Superior nos obligó a desarrollar, que resulta inviable y a la larga poco útil, esperar la culminación de las etapas legales: Precampaña, intercampaña y campaña para poder valorar el monto de las sanciones.

Lo que queremos afirmar es que el Instituto Federal Electoral, debe actuar lo más rápido posible, porque entendemos que nuestro papel como autoridad administrativa es corregir la irregularidad y la ilegalidad y que por tanto la eventual afectación a los procesos electorales sea la menor posible.

Por eso es que el período de vista es crucial. Una vez que los diversos informes de verificación confirman una conducta omisa, una vez que el concesionario ha sido requerido para que explique su conducta y una vez que se ha valorado su situación técnica y jurídica, el Instituto Federal Electoral no puede hacer otra cosa más que actuar con toda la celeridad a su alcance y ofrecer así las garantías a todos los partidos y autoridades de que sus prerrogativas serán respetadas.

Este Consejo General no puede perder de vista el efecto disuasivo que estas multas han tenido para inhibir y detener las conductas infractoras. Precisamente porque el Instituto Federal Electoral actuó con oportunidad y porque este Consejo General decidió sancionar, fue que el curso de los 15 procesos electorales en radio y televisión ha ocurrido prácticamente con toda normalidad.

Con estos acatamientos, el Instituto Federal Electoral, cuenta ya con un marco de certeza y claridad para guiar su actuación futura. Muchas gracias.

El C. Presidente: Muchas gracias, Secretario del Consejo. Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Francisco Guerrero.

El C. Doctor Francisco Javier Guerrero: Muchas gracias, Consejero Presidente y, le aprecio que haya sabido interpretar el sentido de la reserva y que haya usted mismo puesto sobre la mesa tener una sola intervención, le agradezco mucho.

El día de hoy conocemos de los Proyectos de Acatamiento de las nueve sentencias del Tribunal Electoral, relacionadas con las impugnaciones de la concesionaria Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable. En estos asuntos es importante determinar si los Proyectos que se presentan cumplen debidamente con lo que estableció la Sala Superior para reivindicar los derechos del recurrente si se cumple parcialmente o si no se cumple lo anterior por estar la autoridad obligada al acatamiento y llevar por ello la carga de la responsabilidad.

Es oportuno recordar que el motivo de agravio que se consideró sustancialmente fundado, fue la falta de motivación y fundamentación en los criterios de individualización de la sanción.

Señaló el Tribunal Electoral que la garantía de seguridad jurídica prevista en los Artículos 14 y 16 constitucionales, comprende también la garantía de legalidad que exige que todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo la circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto.

Estableció también el Tribunal Electoral que el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado a través del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que deriva de la acreditación de una infracción, no es irrestricto o discrecional, sino que se encuentra condicionado a la ponderación de determinadas condiciones objetivas y subjetivas relativas a la conducta y al infractor que le permiten individualizar la sanción e imponer al trasgresor de la norma la consecuencia jurídica, bajo parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad.

En este sentido, permítame referir que dentro del expediente SUP-RAP-24/2010 que engloba prácticamente todas las resoluciones de los recursos de apelación: 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37 y 38 del presente año, se establecieron cuatro nuevos criterios que ordenó la Sala Superior a tomar en cuenta para valorar en la individualización de la sanción por omisión en la transmisión de los promocionales y autoridades electorales y partidos políticos en esta materia de radio y televisión.

Ellos son: El período total de la pauta, el total de los promocionales ordenados en la misma, el período y el número de promocionales que comprenden la infracción y la trascendencia del momento de la transmisión.

Estos criterios se consideran en los Proyectos del día de hoy, pero más, en mi opinión, para justificar el monto de la sanción impuesta anteriormente, que para llegar a una sanción individual que responda exactamente a la falta cometida.

La valoración de cada uno de estos criterios, debe ser equitativa y uniforme para cada emisora y concesionaria.

Estimo que en alguna de las sanciones propuestas el día de hoy; podría no ser así. Por ejemplo, en el Proyecto 5.1 se establece para el Canal 20 de Chihuahua, una multa de 8 millones 097 mil pesos por haber dejado de trasmitir en 20 días 1 mil 317 promocionales, que representan el 31 por ciento de la pauta ordenada para el período.

En el Proyecto de Resolución del orden del día 5.4 se establece para el Canal 5 del estado de Zacatecas una multa de 8 millones 20 mil pesos por dejar de transmitir en 11 días 737 promocionales, que representan el 16 por ciento de la pauta total ordenada para el período. Casi la misma multa con la mitad de promocionales no transmitidos en la mitad de los días y del porcentaje ordenado.

Consejero Presidente, Secretario del Consejo, voy a hacer llegar a la Secretaria el análisis de cada uno de los estados para que quede en el expediente y mi posición como ha sido en otras ocasiones quede establecida.

Especial énfasis se hizo en lo relacionado con la reincidencia en las resoluciones que hoy acatamos. Se dijo que no se expresaron las razones y fundamentos por los cuales se consideró duplicar la sanción en razón de que el hecho de que existan diversos precedentes en las cuales se sanciono a la misma televisora por haber incumplido con lo dispuesto en el artículo 350 párrafo 1 inciso c) del Código Electoral, no justifica por sí y menos determina que la intensidad de la sanción por reincidencia se deba duplicar, siendo que el fundamento jurídico establece que en casos de reincidencia se puede sancionar hasta con el doble de los montos señalados, según corresponda, pero no siempre o no todo el tiempo debe ser necesariamente el doble.

En este aspecto, considero que en los acatamientos no se expone el por qué se determina en todos los casos la misma graduación por reincidencia; es decir, el doble de la sanción, siendo contrario este criterio al principio de proporcionalidad.

Se argumenta en los acatamientos para fundar y motivar la reincidencia que resulta particularmente grave la posición tomada por la persona moral hoy denunciada, lo que puede ser un argumento válido para agravar la sanción pero que no colma según mi opinión la exigencia de la garantía de legalidad y de la orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral de fundar y motivar debidamente el grado de sanción e imponer por reincidencia por cada conducta específica.

El día 22 de abril, al día siguiente en que se resolvieron estos recursos, un servidor y otros Consejeros Electorales consideramos necesario que en virtud de estos nuevos criterios, este Consejo General llevara a cabo un debate para determinar la mejor manera de atender el aspecto de la individualización de la sanción ya que ésta ha sido una preocupación permanente para un servidor.

Señalé que la falta de fundamentación y motivación de la individualización de la sanción es un tema reiterado. En general y lo saben los miembros de la mesa he votado, por ello, en contra de las sanciones propuestas en esta materia.

Reitero que parte de la importancia de estas valoraciones radica en la certeza que le demos a los sujetos obligados para poder, en su caso, establecer su defensa.

El Instituto Federal Electoral, dentro de su característica de autoridad sancionadora, debe también de respetar los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Como en otras ocasiones, estoy de acuerdo en el acatamiento en lo que se refiere al sentido, pero no acompaño el monto de las sanciones propuestas por considerar que no se realiza debidamente su individualización.

De esta manera, mantengo consistente mi criterio, lo expongo con respeto a mis compañeros de la mesa y escucharé los puntos de vista de mis colegas más adelante. Muchas gracias.

El C. Presidente: Al contrario, gracias a usted, Consejero Electoral. Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Alfredo Figueroa.

El C. Maestro Alfredo Figueroa: Gracias, Consejero Presidente. El día de hoy estamos ante un acatamiento dispuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Las resoluciones dictadas en los recursos de apelación, promovidos por Televisión Azteca, que hoy se acatan, confirman el fondo de la infracción atribuida a esta concesionaria. Creo que este es el elemento más relevante a destacar el día de hoy.

No obstante, se ordena revocar las resoluciones dictadas por el Consejo General pero solo para efectos de la adecuada fundamentación y motivación de la individualización de las sanciones.

¿Qué agravios promovió Televisión Azteca frente a la Sala Superior? Intencionalidad de la conducta. Respuesta de la Sala Superior: infundado.

La singularidad o pluralidad de faltas detectadas con carácter contradictorio.

La respuesta de la Sala Superior es: “Ese agravio es infundado”.

La responsable consideró indebidamente que la falta se dio durante el desarrollo de un Proceso Electoral Local en perjuicio del principio constitucional de equidad. Ello fue infundado.

Del mismo modo, se planteó que las pautas eran incompatibles con la forma de operar de Televisión Azteca. Eso fue dictado como infundado.

Que la infracción aconteció durante el periodo de precampañas, cosa que fue acreditado en tiempo en función de lo que esta autoridad resolvió.

Que los promocionales eran casi en su totalidad de autoridad electoral, frente a lo que la Sala Superior respondió: “esto no tiene importancia y además hay que salvaguardar el tiempo”. Esto es muy relevante, el tiempo de la autoridad electoral.

Por ello, podrían precisarse algunos elementos adicionales, hay que decir que lo que estamos resolviendo no es en torno al fondo de lo resuelto por esta autoridad y el que autoridades como el Tribunal Electoral y el Instituto Federal Electoral, lleguemos a las mismas conclusiones, dan seguridad y certeza jurídica respecto del modelo que nos hemos dado en México en torno a radio y televisión.

Creo que esta es una razón muy importante que hay que relevar en términos de lo que hoy se acata.

Efectivamente, existen elementos en donde la Sala Superior del Tribunal Electoral, nos convoca a una debida motivación y fundamentación, considerando distintos aspectos: el periodo de la pauta de que se trate, el total de los promocionales impactados y ordenados en la pauta, el periodo y número de promocionales de impacto que comprende la infracción respectiva y la transcendencia del momento de transmisión, horario y cobertura que se haya cometido en la infracción.

Se releva y se pone de manifiesto un elemento muy importante en este acatamiento: la importancia de entender la pauta desde su concepción constitucional en relación al día concretamente, asunto que está plenamente establecido en nuestras leyes y en el propio modelo.

En este sentido, se funda y motiva de forma mucho más detallada la individualización de las sanciones y, en este sentido, me parece en buena medida se colma lo que la Sala Superior del Tribual Electoral nos ha solicitado.

Sin embargo, advierto que en su conjunto los Proyectos de Resolución tienen argumentos y motivaciones por las que se arriba a la conclusión de imponer del monto de la multa propuesto y que para ello se toma como base lo resuelto claramente por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Pienso que es necesario hacer aclaraciones en relación al contenido de cada uno de los rubros analizados para calificar la falta e individualizar la sanción.

Para ello, solicito en esta parte un engrose correspondiente. Quiero precisarlo: en los rubros en donde se califica la sanción tenemos que incorporar, en mi opinión, un engrose para mejorar motivar lo que ahí se precisa.

Es necesario reforzar los argumentos expuestos con la finalidad de que cada uno de los elementos que se consideran en los Proyectos de Resolución se incluya de forma específica en los rubros analizados a lo que corresponda y de ser el caso se fortalezca.

Asimismo, para precisar un poco más detalladamente la forma en que los parámetros analizados se valoraron para arribar a la sanción que se impone.

Pienso que es muy importante, de modo general, en todos los Proyectos de Resolución, verificar que se incluyan todos y cada uno de las autoridades involucradas en el Proyecto de Resolución de mérito.

Pienso que es fundamental unificar la argumentación respecto de la distribución de tiempos y la afectación a partidos políticos y autoridades.

En este sentido, si bien se establecen los elementos y los propósitos para que el tiempo del Estado mexicano se emplea respecto de las autoridades, me parece que hace falta una motivación mayor para explicar que el modelo electoral mexicano es un modelo de participación ciudadana; que es fundamental el tiempo que tienen las autoridades, para la conformación de mesas directivas de casilla.

Que es fundamental el tiempo que tienen las autoridades para actualizar debidamente su Credencial para Votar. Que el Sistema Mexicano es geo-referencial; que la voluntad tiene que ver con estos elementos y, por ello, fortalecer claramente un elemento que debe estar presente. Es por este modelo que es posible que se lleve a efecto y a cabo cada uno de los elementos que ha precisado este Proyecto de Resolución.

De este modo, creo que podríamos fortalecer, en su conjunto, los Proyectos de Resolución que tenemos y acatar de mejor manera lo que la Sala Superior ha dispuesto. Se trata de una propuesta que intenta contribuir, porque lo que no he dicho, pero diré ahora con toda claridad, es que habré de acompañar los Proyectos de Resolución en términos de las sanciones que se proponen y de las razones que están ahí expresadas, con las argumentaciones adicionales que he puesto en consideración, ello para todos los Proyectos que habrán de revisarse.

Por ello, cuando se establezca la votación en lo particular, de cada uno de ellos, le solicitaré, Consejero Presidente, que si no hubiera inconveniente, los pusiera a consideración del Consejo General. Es cuanto.

El C. Presidente: Claro que sí, Consejero Electoral. Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Virgilio Andrade.

El C. Maestro Virgilio Andrade: Gracias, Consejero Presidente. En primer lugar, como expresó el Consejero Electoral Alfredo Figueroa. El Tribunal Electoral ha confirmado una regla muy relevante, en relación con radio y televisión.

Todas las estaciones y canales que sean señaladas en el catálogo como obligadas a transmitir la pauta, tienen que transmitirla sin variación alguna, de manera muy excepcional, y diría que es prácticamente imposible, podría haber una pauta ajustada pero, en términos generales, la regla es que tienen que transmitir la pauta que les programe el Instituto Federal Electoral. Eso fue lo que confirmó el Tribunal Electoral, efectivamente.

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también nos solicitó argumentar, de manera más prolífica, la causa de la sanción y entrar a detallar algunos criterios de individualización de las mismas.

Esa es la razón que nos tiene hoy aquí. Ya habíamos mencionado, respecto de Proyectos de Resolución pasados, en relación con este tema, que se habían presentado en la mesa avances en la profundidad de los argumentos para individualizar sanciones. Hoy es el mismo caso.

En lo particular, acompaño obviamente el sentido de todos los Proyectos de Resolución; sin embargo, de manera específica, tengo diferencias respecto de algunos criterios utilizados para individualizar las sanciones.

Además de la forma de considerar la reincidencia, y en ese tema me voy a sumar al argumento del Consejero Electoral Francisco Guerrero, además de eso, a mi juicio, las leyes en materia electoral sí hacen una distinción y sí hacen una ponderación de los bienes jurídicos tutelados, respecto de lo que se transmite en la pauta de radio y televisión, por parte del Instituto Federal Electoral.

El Instituto Federal Electoral programa la pauta con promocionales de partidos políticos y de autoridades electorales. Evidentemente el fin de programar a los partidos políticos es la difusión de la campaña bajo el principio de equidad, y el de las autoridades electorales es preservar el interés público, sobre todo de la difusión del derecho al voto, y de otro tipo de valores que en materia democrática mexicana, tienen que promover los Institutos, educación cívica, y la información sobre el Registro Federal de Electores, entre otros temas.

Es cierto que desde un punto de vista reflexivo, pareciera tener incluso mayor valor lo que hace una autoridad electoral que el principio de equidad de los partidos. Sin embargo, a mi juicio la construcción legal nos dice otra cosa.

De acuerdo con el artículo 72, párrafo 1 inciso d) del Código, se establece que los tiempos de que dispone el Instituto durante las campañas electorales en las horas de mayor audiencia en radio y televisión, serán destinados preferentemente a transmitir los mensajes de los partidos políticos.

Si el Código Electoral establece una preferencia, implica a mi juicio, que el principio de equidad prevalece sobre otros principios que de manera muy legítima defiende la autoridad electoral, pero que de acuerdo con el sistema mexicano pudiesen tener, sí valor, pero más lo tiene el de la equidad.

En los casos de Televisión Azteca encontramos que alrededor del 90 por ciento o más del número de promocionales que se dejaron de transmitir, son de autoridad electoral. En términos generales se transmitieron los de los partidos políticos.

Como ya se ha dicho, eso no fue justificación para dejar de observar la falta; desde luego que hubo falta porque se dejó de transmitir, el tiempo de las autoridades electorales, pero desde mi punto de vista, en la individualización de las sanciones se debió considerar este aspecto y por lo tanto, se debió tomar en cuenta para la individualización de la sanción.

Esa es la razón por la cual, aunque acompaño el sentido de los Proyectos y me sumo en lo general desde luego, en lo particular me voy a separar en lo que se refiere a la parte de las sanciones, por esta situación y por esta característica porque a mi juicio, los Proyectos debieron ponderarlo con mayor profundidad. Es mi punto de vista y mi posición. Gracias.

El C. Presidente: Muchas gracias. El Consejero Electoral Alfredo Figueroa desea hacerle una pregunta ¿la acepta usted?

El C. Maestro Virgilio Andrade: Sí, por supuesto.

El C. Presidente: Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Alfredo Figueroa.

El C. Maestro Alfredo Figueroa: Gracias. Consejero Electoral Virgilio Andrade por aceptarla.

Consejero Electoral Virgilio Andrade, usted hace una interpretación e incluso citas efectivamente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer la importancia o la orientación que usted le da al tema de la equidad.

La equidad es un bien protegido e indiscutible en términos de su relevancia en los procesos electorales, y mucho más a partir de la Reforma de 2007.  creo que sobre el tema de la importancia de la equidad no hay debate.

Sin embargo, creo que hace una interpretación que pudiera tener otra característica. Cuando los partidos tienen un tiempo preferente es porque son partidos, partes en un sistema de competencia. Es decir, necesitan tener tiempos preferentes, porque las audiencias reconocen esas partes como distintas y en conflicto o en competencia; no en conflicto, en competencia como adversarios.

El tiempo de la autoridad es un tiempo, déjeme decirlo así, menos plural, porque el propósito de la autoridad es el mismo. Tengo la impresión de que el legislador pensó en esa pluralidad y en esa preferencia en torno a la pluralidad, no en torno a un establecimiento de diferencia respecto de su importancia, sino de lo que representa esa opción frente a los espectadores, frente a las audiencias, frente a los votantes.

Mientras el tiempo de la autoridad es único, es único con un propósito llevar a cabo el Proceso Electoral Federal, poderlo conseguir, todos abonamos en esa búsqueda, tanto autoridades locales, como autoridades federales, como los propios tribunales, como en su momento la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, aún siendo distintas tienen un propósito común.

Esta, es mi impresión, es la interpretación que podría o que disentimos, ¿coincidirías con que es posible esta otra interpretación frente a la que usted, por las razones que ya expusiste, nos has puesto de manifiesto?

El C. Presidente: Gracias. Para responder, tiene el uso de la palabra, el Consejero Electoral, Virgilio Andrade.

El C. Maestro Virgilio Andrade: Es factible la interpretación que está poniendo en la mesa y a la que invitan los Proyectos de Resolución.

Sin embargo, aún con la interpretación de que los valores a tutelar tienen equivalencia y no hay preferencia por la equidad respecto de otros valores como la información, el interés público y la promoción de derechos, aún cuando todos estuviesen en un mismo plano.

Para efectos de individualización de la sanción, a mi juicio sí era necesario ponderar, en el análisis integral, qué tanto se altera el principio de equidad o no respecto de los promocionales omitidos. A mi juicio esa valoración es insuficiente en los Proyectos.

Entonces, aún con la argumentación ofrecida, que es una argumentación factible y en diferencias en los criterios de interpretación, aún con eso, a mi juicio, faltó alguna profundidad en la ponderación respecto de la alteración del principio de equidad y, por lo tanto, el razonamiento de si eso ameritaba ser un atenuante o no. A mi juicio, sí, pero también es factible decir que no, que la falta es exactamente, tiene los mismos efectos indeseables y, por lo tanto, no constituye ni siquiera, como parece que los Proyectos de Resolución lo reflejan, una situación que valiera la pena analizar con mayor profundidad. Lo entiendo pero no lo comparto.

El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Gómez.

El C. Licenciado Marco Antonio Gómez: Gracias, Consejero Presidente. En los mismos términos ya planteados por el Consejero Electoral Francisco Guerrero y el Consejero Electoral Virgilio Andrade, le pediría nada más una votación diferenciada. Gracias, en lo general y evidentemente en lo particular.

El C. Presidente: Claro que sí. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Arturo Sánchez.

El C. Maestro Arturo Sánchez: Muchas gracias, Consejero Presidente. En primer lugar, para apoyar las propuestas de engrose del Consejero Electoral Alfredo Figueroa en términos de fortalecer la argumentación sobre la importancia de los espacios de los promocionales para las autoridades en todas sus actividades.

En segundo lugar, asumo que esta propuesta que hace el Consejero Electoral Alfredo Figueroa, será idéntica para todos los Proyectos de Resolución. En ese sentido, cuando los votemos estaremos, si así lo considera el Consejo General, incorporando los mismos comentarios a todos los Proyectos de Resolución.

Ahora, a mí me llamó la atención la argumentación del Consejero Electoral Virgilio Andrade y quiero hacer algunas consideraciones.

Cuando se establecen las pautas para los procesos electorales, desde luego que tienen preferencia los partidos políticos, justamente con base en el artículo que citó el Consejero Electoral Virgilio Andrade, por eso el Comité de Radio y Televisión es el primero en aprobar las pautas para los partidos políticos y, después, la Junta General Ejecutiva en los espacios restantes coloca los spots correspondientes a las autoridades electorales.

¿Qué quiere decir esto? En términos de preferencia hay una preferencia automática. Los mejores horarios están concedidos a los partidos políticos y creo que eso es sano porque en un Proceso Electoral Federal el ciudadano tiene, en primer lugar, que estar enterado de las ofertas políticas de los diversos candidatos para decidir su voto.

En ese sentido, creo que está salvada esa preocupación.

Ahora bien, justamente porque los tiempos de los partidos políticos son preferentes, adquiere más relevancia que se cumpla el horario y los tiempos de las autoridades electorales porque tenderían a caer naturalmente no es un problema todavía en espacios de menor rating.

Por eso su omisión resulta todavía más importante para salvaguardar las actividades de las autoridades electorales y en ese sentido, creo que los Proyectos de Acuerdo justamente se orientan a rescatar el valor que tienen, aún en horarios no del todo preferentes los spots de las autoridades electorales.

En tercer lugar, me gustaría hacer una reflexión a la inversa de la que hace el Consejero Electoral Virgilio Andrade. Fíjense ustedes:

¿Cuándo es realmente cuando la equidad se vería afectada y ese es un poco el punto importante si una estación de radio o un canal de televisión le diera más spots de los que le corresponde a un partido político, o le quitara, o las omisiones fueran solamente a un partido político, o hubiera un desequilibrio en la pauta; que las omisiones no fueran como son, aleatorias, sino que se concentraran en un partido político?

Ahí habría una afectación directa de la equidad y lo que nos muestran los cuadros que en cada uno de los Proyectos de Acuerdo están presentados es que justamente se omiten en el caso de los partidos políticos, que son los menos, como dijo el Consejero Electoral Virgilio Andrade de la manera aleatoria, los que cabían en ese período de tiempo, sin que hubiera una intencionalidad específica en afectar la equidad.

Entonces, quiere decir que las sanciones que se han impuesto se concentra en lo que el Proyecto originalmente decía: La omisión de spots relacionados con autoridades electorales en su mayoría y en consecuencia, eso es lo que estamos sancionando.

Me animaría a preguntar: Si hubiera además una falta de equidad, ¿quizá la sanción que hubiéramos puesto originalmente que no lo fue tendría que haber sido mucho mayor?

Es la que es justamente porque originalmente se ponderaron ciertas variables y con la sentencia del Tribunal Electoral, se hizo el ajuste pormenorizado, que justo nos permite llegar a estas conclusiones.

En consecuencia, con estos elementos quiero nada más mencionar mi acuerdo con los Proyectos de Resolución que se presentan en la mesa y, en consecuencia, los apoyaré en sus términos. Muchas gracias, Consejero Presidente.

El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.

El C. Doctor Benito Nacif: Gracias. Consejero Presidente. Creo que la Resolución del Tribunal Electoral establece claros precedentes que confirman la forma en que se venían resolviendo quejas relacionadas con el incumplimiento de obligaciones de transmitir, de acuerdo con las pautas del Instituto Federal Electoral.

Ahora, la discusión se centra nada más en la individualización de la sanción. Es decir, los criterios que se siguen en la Resolución del caso que impactan en el monto de la sanción.

Más específicamente, creo que la pregunta que pone el Consejero Electoral Virgilio Andrade sobre la mesa es si el hecho de que la omisión se concentró en tiempos destinados o pautas específicas destinadas a las autoridades electorales, eso debe impactar en una reducción del monto de la sanción o no.

Creo que el Consejero Electoral Arturo Sánchez puso sobre la mesa una posición con la que estoy de acuerdo. Efectivamente, si en un caso se demuestra la intención y el efecto de incidir en la contienda de alguna manera, omitiendo, eso debe ser considerado como una agravante.

Pero esto no nos debe llevar a decir o a la conclusión de que no transmitir un spot de autoridades electorales es menos grave que no transmitir un spot de un partido político.

Me parece que el artículo 72 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece que serán destinados los tiempos preferentemente, se refiere específicamente al período de las campañas, esto ocurrió durante precampañas.

Creo que la función de los promocionales de las autoridades electorales en lo que concierne a preparar el terreno para la elección, a informar a los ciudadanos acerca de la fecha de la elección, acerca de los elementos necesarios para contribuir a la organizaciones de las elecciones, la capacitación, etcétera; no son menos importantes, sino que también la función que realizan los partidos políticos de dar a conocer sus plataformas y propuestas específicas durante las campañas.

Por esa razón, creo que la forma en que la Secretaría Ejecutiva nos propone acatar la sentencia del Tribunal Electoral, establece este criterio y con el cual estoy de acuerdo, y por esa razón expreso mi apoyo y votaré a favor del Proyecto de acatamiento que nos presenta ahora la Secretaría Ejecutiva. Muchas gracias.

El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, María Macarita Elizondo.

La C. Doctora María Macarita Elizondo: Muy amable, Consejero Presidente. Efectivamente, estamos nosotros frente a acatamientos que nos ordena la Sala Superior y nos da cuatro parámetros que considera la Sala Superior como parámetros objetivos que permiten individualizar razonablemente el monto de la sanción a imponer, así lo dice la Sala Superior: “para que guarde correspondencia lo más próximo posible a las condiciones en que se cometió la infracción”.

Esos cuatro parámetros ya fueron señalados en forma expresa por el Consejero Electoral Francisco Guerrero, igualmente por el Consejero Electoral Alfredo Figueroa.

La Sala Superior refiere que nosotros debemos exponer las razones por las cuales consideramos que las multas del reincidente deben guardarse con la intensidad apuntada, es decir, para determinar su concreta graduación, nosotros debemos atender los parámetros vinculados con la proporcionalidad a las que nos está mandatando la Sala Superior.

De los Proyectos de Resolución que se nos presentan a nuestra consideración, se dice que vamos a tomar como referencia para determinar el monto de la sanción el porcentaje que representa los incumplimientos tanto en relación con la totalidad de la pauta correspondiente a la etapa de Proceso Electoral en que se encuentran, como en relación con el período denunciado en la vista dada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto Federal Electoral.

Es decir, refiere inclusive hasta en forma separada esas dos tablas o esos dos cuadros; sin embargo, en el apartado concreto, donde se determina la sanción a imponer, se inserta únicamente una tabla, uno de estos cuadros, en la que se evidencia el porcentaje que representa el incumplimiento de cada una de las emisoras denunciadas, durante el período que comprendió dicha vista, realizada por aquél también Secretario del Consejo Técnico del Comité de Radio y Televisión de este Instituto.

En este sentido, y compartiendo igualmente lo referenciado por el Consejero Electoral Alfredo Figueroa, quiero proponer el engrose respectivo, a efecto de que en todos estos Proyectos, en el apartado relativo a la sanción a imponer, se inserte también la segunda de las tablas con el porcentaje que representan los incumplimientos, en relación con el total de la pauta elaborada, para el período de las precampañas, que es el común denominador en todos estos casos, como sí se hace en los apartados donde se estudian las condiciones socioeconómicas del infractor, y donde se refiere a la intencionalidad.

Obviamente, esto que lo estoy señalando es en aras de una congruencia interna de todos estos Proyectos y la precisión necesaria en todos estos casos que constituyen ya y están incluidos en este punto 5 del orden del día. Es todo. Gracias.

El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.

El C. Maestro Marco Antonio Baños: Muchas gracias, Consejero Presidente. Muy breve, para expresar que mi voto será en el sentido de los Proyectos, en los términos que han sido presentados por el Secretario Ejecutivo, pero me voy a permitir entregarle por escrito algunas reflexiones que hemos formulado, para avanzar en este tema tan delicado de la individualización de las sanciones.

Creo que hay un ejercicio en el cual se inicia la aplicación de los criterios, pero hay algunos otros aspectos que valdría la pena revisar, así que le entregaré por escrito mis reflexiones en esta materia al Secretario Ejecutivo.

Me voy a referir de una manera, por supuesto, respetuosa a un comentario que hizo mi colega, el Consejero Electoral Alfredo Figueroa, respecto de cómo están regulados los tiempos en la ley.

No es el hecho de que los partidos signifiquen en sí mismos una pluralidad y, por tanto, tengan derecho a la preferencia que la ley fijó, porque eso sería tanto como decir que tiene un peso o un aspecto secundario lo que tiene que ver con las autoridades electorales.

Creo que esa parte, al menos desde mi perspectiva, es distinta y, por tanto, hago simplemente mi reflexión en el sentido de que no coincido con ese comentario. Muchas gracias.

El C. Presidente: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Alfredo Figueroa.

El C. Maestro Alfredo Figueroa: Sí, en realidad hice una intervención ofreciéndole una interpretación secundaria al Consejero Electoral Virgilio Andrade, que ahora simplemente preciso que tiene mucha importancia.

Efectivamente, lo que he establecido es no le doy mayor importancia y si esto se interpretó, por parte de mi colega, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, o de algún otro Consejero Electoral, no es de este modo; es decir, no considero más importante un tiempo que el otro.

Lo que señalo es que, en un caso, se trata de una diversidad de mensajes asociados a la contienda y, en ese sentido y medida, a la equidad, como lo ha expresado el Consejero Electoral Virgilio Andrade.

En el otro caso, se trata de un mensaje único. El propósito es que el Estado, la autoridad establezca los mecanismos para poder llevar a cabo la elección. Son propósitos ciertamente distintos los de la autoridad, respecto del de los partidos y, en este sentido, advertía la diferencia que interpreto legislativa, no en función de considerar más importante un tiempo que otro; al contrario, considero que ambos tiempos son importantes, centrales y esenciales, por la integralidad de los procesos electorales; la integralidad por cierto es un bien fundamental, y que el estado mexicano ha reconocido en distintos pactos internacionales respecto, por ejemplo, de los derechos, tanto de entidades de interés público, como en relación a los ejercicios de la voluntad de los ciudadanos y de su participación en la vida pública.

En este sentido es que hoy preciso, o ahora preciso este elemento, y no quiero dejar lugar a dudas. No considero que el tiempo que tienen los partidos tenga una importancia mayor que el que tiene la autoridad electoral, son tiempos cuya funcionalidad tiene que ver con lograr llevar a buen puerto un Proceso Electoral Federal en donde participamos todos y todas, incluidos los partidos políticos.

El C. Presidente: Muchas gracias. Al no haber más intervenciones, pregunto a los miembros del Consejo General si desean participar en tercera ronda.

No siendo así, les propongo que procedamos al análisis y en su caso a la votación en lo particular, de los nueve Proyectos que han sido reservados por el Consejero Electoral Francisco Guerrero.

Entiendo que en esta ronda de discusión en lo general fueron fijadas las posiciones de la señora y los señores Consejeros Electorales, motivo por el cual tengo la impresión de que podemos proceder ya, sin mayor discusión, a la votación de cada uno de los Proyectos de Resolución, salvo que algún miembro del Consejo General quiera intervenir en lo particular sobre alguno de ellos.

De tal suerte que vamos a empezar con el Proyecto de Resolución identificado con el apartado 5.1. ¿Alguna intervención?

No siendo así, entonces vamos a proceder a la votación en lo general, incluyendo los dos engroses que han propuesto el Consejero Electoral Alfredo Figueroa y la Consejera Electoral María Macarita Elizondo.

Después votaremos en lo particular la individualización de la sanción, tomando en cuenta las expresiones de los Consejeros Electorales Francisco Guerrero, Marco Antonio Gómez y Virgilio Andrade. Proceda, Secretario del Consejo.

[…]

El C. Secretario: Señora y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral identificado en el orden del día como el punto 5.8 y con el expediente SCG/PE/CG/027/2010, en cumplimiento a lo ordenado por la Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-34/2010.

Los que estén por la afirmativa, y tomar en consideración los engroses propuestos por la Consejera Electoral María Macarita Elizondo y el Consejero Electoral Alfredo Figueroa, en los términos por ellos expuestos.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Aprobado por unanimidad.

Señora y señores Consejeros Electorales se consulta si se aprueba en lo particular lo referente a la individualización de la sanción en el Proyecto a su consideración tal y como fue formulado en el Proyecto que se circuló con la convocatoria a esta sesión.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, 6 votos.

Por la negativa, 3 votos.

Aprobado por 6 votos a favor y 3 votos en contra.

Tal y como lo establece el artículo 24 párrafo uno del Reglamento de Sesiones de este Órgano Colegiado, procederé a realizar los engroses de conformidad con los argumentos expresados.

El C. Presidente: Secretario del Consejo, notifique la Resolución aprobada a la Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos conducentes.

[…]”

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

OCTAVO. Que toda vez que la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-34/2010 determinó que esta autoridad debía individualizar e imponer la sanción que corresponda a la empresa Televisión Azteca, S.A. de C.V. concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, en el presente considerando se hace lo procedente.

Previo a iniciar con la individualización de la sanción, es necesario precisar que por razón de método y a efecto de evitar repeticiones innecesarias, se efectuará  la misma de forma conjunta, es decir en un solo argumento para todas las emisoras denunciadas (XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán), tomando en consideración que la multa que se aplique al concesionario denunciado, se calculará de manera individual, es decir por cada emisora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así, ha quedado demostrada la infracción a la normatividad electoral por parte de Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, por lo tanto se procede a imponer la sanción correspondiente.

El artículo 354, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece las sanciones aplicables a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión.

En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las Tesis de Jurisprudencia identificadas con los rubros: “ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL” y “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”, con números S3ELJ 09/2003 y S3ELJ 24/2003, respectivamente, señala que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer a un partido político nacional por la comisión de alguna irregularidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para fijar la sanción correspondiente, debe tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta; en el caso que nos ocupa, aun cuando no se trata de un instituto político el que cometió la infracción sino una persona moral cuya principal actividad es brindar servicio de televisión y de audio, las circunstancias que han de considerarse para individualizar la sanción deben ser las mismas que en aquellos casos, es decir, deben estimarse los factores objetivos y subjetivos que hayan concurrido en la acción u omisión que produjeron la infracción electoral.

I.- Así, para calificar debidamente la falta, la autoridad debe valorar:

El tipo de infracción

En primer término, la norma transgredida por Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, es la dispuesta en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con base en lo anteriormente expuesto, puede establecerse la finalidad o valor protegido en las normas violentadas, así como la trascendencia de la infracción cometida.

La finalidad perseguida por el legislador al establecer como infracción de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, el no difundir los mensajes y programas de la autoridad electoral, así como de los partidos políticos nacionales, es, primero, determinar con claridad la obligación de dichas personas morales de otorgar el tiempo del Estado al que hace referencia el artículo 41 constitucional y, de ese modo, garantizar que tanto las autoridades electorales como los institutos políticos puedan ejercer una prerrogativa legal, la cual les permitiría cumplir con sus fines constitucionales y legales.

En ese orden de ideas, a continuación se aluden las finalidades de las autoridades electorales que en el caso nos ocupa, así como las de los partidos políticos.

Autoridades electorales

Instituto Federal Electoral

      Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

      Preservar el fortalecimiento de régimen de partidos políticos;

      Integrar el Registro Federal de Electores;

      Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;

      Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a cualquier nivel de gobierno;

      Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y cultura democrática;

      Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales [

      Determinar la organización y funcionamiento de la Fiscalía y coordinar el desarrollo y cumplimiento de las funciones de las unidades que la integren, vigilando que se observen los ordenamientos legales y demás disposiciones aplicables.

      Investigar delitos electorales

      Establecer mecanismos de coordinación y de interrelación con otras áreas de la Procuraduría, para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden;

      Emitir o suscribir los instrumentos jurídicos a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica;

      Fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, atendiendo a las normas y políticas institucionales;

      Informar al Procurador sobre los asuntos encomendados a la Fiscalía;

      Informar mensualmente al Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las averiguaciones previas iniciadas, de las consignaciones efectuadas, de los procesos y de los amparos, en su caso;

Tribunal Electoral del estado de Yucatán

      Conocer, sustanciar y resolver:

a)  Los medios de impugnación incluyendo el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se presenten durante el proceso electoral y en la etapa de preparación de la elección ordinaria en contra de los actos y resoluciones de las autoridades, organismos electorales y asociaciones políticas;

b)  Los medios de impugnación que se presenten de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Constitución Política del Estado;

c)   Los medios de impugnación que se presenten en procesos extraordinarios, en los términos de esta Ley y la convocatoria respectiva;

d)  Los recursos de apelación que se interpongan durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales ordinarios por actos o resoluciones de los organismos electorales;

e)  Las impugnaciones relativas a los procedimientos de participación ciudadana, y

f)     La imposición de sanciones de acuerdo a lo previsto en este ordenamiento.

      Garantizará que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad y exhaustividad.

      Además para contribuir con el desarrollo de la cultura democrática, sus integrantes realizarán funciones de capacitación, profesionalización, investigación en materia electoral y difusión de la cultura democrática.

Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana de Yucatán

      Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

      Promover, fomentar, preservar y fortalecer el régimen de partidos políticos en el Estado;

      Asegurar a los ciudadanos el goce y ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus deberes de esta naturaleza;

      Coadyuvar con los poderes públicos estatales, para garantizar a los ciudadanos el acceso a los mecanismos de participación directa, en el proceso de toma de decisiones políticas;

      Fomentar, difundir y fortalecer la cultura cívica y político-electoral, sustentada en el estado de derecho democrático;

      Garantizar la celebración periódica y pacífica de elecciones, para renovar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, y a los Ayuntamientos;

      Velar por el secreto, libertad, universalidad, autenticidad, igualdad y eficacia del sufragio, y

      Promover que los ciudadanos participen en las elecciones y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.

Partidos Políticos

      Promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática.

      Contribuir a la integración de la representación nacional.

      Hacer posible el acceso al ejercicio del poder público.

      Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado Democrático, respectando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

      Difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y canales de televisión la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate.

En esa tesitura, la hipótesis prevista en el citado artículo 350, párrafo 1, inciso c), del ordenamiento legal referido, tiende a preservar el derecho tanto de las autoridades electorales como de los partidos políticos de acceder a los medios electrónicos, con el propósito de cumplir con los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, aunado a que ello les permite establecer un canal de comunicación con la ciudadanía, a efecto de que quienes conforman el electorado tengan una opinión más crítica, reflexiva y participativa en los asuntos políticos, además de contar con toda la información que les permita ejercer adecuadamente sus derechos político-electorales.

Lo anterior, tomando en consideración que en México se tiene un sistema electoral basado en la participación ciudadana

En este sentido, es de resaltarse que la infracción regulada en el dispositivo legal antes precisado afecta sustancialmente la prerrogativa de las autoridades electorales y de los partidos políticos de acceder a tiempos en radio y televisión, ya que éstos de conformidad con lo previsto en los numerales 49 y 54 del ordenamiento legal en cita, únicamente tienen acceso a los medios masivos de comunicación, mediante el tiempo que les asigna el Instituto Federal Electoral; por tanto, a diferencia de otras autoridades del país, la mencionada prerrogativa, queda a merced del cumplimiento que realicen los concesionarios y/o permisionarios de radio y/o televisión.

Por ende, no es de soslayarse la infracción al dispositivo legal mencionado, dada la afectación que produce a la esfera jurídica de las autoridades electorales.

En el presente asunto quedó acreditado que Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, contravino lo dispuesto en la norma legal en comento, al haber omitido transmitir, sin causa justificada, cinco mil ochocientos treinta [5830] promocionales de 30 segundos de duración, 5,780 (cinco mil setecientos ochenta) de las autoridades electorales y 50 (cincuenta) de los partidos políticos contenidos en la pauta de transmisión de los tiempos del Estado durante el proceso electoral local que se llevó a cabo en el estado de Yucatán particularmente en el desarrollo del periodo de precampañas, en lo que atañe a la presente resolución del once de enero al dos de febrero de dos mil diez en todas las emisoras.

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

Al respecto, cabe señalar que no obstante haberse acreditado la violación a lo dispuesto en distintos preceptos constitucionales y legales por parte de Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, por la omisión de transmitir cinco mil ochocientos treinta [5830] promocionales de 30 segundos de duración, 5,780 (cinco mil setecientos ochenta) de las autoridades electorales y 50 (cincuenta) de los partidos políticos de conformidad con la pauta aprobada por este Instituto para ser difundida durante el periodo de precampañas de la entidad antes referida, ello no implica que estemos en presencia de una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, ya que en dichas normas el legislador pretendió tutelar, en esencia, el mismo valor o bien jurídico (el cual se define en el siguiente apartado).

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

La disposición referida en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del código electoral federal, tiende a preservar el derecho tanto de las autoridades electorales como de los partidos políticos de acceder a los medios masivos de comunicación, con el propósito de darse a conocer entre la sociedad y cumplir con los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, aunado a que ello les permite establecer un canal de comunicación con la ciudadanía, a efecto de que quienes conforman el electorado tengan una opinión más crítica, reflexiva y participativa en los asuntos políticos; además de contar con la información idónea que les permita ejercer adecuadamente sus derechos político-electorales.

Lo anterior, tomando en consideración que en México se tiene un sistema electoral basado en la participación ciudadana.

Así, el incumplimiento a dicho numeral genera lesiones graves en el desarrollo de diversos procesos comiciales, lo que ha causado que tanto los partidos políticos como las autoridades electorales se vean afectados en sus prerrogativas, pues es de recordarse que a partir de la reforma constitucional y legal en la materia en los años 2007 y 2008, dichos entes no pueden acceder a los medios masivos de comunicación (Radio y Televisión) de otra forma que no sea a través de los tiempos pautados por el Instituto Federal Electoral; en consecuencia, se encuentran a merced de que los concesionarios y/o permisionarios de radio y/o televisión den cumplimiento cabal a su obligación de transmitir el total de la pauta aprobada por el Instituto Federal Electoral durante el desarrollo de los procesos comiciales que se realicen, por ende los incumplimientos de dichos concesionarios deben ser sujetos de sanciones que de alguna manera inhiban la realización de este tipo conductas.

En este sentido, el origen de la reforma a que se alude fue que el poder económico de los sujetos involucrados no viciara la materia electoral, así como evitar la participación de terceros ajenos para que no se propiciaran situaciones de inequidad en el desarrollo democrático y de los procesos electorales.

Respecto a las omisiones de transmisión relacionadas con los mensajes de las autoridades electorales, es de señalarse que la hipótesis normativa contenida en el artículo 350, primer párrafo, inciso c) del código federal electoral, infiere de manera directa con los fines de las autoridades electorales tanto a nivel federal como local, ya que a través de los mensajes que éstas difunden en los medios de comunicación de radio y televisión se garantiza el ejercicio de las actividades que les han sido encomendadas constitucional y legalmente, relativas a la capacitación electoral, educación cívica y al padrón y lista de electores, actividades necesarias para la cultura democrática de nuestro país.

Todas estas actividades se pueden lograr únicamente a través de la participación de las ciudadanas y ciudadanos. De ahí la importancia que éstos estén debida y oportunamente informados de las diversas etapas que se llevan a cabo para la preparación y el desarrollo de los procesos electorales. Las transmisiones televisivas son precisamente uno de los medios masivos por los que se mantiene informada a la ciudadanía.

Es de señalarse que para fines electorales en las entidades federativas cuya jornada tenga lugar en mes o año distinto al que corresponde a los procesos electorales federales las autoridades electorales solicitarán al Instituto Federal Electoral el tiempo de radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines, tomando en cuenta que sólo una parte de los cuarenta y ocho minutos que dispone el Instituto se utilizan desde el inicio de la precampaña local hasta el término de la jornada electoral respectiva para la difusión de los promocionales de las autoridades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del código electoral federal, lo que trae como consecuencia que dichos órganos electorales accedan a las prerrogativas de radio y televisión únicamente a través de los tiempos pautados por el Instituto Federal Electoral.

Asimismo, en la entidad federativa de que se trate y durante el periodo de las precampañas políticas el Instituto Federal Electoral distribuye a los partidos políticos doce minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, y el tiempo restante queda a disposición del Instituto para el cumplimiento de sus fines o de otras autoridades electorales, de acuerdo a lo regulado en el artículo 65 del código comicial federal.

Por otra parte, con relación a las omisiones de transmisión relacionadas con los promocionales de los partidos políticos, se advierte que la hipótesis normativa mencionada influye de manera directa con el derecho que tienen dichos institutos políticos al uso permanente de los medios de comunicación para la difusión de los mensajes y programas tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales como fuera de ellos para la realización de sus fines, tales como: promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, así como difundir sus principios y dar a conocer su plataforma electoral en las demarcaciones electorales en que participen.

Ahora bien, el artículo 41, Base III, apartado A de la Ley Fundamental, refiere que el Instituto Federal Electoral será la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines, y al ejercicio del derecho de los partidos políticos, por lo que a partir del inicio de las precampañas electorales y hasta el día de la jornada comicial, quedan a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios, distribuidos en dos y hasta tres minutos en cada hora de transmisión en cada señal televisiva o radial.

Siguiendo esta relación de ideas, conviene puntualizar, que conforme al artículo 65, párrafo 2, en relación con el 56, párrafo 4, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para determinar el número de mensajes a distribuir entre los partidos políticos, las unidades de medida son: treinta segundos, uno y dos minutos, sin fracciones.

En esa tesitura, el Comité de Radio y Televisión de este Instituto, a propuesta de la autoridad electoral de Yucatán, aprobó el modelo de pauta y las pautas específicas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos durante el periodo de precampaña correspondiente al proceso electoral de este año, en el estado de Yucatán.

Tomando en consideración que la unidad de medida adoptada para los mensajes contenidos en la pauta relativa a las precampañas del estado de Yucatán, fue treinta segundos, se colige que el Comité de Radio y Televisión pautó por cada uno de los días integrantes de ese lapso, noventa y seis mensajes, los cuales se distribuyeron entre los partidos políticos y autoridades electorales, conforme al marco jurídico aplicable.

Dichos mensajes diarios, conforme a lo preceptuado en la Constitución General y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deben ser transmitidos por los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, porque con ello se logra que las autoridades electorales y los propios partidos políticos, puedan cumplimentar los fines que tales instrumentos normativos les han impuesto, de allí que la omisión de su difusión, impide se logren tales objetivos.

En el caso concreto el Comité de Radio y Televisión aprobó el acuerdo identificado con la clave ACRT/069/2009 de fecha doce de noviembre de dos mil nueve, mediante el cual se aprobó el “Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban el modelo de pauta y las pautas específicas para la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de los partidos políticos durante el periodo de precampaña dentro del proceso electoral de 2010 que se llevará a cabo en el estado de Yucatán”.

Así, en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, celebrada el día trece de noviembre de dos mil nueve, se aprobó el JGE93/2009 en el que se aprobaron los modelos de pauta para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las campañas institucionales del Instituto Federal Electoral y otras autoridades electorales, durante el período de precampañas que se llevó a cabo en el estado de Yucatán en el proceso electoral local de 2010.

En dichos acuerdos se determinó que durante la etapa de precampaña que se llevaría a cabo dentro del proceso electoral en el estado de Yucatán para elegir a los ciudadanos que postularán como candidatos a puestos de elección popular, de los 48 minutos diarios que el Instituto Federal Electoral administra 12 de ellos se distribuirán entre los partidos políticos y el tiempo restante quedó a disposición del Instituto para el cumplimiento de sus fines y de otras autoridades electorales.

En ese contexto, es de referir que el periodo de duración de las precampañas para elegir a los ciudadanos que postularán como candidatos a puestos de elección popular, se llevó a cabo del cinco de enero al trece de febrero de dos mil diez, es decir, comprendió cuarenta días; en consecuencia, el periodo total de la pauta a dicho periodo comprendió un total de 3,840 (tres mil ochocientos cuarenta) promocionales, los cuales atendiendo al criterio referido en el párrafo que antecede se asignaron 960 (novecientos sesenta) a los institutos políticos y 2,880 (dos mil ochocientos ochenta) a las autoridades electorales.

Amén de lo expuesto, la distribución de los promocionales a favor de los partidos políticos se realizó acorde a lo dispuesto en los artículos 56 y 65 del código electoral federal, por lo que en principio se debían asignar 960 (novecientos sesenta) se repartirían de forma igualitaria entre los partidos contendientes 288 (30%); en tanto que los restantes 672  (70%) se repartirán entre los partidos políticos con derecho a dicha prerrogativa, en proporción al porcentaje de votos obtenidos por cada partido político en la elección para diputados locales inmediata anterior, por lo que existió un remanente de 5 (cinco) promocionales, motivo por el cual se asignaron a las autoridades electorales con el fin de no violentar el principio de equidad, motivo por el cual la pauta de los partidos políticos quedo de un total de 955 (novecientos cincuenta y cinco) promocionales, por lo que a las autoridades electorales se les asignaron un total de 2,885 (dos mil ochocientos ochenta y cinco) spots.

En ese tenor, los promocionales de referencia fueron distribuidos como se precisa en las tablas que se insertan a continuación:

En el caso, es preciso señalar el porcentaje de incumplimientos en que incurrió cada emisora denunciada respecto de los promocionales de las autoridades electorales y partidos políticos, a fin de evidenciar lo anterior se insertan las siguientes tablas:

En relación, con el contenido de los cuadros precedentes, cabe aclarar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó en la sentencia que se cumplimenta, que esta autoridad debía considerar el porcentaje que representaban los incumplimientos imputados al denunciado respecto de la totalidad de la pauta correspondiente a la etapa del proceso electoral al cual nos hemos venido refiriendo [precampaña que se llevaría a cabo dentro del proceso electoral en el estado de Yucatán para elegir a los ciudadanos que postularán como candidatos a puestos de elección popular].

Así pues, la presente resolución es una construcción jurídica que intenta cumplir con los extremos de la sentencia aludida, tomando en cuenta cada uno de sus componentes y al mismo tiempo, intenta explicar ante el máximo órgano jurisdiccional, las razones jurídicas, técnicas y administrativas por las cuales el Instituto Federal Electoral debe actuar de manera perentoria y correctiva, sin esperar necesariamente la conclusión de las etapas de los procesos electorales.

Por ende, en esta resolución se tomarán como referencia para determinar el monto de la sanción el porcentaje que representan los incumplimientos tanto en relación con la totalidad de la pauta correspondiente a la etapa del proceso electoral a que se refiere la presente, como en relación con el periodo denunciado en la vista dada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este órgano electoral autónomo.

Lo anterior es así, porque la vista que motivó la integración del presente expediente, únicamente abarcó un periodo de la totalidad de la etapa antes mencionada, sin que pueda llegar a inferirse que en los días no reportados, el concesionario denunciado dio cumplimiento cabal a su obligación, o que esta institución concluyó las tareas de verificación respecto a la transmisión de los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales, en la entidad federativa mencionada.

Ahora bien, debe decirse que en consistencia a lo afirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que “…de acuerdo a la sana lógica y justo raciocinio, como regla general, puede adoptarse que entre mayores sean el período de la infracción y el número de promocionales omitidos respecto de las pautas ordenadas para ese período, el monto de la sanción a imponer debe ser más alto que cuando el período de la infracción y el número de promocionales omitidos sean menores que aquél…”, contrastar el número de omisiones con el periodo respectivo [el cual varía según la normativa comicial de las entidades federativas, así como la determinación que en su caso los institutos locales asuman], implicaría medir de una manera muy diferente los mismos promocionales omitidos. Dado que las leyes electorales en las entidades federativas suelen definir distintas duraciones en sus etapas y procesos electorales, una misma cantidad de omisiones, acarrearía un porcentaje distinto del periodo en comento, lo que nos llevaría a la inequidad de sancionar de manera distinta en diferentes entidades por la misma infracción.

A guisa de ejemplo, se inserta la siguiente tabla, con supuestos hipotéticos, variando la duración de la etapa:

Cabe destacar que la verificación parcial realizada por esta autoridad, la cual dio origen al procedimiento en que se actúa, tuvo como finalidad actuar oportunamente para corregir los incumplimientos lo más pronto posible, a efecto de garantizar el ejercicio pleno de las prerrogativas constitucionales a las que tienen derecho los partidos políticos y las autoridades electorales.

Refuerza lo anterior que el Instituto Federal Electoral, al momento de emitir la resolución originaria en el presente procedimiento, ordenó la reposición de la pauta, determinación que incluso fue confirmada por el máximo juzgador comicial, en la ejecutoria que por esta vía se cumplimenta.

De conformidad con lo anterior, para la distribución de los mensajes de los partidos políticos el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral asignó los mensajes que les corresponden en las estaciones de radio y canales de televisión con base en un esquema de corrimiento de horarios vertical, lo que se traduce en la asignación continua y en orden sucesivo de los mensajes, con lo que se asegura que todos los institutos políticos gozan del acceso de las prerrogativas de radio y televisión en todos los horarios de transmisión, es decir, de las 6:00 a las 24:00 horas. Por ello, la audiencia de cada emisora de radio y/o televisión no es un factor a considerar al momento de elaborar las pautas.

Ahora bien, en acatamiento a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es preciso razonar y explicar con mayor detalle este punto crucial.

Desde el punto de vista de esta autoridad administrativa, los procedimientos sancionadores deben instaurarse tan pronto y el monitoreo comprueba que se ha consolidado una tendencia infractora por parte de un canal de televisión o de una señal de radio, y no hasta que se completan las etapas legales del proceso electoral (precampaña, inter-campaña y campaña). Esto es así, porque el interés de la autoridad es, sobre cualquier otro, la corrección, lo antes posible, de las violaciones a la ley.

En ese sentido, es de referir que la autoridad electoral no actúa precipitadamente, toda vez que atendiendo al procedimiento previsto en el artículo 58 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en materia electoral, se permite que las radiodifusoras y televisoras expresen lo que a su derecho convenga con relación a los posibles incumplimientos de los promocionales pautados, y toma en cuenta la respuesta que el concesionario y/o permisionario da al requerimiento de información para valorar si inicia o no un procedimiento administrativo sancionador.

No se omite decir, que la autoridad debe actuar con la mayor rapidez posible para que las irregularidades se corrijan de manera perentoria y la afectación a la equidad y a las condiciones de legalidad, sean las mínimas posibles, ya que esperar el cumplimiento de plazos fijos, o la conclusión de las etapas legales, se traduciría en una actitud permisiva por parte de la autoridad.

Ahora bien, es importante considerar que la pauta de transmisión es una obligación jurídica que distribuye el tiempo disponible entre partidos políticos y autoridades electorales, diariamente. Esto es así porque el marco regulatorio de la radio y la televisión, desde la Constitución de la República, el Código Federal Electoral, la Ley Federal de Radio y Televisión (art. 59) y el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral (art. 38), se señala que la unidad básica en la que se determina y reparte el tiempo del Estado es el día calendario.

Tal como señala la Constitución de la República en su artículo 41, base III, apartado a, inciso a), el cual es del tenor siguiente:

“(…)

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a)  A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;

b)  Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;

c)  Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;

e)  Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;

(…)”

Asimismo, el legislador dentro del propio código federal electoral en sus artículos 55, 64, 65 y 66 dispuso lo siguiente:

“(…)

Artículo 55

1. Dentro de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

2. Las transmisiones de mensajes en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas de cada día. En los casos en que una estación o canal transmita menos horas de las comprendidas en el horario antes indicado, se utilizarán tres minutos por cada hora de transmisión.

3. El tiempo a que se refiere el párrafo 1 de este artículo será distribuido en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. En los horarios comprendidos entre las seis y las doce horas y entre las dieciocho y las veinticuatro horas se utilizarán tres minutos por cada hora; en el horario comprendido después de las doce y hasta antes de las dieciocho horas se utilizarán dos minutos por cada hora.

(…)

Artículo 64

1. Para fines electorales en las entidades federativas cuya jornada comicial tenga lugar en mes o año distinto al que corresponde a los procesos electorales federales, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate. Los cuarenta y ocho minutos de que dispondrá el Instituto se utilizarán desde el inicio de la precampaña local hasta el término de la jornada electoral respectiva.

Artículo 65

1. Para su asignación entre los partidos políticos, durante el periodo de precampañas locales, del tiempo a que se refiere el artículo anterior, el Instituto pondrá a disposición de la autoridad electoral administrativa, en la entidad de que se trate, doce minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

2. Las autoridades antes señaladas asignarán entre los partidos políticos el tiempo a que se refiere el párrafo anterior aplicando, en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo 56 de este Código, conforme a los procedimientos que determine la legislación local aplicable.

3. Los mensajes de precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe, a propuesta de la autoridad electoral local competente, el Comité de Radio y Televisión del Instituto.

Artículo 66

1. Con motivo de las campañas electorales locales en las entidades federativas a que se refiere el artículo 64 anterior, el Instituto asignará como prerrogativa para los partidos políticos, a través de las correspondientes autoridades electorales competentes, dieciocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad de que se trate; en caso de insuficiencia, la autoridad electoral podrá cubrir la misma del tiempo disponible que corresponda al Estado. El tiempo restante quedará a disposición del Instituto para sus propios fines o los de otras autoridades electorales. En todo caso, los concesionarios de radio y televisión se abstendrán de comercializar el tiempo no asignado por el Instituto; lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los permisionarios.

2. Son aplicables en las entidades federativas y procesos electorales locales a que se refiere el párrafo anterior, las normas establecidas en los párrafos 2 y 3 del artículo 62, en el artículo 63, y las demás contenidas en este Código que resulten aplicables.”

En adición a lo anterior, se destaca que la propia Ley de Radio y Televisión, en su artículo 59, obliga a los concesionarios y permisionarios a la transmisión de la pauta diariamente y no a través de periodos:

“Artículo 59.- Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.”

Finalmente conviene referir el contenido del artículo 5 del Reglamento de Radio y Televisión en materia Electoral (Glosario), mismo que define el término “pauta”, de la siguiente forma:

“Pauta: orden de transmisión, en que se establecen, los esquemas de distribución en cada día de transmisión, especificando la estación de radio o canal de televisión, el periodo, las horas de transmisión, el partido político a que corresponde cada mensaje y las franjas horarias de transmisión para los mensajes del Instituto y otras autoridades en la materia.”

De tal modo que, en atención a los razonamientos vertidos por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está autoridad se permite subrayar que la unidad que constituye y construye toda la pauta, es el día calendario, indistintamente si se trata de período de precampaña, inter-campaña o campaña.

Dicho de otra manera: el día es la unidad legal en la que se basa el IFE para elaborar sus pautas. Cada día –no por periodo- es como se hacen respetar las franjas horarias (artículo 55 del código comicial federal). Y del mismo modo, se determina diariamente la forma en que se insertan los promocionales de partidos y de autoridades, precisamente para que el modelo de comunicación política adquiera la flexibilidad necesaria para responder a las estrategias electorales de los actores políticos y a las estrategias de promoción y de participación de las autoridades.

Una vez que se ha distribuido el tiempo diario (mediante sorteo), el día siguiente es una réplica del previo, solo que con una hora de diferencia escalonada, de tal manera que todos los partidos y todas las autoridades puedan aparecer en todos los horarios durante el ciclo. Así pues, lo que ocurre en cada etapa, no es otra cosa que sucesivas réplicas del primer día-modelo. En consecuencia, la pauta es la sucesión ordenada y escalonada del primer día de transmisión.

Por lo anterior, los concesionarios y/o permisionarios de radio y televisión reciben de parte del Instituto Federal Electoral una pauta que señala el orden, las franjas horarias, las horas de transmisión, la secuencia y el número de promocionales diarios que corresponden a cada partido político y autoridad electoral. Y el propio monitoreo de la autoridad administrativa verifica el cumplimiento diariamente, no por período, por etapa ni por plazo legal.

En el caso, se tiene acreditado que se conculcó el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado del incumplimiento en que incurrió la persona moral Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, al haber omitido transmitir, sin causa justificada, cinco mil ochocientos treinta [5830] promocionales de 30 segundos de duración, correspondientes a los partidos políticos y a los mensajes de las autoridades electorales en el proceso electoral local de Yucatán, particularmente en el desarrollo del periodo de precampañas, específicamente del día once de enero al dos de febrero de dos mil diez distribuidos de la siguiente manera:

- De la emisora XHVAD-TV, canal 10, 1454 (mil cuatrocientos cincuenta y cuatro) promocionales.

- De la emisora XHDH-TV canal 11(+), 1449 (mil cuatrocientos cuarenta y nueve) promocionales.

- De la emisora XHKYU-TV canal 4 (+), 1488 (mil cuatrocientos ochenta y ocho) promocionales.

- De la emisora XHMEY-TV canal 7, 1439 (mil cuatrocientos treinta y nueve) promocionales.

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Con relación al momento en que la hoy denunciada incurrió en las omisiones reportadas por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, es de señalarse que esta autoridad no desconoce el criterio sostenido por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-24/2010, SUP-RAP-25/2010, SUP-RAP-26/2010, SUP-RAP-27/2010, SUP-RAP-35/2010, SUP-RAP-36/2010 y SUP-RAP-37/2010, así como el que mediante esta vía se acata, en el sentido de que cuando la conducta se trate de omisión en la transmisión de promocionales de autoridades electorales y de partidos políticos, esta autoridad al momento de determinar la sanción además de los elementos indicados en el artículo 355, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales deberá tomar en cuenta:

 El periodo total de la pauta que se trate: de los acuerdos identificado con las claves ACRT/69/2009 y JGE93/2009 se desprende que el periodo de precampaña para elegir a los ciudadanos que postularán como candidatos a puestos de elección popular, al interior de los partidos políticos o coaliciones, se llevó a cabo del cinco de enero al trece de febrero del presente año, es decir, abarcó un periodo de cuarenta días; en consecuencia, la pauta total para ese periodo comprendió la transmisión de 3,840 (tres mil ochocientos cuarenta) promocionales de autoridades electorales y de partidos políticos, para cada emisora de radio y/o televisión.

El total de promocionales e impactos ordenados en la pauta: de las constancias que obran en autos se advierte que el total de impactos contenidos en la pauta para la etapa de precampañas ascienden a un total de 3840 (tres mil ochocientos cuarenta) promocionales por emisora, de los cuales 955 (novecientos cincuenta y cinco) es decir, el 24.86% corresponden a los partidos políticos y 2885 (dos mil ochocientos ochenta y cinco) es decir, el 75.13% a las autoridades electorales; lo anterior, es así atendiendo a lo dispuesto en el artículo 65 del código comicial federal y al numeral 27 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en materia electoral que señalan que en la entidad federativa de que se trate y durante el periodo de las precampañas políticas el Instituto Federal Electoral distribuirá a los partidos políticos doce minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, y el tiempo restante quedará a disposición del Instituto para el cumplimiento de sus fines o de otras autoridades electorales, por lo que existió un remanente de cinco (5) promocionales, motivo por el cual fueron asignados a las autoridades electorales con el fin de no violentar el principio de equidad.

 El periodo y número de promocionales que comprende la infracción: El periodo que constituye la materia de conocimiento del presente asunto comprende del once de enero al dos de febrero de dos mil diez, es decir, 23 días del total del periodo que abarcaron las precampañas en el estado de Yucatán, en el cual cada emisora denunciada incumplió con la transmisión de diversos promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos, tal como se evidencia de la tabla que a continuación se inserta:

En ese sentido es de referir que del contenido del acuerdo ACRT69/2009 se desprende que el número de promocionales asignados a los partidos políticos durante el periodo de precampaña para elegir a los ciudadanos que postularán como candidatos a puestos de elección popular, fue de 955, de los cuales 288 se asignaron de forma igualitaria y 667  en proporción al porcentaje de votos obtenidos por cada partido político en la elección para diputados locales inmediata anterior; por lo que la pauta de los partidos políticos para el periodo en comento comprendió un total de 955 promocionales; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 65, párrafo segundo del código electoral federal.

Así, de la vista presentada por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión de este Instituto, se desprende que durante el periodo comprendido del once de enero al dos de febrero del presente año, cada emisora denunciada y concesionada a Televisión Azteca, S.A. de C.V. omitió transmitir mensajes de las autoridades electorales y de los partidos políticos de la siguiente manera:

Al respecto, cabe aclarar que, como ya se expresó con antelación, se considera lo determinado por el tribunal federal en cuanto al porcentaje que representaban los incumplimientos imputados al denunciado respecto de la totalidad de la pauta correspondiente como un dato referencial para la imposición de una sanción,  sin embargo tiene especial  relevancia para la presente determinación el porcentaje del incumplimiento dentro del periodo que fue reportado, pues evidencia la conducta contumaz del concesionario de infringir la ley.

Lo anterior, porque la vista que motivó la integración del presente expediente, únicamente abarcó un periodo de la totalidad de las precampañas en el estado de Yucatán, sin que pueda llegar a inferirse que en los días no reportados, el concesionario denunciado dio cumplimiento cabal a su obligación, o que esta institución concluyó las tareas de verificación respecto a la transmisión de los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales, en la entidad federativa mencionada.

Al respecto, se insiste que en consistencia a lo afirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que “…de acuerdo a la sana lógica y justo raciocinio, como regla general, puede adoptarse que entre mayores sean el período de la infracción y el número de promocionales omitidos respecto de las pautas ordenadas para ese período, el monto de la sanción a imponer debe ser más alto que cuando el período de la infracción y el número de promocionales omitidos sean menores que aquél…”, contrastar el número de omisiones con el periodo respectivo [el cual varía según la normativa comicial de las entidades federativas, así como la determinación que en su caso los institutos locales asuman], implicaría concluir que ante la presencia del mismo número de omisiones en entidades federativas distintas, con lapsos de duración distintos en la misma etapa del proceso electoral, se impusieran sanciones desproporcionadas entre sí, ya que a mayor duración de la fase, el mismo incumplimiento implica un menor porcentaje, aunado a que no reflejaría de manera fehaciente el comportamiento del infractor.

Asimismo, resulta importante precisar que esta autoridad verificó que la misma conducta omisa de la concesionaria estaba repitiéndose en varias de sus emisoras situadas en distintas entidades del país que iniciaban procesos electorales. Es decir, que estábamos ante la presencia de una infracción deliberada y generalizada que podría ocasionar inestabilidad en el desarrollo de las elecciones en los estados de la República que daban comienzo a su etapa de precampañas.

Al respecto, es de referir que en Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral de 29 de enero del presente año, se resolvieron los procedimientos identificados con las claves SCG/PE/CG/002/2010 y sus acumulados SCG/PE/CG/003/2010, SCG/PE/CG/004/2010, SCG/PE/CG/005/2010, SCG/PE/CG/006/2010, SCG/PE/CG/007/2010 y SCG/PE/CG/008/2010; SCG/PE/CG/009/2010 y su acumulado SCG/PE/CG/010/2010 y SCG/PE/CG/011/2010, relacionados con los procesos comiciales que se encuentran desarrollándose en los estados de Coahuila, Tabasco y Yucatán, en los cuales se determinó sancionar a la concesionaria Televisión Azteca, S.A. de C.V., pues en dichos casos como se evidenciará en el apartado denominado “reincidencia” se comprobó la violación a lo dispuesto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del código electoral federal.

En consecuencia, resulta válido afirmar que debido a la actuación oportuna de esta autoridad en los casos antes referidos es que la distintas emisoras de la hoy denunciada en los estados de la República en los cuales se encuentra desarrollándose un proceso comicial ha cumplido de mejor manera con su obligación de transmitir la totalidad de la pauta que fue aprobada por esta autoridad electoral.

Esto es particularmente importante de señalar, pues esta autoridad electoral, verificó que la misma conducta omisa estaba repitiéndose por parte de la concesionaria en el resto de entidades del país que iniciaban sus procesos electorales, es decir, se trataba de una infracción deliberada y generalizada que estaba poniendo en cuestión el buen desarrollo de las elecciones en los estados de la República que comenzaban sus precampañas.

A continuación, se ofrece la evidencia de cómo las sanciones impuestas por esta autoridad en los procedimientos referidos en párrafos que anteceden, lograron corregir, en un plazo muy breve, la infracción cometida por la concesionaria denominada Televisión Azteca, S.A. de C.V., lo que demuestra a su vez, que los argumentos de virtual “imposibilidad técnica” que esgrimía la televisora, no eran atendibles, y que en todo momento contaban con la posibilidad de insertar materiales de contenido local en sus señales repetidoras1.

Regularización del comportamiento de TV Azteca en sus 4 emisoras de Yucatán

                      Véase el Informe general sobre la administración de los tiempos del Estado en materia electoral durante los procesos electorales locales de 2010). Gráficas del informe presentado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión de fecha 28 de abril de 2010.

Las anteriores gráficas también ponen de manifiesto el actuar oportuno de la autoridad electoral, al dar la vista por días de incumplimiento detectados dentro de un lapso que comprendía un periodo mayor por la etapa electoral en que se encontraba el proceso electoral, dado que esperar la conclusión del periodo podría dar lugar a causar un daño irreversible en la contienda electoral.

 La trascendencia del momento de la transmisión, horario y cobertura en la que se haya cometido la infracción.

En ese sentido, es de referir que del contenido de los artículos 55 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 19 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral regulan que los 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión que el Instituto Federal Electoral tiene a su disposición a partir de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, para la asignación de los tiempos que correspondan a los partidos políticos y/o coaliciones contendientes y las autoridades electorales deberá asignar el tiempo, tomando en cuenta 3 horarios de transmisión, siendo estos el de las 6:00 a las 12:00, de las 12:00 a las 18:00 y de las 18:00 a las 24:00.

Asimismo, el tiempo de referencia será distribuido en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; al respecto, es de referir que durante los horarios comprendidos de las 6:00 a las 12:00 y de las 18:00 a las 24:00 horas, se pautan 3 minutos por cada hora de transmisión y en el comprendido de las 12:00 a las 18:00 horas, se pautan 2 minutos; por lo que si los incumplimientos se realizan en las dos franjas horarias citadas en primer término, esta autoridad considera que el incumplimiento es más grave, justamente porque en dichos horarios se pauta un minuto adicional por una experiencia de incremento en las audiencias, a efecto de que los partidos políticos y las autoridades electorales accedan a la prerrogativa constitucional y legal a que tienen derecho con el objeto de cumplir con las finalidades y obligaciones de las cuales se encuentran revestidos.

Ahora bien, es importante reiterar que la pauta de transmisión es una obligación jurídica que distribuye el tiempo disponible entre partidos políticos y autoridades electorales, diariamente. Esto es así porque el marco regulatorio de la radio y la televisión, desde la Constitución de la República, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Federal de Radio y Televisión (art. 59) y el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral (art. 38), disponen que la unidad básica en la que se determinara y repartiera el tiempo del Estado es el día calendario.

En el presente asunto, de la relación de incumplimientos que se agregó como anexo a la vista presentada por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión de este Instituto se desprende que los promocionales omitidos por las emisoras hoy denunciadas, se incumplieron de la siguiente forma de acuerdo a los horarios antes citados:

EMISORA XHVAD-TV

Cabe señalar que durante las dos franjas horarias en donde se pautan 3 minutos por cada hora de transmisión la emisora XHVAD-TV omitió difundir 1,154 (mil ciento cincuenta y cuatro) promocionales de las autoridades electorales y partidos políticos.

EMISORA XHDH-TV

Durante las dos franjas horarias en donde se pautan 3 minutos por cada hora de transmisión la emisora XHDH-TV omitió difundir 1,138 (mil ciento treinta y ocho) promocionales de las autoridades electorales y partidos políticos.

EMISORA XHKYU-TV

Así, es de destacar que la emisora XHKYU-TV durante las dos franjas horarias en las que se pautan 3 minutos por cada hora de transmisión omitió difundir 1,161 (mil ciento sesenta y uno) promocionales de las autoridades electorales y partidos políticos.

EMISORA XHMEY-TV

Por su parte, la emisora con distintivo XHMEY-TV omitió difundir 1,151 (mil ciento cincuenta y un) promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos durante las dos franjas horarias en donde se pautan 3 minutos por cada hora de transmisión.

Amén de lo expuesto, es preciso señalar que para la distribución de los mensajes de los partidos políticos y de las autoridades electorales el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral y la Junta General Ejecutiva asignaron los mensajes que les corresponden en las estaciones de radio y canales de televisión con base en un esquema de corrimiento de horario vertical, lo que se traduce en la asignación continua y en orden sucesivo de los mensajes por lo que todos los institutos políticos gozan del acceso de las prerrogativas de radio y televisión en todos los horarios de transmisión de las 6:00 a las 24:00 horas, es decir, los mensajes de los partidos políticos y de las autoridades electorales se transmiten durante las dieciocho horas que comprenden las tres franjas horarias que se pautan, por lo que la audiencia de cada emisora de radio y televisión no es un elemento a considerar respecto de la asignación de los tiempos que les corresponden a dichos entes.

Máxime que es un hecho conocido que esta autoridad pauta los tiempos del Estado que le corresponden a los partidos políticos y a las autoridades electorales de conformidad con las tres franjas horarias de la transmisión que se encuentran comprendidas de las 6:00 a las 24:00 horas; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 19 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral.

En ese sentido, de las tablas antes insertas se advierte que, en términos absolutos, la mayoría de las omisiones en que incurrieron las emisoras concesionadas a Televisión Azteca S.A. de C.V., ocurrieron durante las dos franjas horarias en las que se pautan 3 minutos por cada hora de transmisión.

Ahora bien, aunado a los elementos antes expuestos la conducta realizada debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a)  Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles a Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, consistieron en inobservar lo establecido en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al omitir transmitir, sin causa justificada, cinco mil ochocientos treinta [5830] promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos, contenidos en las pautas de transmisión de los tiempos del Estado previamente notificadas a cada una de las emisoras, durante el proceso electoral local en el estado de Yucatán, particularmente en el desarrollo del periodo de precampañas, del día once de enero al dos de febrero de dos mil diez.

Omisiones que de manera sintética se relacionan en la siguiente tabla:

b)  Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad considera que la omisión en que incurrió Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, aconteció durante el periodo de precampañas que se llevó a cabo en el estado de Yucatán, el cual comprendió del cinco de enero al trece de febrero de dos mil diez (cuarenta días).

Así, es de referir que las conductas irregulares atribuidas a Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras antes referidas, se cometieron dentro del proceso electoral local que a la fecha se está desarrollando en el estado de Yucatán, particularmente durante el periodo comprendido del día once de enero al dos de febrero de dos mil diez, es decir el periodo en el que se detectaron las omisiones es de veintitrés días.

c)  Lugar. La irregularidad atribuible a Televisión Azteca, S.A de C.V., acontenció como concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, al omitir transmitir los promocionales de las autoridades electorales y de los partidos  políticos, sin causa justificada, por lo que la infracción cometida se llevó a nivel local.

Adicional a lo antes expuesto, resulta importante señalar algunos datos relacionados con  la cobertura de las frecuencias antes referidas:

Para la mejor comprensión de la información precedente se acompañan como anexos al presente fallo los mapas de cobertura proporcionados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante oficio identificado con la clave DEPPP/STCRT/4137/2010.

Al respecto, debe decirse que los elementos antes detallados únicamente constituyen un dato de referencia con relación al posible daño que se pudo haber causado a los electores de la entidad federativa en donde se presentó el incumplimiento al no haberse difundido la totalidad de los promocionales de los partidos políticos y mensajes de las autoridades electorales que debieron recibir conforme a la pauta aprobada por el Instituto Federal Electoral y con ello conocer oportunamente la información que les permita ejercer razonablemente sus derechos político-electorales.

Es de destacar que cada entidad federativa comprende un número de electores diverso, sin embargo, dicha circunstancia a juicio de esta autoridad, es un elemento de referencia, pero no determinante al momento de la imposición de la sanción.

La anterior afirmación encuentra sustento en el hecho de que esta autoridad no podría llegar al absurdo de considerar que es menos o más grave no transmitir la totalidad de la pauta en atención al número de electores, pues no se puede  estimar que la elección de los gobernantes en una determinada entidad federativa es más o menos importante de acuerdo al número de ciudadanos que conforman las listas nominales respectivas.

En el mismo sentido, el dato relativo al número de secciones que abarca la cobertura de cada emisora, también constituye un elemento referencial, pues de igual forma no se puede estimar más o menos grave la infracción en atención al número de secciones de la entidad federativa de que se trate, toda vez que la omisión en la difusión de los promocionales y mensajes causa el mismo daño a los electores con independencia de las secciones que abarquen dicha cobertura.

De igual forma, independientemente del alcance de la cobertura territorial de una frecuencia de radio o canal de televisión, al omitir la transmisión se daña la estrategia de comunicación de un partido político o de una autoridad electoral, pues justamente la confección del Catálogo de Emisoras de Radio y Televisión de cualquier estado, fue diseñado para ese propósito. Dicho catálogo contiene el alcance de cada estación a nivel municipal, por lo que hay que tener en cuenta que la afectación no solo ocurre sí y solo si, se deja de transmitir en toda la entidad, sino en cualquier región programada, pues desde el punto de vista de una autoridad electoral, es igualmente relevante una elección de gobernador, de diputados y de ayuntamientos.

En consecuencia, este órgano resolutor estima que los electores tienen el mismo derecho a contar con todos los elementos que les permita realizar un uso, razonado y objetivo de sus derechos político-electorales sin importar en que entidad federativa residan, lo cual se logra, en buena parte, con la trasmisión de los promocionales de los partidos políticos y mensajes de las autoridades electorales.

Intencionalidad

Se considera que en el caso sí existió por parte de Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, la intención de infringir lo previsto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c)  del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior es así, ya que del análisis de los elementos que obran en autos, se advierte que Televisión Azteca, S.A de C.V., estuvo enterada de las pautas a las que debía sujetarse en la transmisión de los promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos para el periodo de precampañas en el estado de Yucatán y no obstante que ya tenía pleno conocimiento del pautado correspondiente se abstuvo de transmitir el total de promocionales pautados para dicho periodo, a través de las emisoras referidas en el párrafo que antecede, sin causa justificada.

Adicionalmente, debe decirse que en atención a la cantidad de promocionales omitidos, no hay causa alguna de justificación en la comisión de las conductas sancionadas, sino por el contrario, debe estimarse que el incumplimiento reprochado se realizó con plena conciencia, es decir, con pleno conocimiento de que lo ordenado por la autoridad electoral federal no se estaba cumpliendo a cabalidad, ya que la denunciada no cumplió con la obligación constitucional a que se encuentra sujeta a partir de la reforma de dos mil siete.

En ese orden de ideas, y como se ha expuesto con antelación el periodo de precampañas en el estado de Yucatán, comprendió del cinco de enero al trece de febrero del presente año, por lo que el periodo abarcó un total de cuarenta días; en consecuencia, la pauta total que debería ser transmitida por cada emisora de la hoy denunciada como se evidenció con antelación equivale a 3,840 (tres mil ochocientos cuarenta) promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos por cada emisora denunciada.

Así, es de señalar que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto al dar la vista que mediante este procedimiento se resuelve reportó un incumplimiento por parte de las cuatro emisoras concesionadas a Televisión Azteca, S.A de C.V. en el estado de Yucatán de 5,830 (cinco mil ochocientos treinta) promocionales durante el periodo comprendido del once de enero al dos de febrero de dos mil diez, es decir, la vista en comento alude a veintitrés días del total del periodo que abarcaron las precampañas en cita.

A efecto de evidenciar, a continuación se inserta una tabla con el fin de precisar las omisiones en que incurrieron las emisoras referidas y el porcentaje que representa su infracción con relación al total de la pauta aprobada para ser difundida durante el periodo de precampañas en el estado de Yucatán (cinco de enero al trece de febrero del presente año).

Ahora bien, tomando en cuenta únicamente el periodo que abarca la vista, es decir, del once de enero al dos de febrero de dos mil diez (veintitrés días), periodo en el cual cada emisora debió transmitir 96 promocionales por día, las omisiones aludidas representan los porcentajes siguientes:

En consecuencia, se considera que en autos se encuentra debidamente acreditada la intención de la hoy denunciada de no cumplir con la obligación constitucional y legal que el legislador permanente impuso a cargo de los concesionarios y/o permisionarios de radio y televisión en razón de la reforma en materia electoral realizada en los años 2007 y 2008, máxime que al momento que compareció al procedimiento de mérito únicamente aludió una serie de argumentos para intentar justificar las omisiones cometidas.

Es pertinente reiterar, que la pauta de transmisión es una obligación jurídica que distribuye el tiempo disponible entre partidos políticos y autoridades electorales, diariamente. Esto es así porque el marco regulatorio de la radio y la televisión, desde la Constitución de la República, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Federal de Radio y Televisión (art. 59) y el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral (art. 38), disponen que la unidad básica en la que se determinara y repartiera el tiempo del Estado es el día calendario. Lo anterior trasciende a efecto de especificar que la conducta omisiva de la televisora en el periodo reportado en la vista, fue de incumplir consistentemente con la pauta diaria en un porcentaje que ha quedado evidenciado en el  cuadro que antecede.

Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas

Se estima que la conducta infractora se cometió de manera reiterada, pues es un hecho conocido para esta autoridad que se invoca en términos de lo previsto en el numeral 358, párrafo 1 del código federal electoral, que el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria de veintinueve de enero del presente año, resolvió el procedimiento especial sancionador identificado con la clave SCG/PE/CG/011/2010 en el sentido de multar a la persona moral hoy denunciada, por la omisión de transmitir la pauta aprobada por el Instituto para el proceso comicial local en el estado de Yucatán, en específico, durante la etapa de precampañas en el periodo comprendido del cinco al diez de enero del presente año y toda vez que en el presente asunto se refieren los mismos hechos con la precisión de que las omisiones se refieren del once de enero al dos de febrero de dos mil diez, se considera que la conducta debe estimarse reiterada, máxime que las omisiones ocurrieron durante la etapa del proceso electoral antes referida. 

Asimismo, resulta importante precisar que esta autoridad verificó que la misma conducta omisa de la concesionaria estaba repitiéndose en varias de sus emisoras situadas en distintas entidades del país que iniciaban procesos electorales. Es decir, que estábamos ante la presencia de una infracción deliberada y generalizada que podría ocasionar inestabilidad en el desarrollo de las elecciones en los estados de la República que daban comienzo a su etapa de precampañas.

Al respecto, como se señaló anteriormente, es de referir que en Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral de 29 de enero del presente año, se resolvieron los procedimientos identificados con las claves SCG/PE/CG/002/2010 y sus acumulados SCG/PE/CG/003/2010, SCG/PE/CG/004/2010, SCG/PE/CG/005/2010, SCG/PE/CG/006/2010, SCG/PE/CG/007/2010 y SCG/PE/CG/008/2010; SCG/PE/CG/009/2010 y su acumulado SCG/PE/CG/010/2010 y SCG/PE/CG/011/2010, relacionados con los procesos comiciales de los estados de Coahuila, Tabasco y Yucatán, en los cuales se determinó sancionar a la concesionaria Televisión Azteca, S.A. de C.V., pues en dichos casos como se evidenciará en el apartado denominado “reincidencia” se comprobó la violación a lo dispuesto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del código electoral federal.

Esto es particularmente importante de señalar, pues esta autoridad electoral, verificó que la misma conducta omisa estaba repitiéndose por parte de la concesionaria en el resto de entidades del país que iniciaban sus procesos electorales, es decir, se trataba de una infracción deliberada y generalizada que estaba poniendo en cuestión el buen desarrollo de las elecciones en los estados de la República que comenzaban sus precampañas.

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución

En este apartado, resulta atinente precisar que la conducta desplegada por Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, se cometió en el desarrollo del periodo de precampaña del proceso electoral local en el estado de Yucatán, durante los días once de enero al dos de febrero de dos mil diez, es decir, durante la contienda para determinar quiénes serán los candidatos a los cargos públicos que se elegirán para el día de la jornada electoral.

En tal virtud, toda vez que la falta se presentó dentro del desarrollo de un proceso electoral local, particularmente en el periodo de precampañas que se llevó a cabo en el estado de Yucatán, mismo que inició el cinco de enero y concluyó el trece de febrero (40 días), resulta válido afirmar que la conducta es atentatoria de los principios constitucionales consistentes en el de legalidad y equidad que debe imperar en toda contienda electoral.

Partidos Políticos

Al respecto, cabe mencionar que al no transmitir los promocionales de los partidos políticos no se cumple con su objeto principal el cual consiste en permitir a los aspirantes y a los propios partidos competir en condiciones de equidad, procurando evitar actos con los que algún precandidato o fuerza política pudieran obtener una ventaja indebida frente al resto de los participantes en la contienda electoral.

Autoridades electorales

Asimismo, es de referir que la hoy denunciada causó un daño en las finalidades de las autoridades electorales, toda vez que omitió transmitir los promocionales relativos a sus actividades, mediante los cuales se busca contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento de régimen de partidos políticos, integrar el Registro Federal de Electores, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y cultura democrática.

Todas estas actividades se pueden lograr únicamente a través de la participación de las ciudadanas y ciudadanos. De ahí la importancia que éstos estén debida y oportunamente informados de las diversas etapas que se llevan a cabo para la preparación y el desarrollo de los procesos electorales. Las transmisiones televisivas son precisamente uno de los medios masivos por los que se mantiene informada a la ciudadanía.

En consecuencia, la hoy denunciada afectó los principios que rigen la materia electoral, toda vez que la omisión en que incurrió afecta directamente al electorado, pues obstaculiza que cuente con todos los elementos que le permitan construir una opinión más crítica, reflexiva y participativa en los asuntos políticos; además de contar con la información idónea para ejercer adecuadamente sus derechos político-electorales.

Medios de ejecución

La omisión de los mensajes materia del presente procedimiento administrativo especial sancionador, tuvo como medio de ejecución la señal televisiva de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, concesionadas a Televisión Azteca, S.A. de C.V, cuya señal se circunscribe a la citada entidad federativa.

II.- Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, esta autoridad procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta debe calificarse con una gravedad especial, ya que la misma, como se explicó en el apartado de intencionalidad, tuvo como finalidad infringir de forma directa los objetivos tutelados por la norma relativos a omitir la transmisión de los promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos conforme a las pautas aprobadas por este Instituto con lo cual se transgredió la normatividad electoral vigente y se realizó dentro de un proceso electoral local.

Esta trasgresión adquiere una trascendencia particular precisamente por los bienes jurídicos que vulneró; la magnitud y lo sistemático del incumplimiento a la normatividad; la poca cooperación de la empresa Televisión Azteca S.A. de C.V. con la autoridad a efecto de cumplir con las obligaciones que le fueron impuestas por el legislador permanente al realizarse la reforma constitucional y legal en la materia en los años 2007 y 2008; y el contexto en el que ocurrieron las infracciones, dentro de un proceso electoral local, en el que tanto los partidos políticos como las autoridades electorales se vieron afectadas en sus prerrogativas de radio y televisión, mismas a las que únicamente pueden acceder a través de los tiempos pautados por el Instituto Federal Electoral.

Reincidencia

Otro de los aspectos que esta autoridad debe considerar para la imposición de la sanción, es la reincidencia en que pudo haber incurrido la empresa Televisión Azteca, S.A de C.V, la cual de acuerdo a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación que mediante esta vía se acata sí se encuentra configurada.

No obstante lo expuesto, vale la pena precisar que esta autoridad considerará reincidente al infractor que habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en el código federal electoral incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

En ese sentido, existe constancia en los archivos del Instituto Federal Electoral de que la empresa Televisión Azteca, S.A. de C.V. ha sido sancionada en las siguientes determinaciones por haber infringido lo dispuesto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

       Queja identificada con la clave SCG/QCG/026/2008, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto del 2 de mayo de 2008, en la que se le impuso una sanción equivalente a la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que incumplió de manera injustificada, con la obligación constitucional y legal de difundir los mensajes de los partidos políticos y de la autoridad electoral, violando con ello el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las siguientes:

“(…)

a) Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles a Televisión Azteca, S.A. de C.V., consistieron en inobservar lo establecido en el artículo 350, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, al haberse negado, en forma permanente, sistemática y sin causa justificada, a transmitir la totalidad de los mensajes de veinte segundos de duración de los partidos políticos nacionales, contenidos en las pautas correspondientes a los canales de televisión XHDF-TV CANAL 13, XHIMT-TV CANAL 7 y XHTVM-CANAL 40, concesionados a la empresa Televisión Azteca, S.A. de C.V., no obstante haber tenido pleno conocimiento de las fechas y horarios de transmisión, al habérsele notificado conforme a derecho los pautados respectivos.

b) Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad considera que la omisión en comento aconteció durante todo el periodo previsto en las pautas de transmisión de mensajes de veinte segundos de duración de los partidos políticos, para los canales de televisión XHDF-TV CANAL 13, XHIMT-TV CANAL 7 y XHTVM-CANAL 40, concesionados a la empresa Televisión Azteca, S.A. de C.V., para iniciar transmisiones a partir del doce de marzo y hasta el veintinueve de abril de dos mil ocho, que equivalen a cuarenta y nueve días de transmisiones.

Es de tomarse en consideración que las conductas irregulares atribuidas a Televisión Azteca, S.A. de C.V., se cometieron fuera de un proceso electoral federal.

c) Lugar. La irregularidad atribuible a Televisión Azteca, S.A. de C.V., aconteció en los canales de televisión XHDF-TV CANAL 13, XHIMT-TV CANAL 7 y XHTVM-CANAL 40, concesionados a la empresa en comento, y que cuentan con proyección nacional.

(…)”

Dicha resolución fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso SUP-RAP 105/2009, en fecha 20 de mayo de 2009.

       Queja identificada con la clave SCG/PE/CG/013/2009, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto del 29 de marzo de 2009, en la que se le impuso una sanción equivalente a la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que incumplió de manera injustificada, con la obligación constitucional y legal de difundir los mensajes de los partidos políticos y de la autoridad electoral, violando con ello el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las siguientes:

“(…)

a)  Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles a Televisión Azteca, S.A. de C.V., consistieron en inobservar lo establecido en el artículo 350, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, al haber omitido sin causa justificada la transmisión de veintidós promocionales de los partidos políticos nacionales y de las autoridades electorales, contenidos en las pautas correspondientes al canal de televisión XHDF-TV CANAL 13, concesionado a la empresa Televisión Azteca, S.A. de C.V., no obstante haber tenido pleno conocimiento de las fechas y horarios de transmisión, al habérsele notificado conforme a derecho los pautados respectivos y entregado los materiales para dicho efecto.

b)  Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad considera que la omisión en comento aconteció durante los días siete y ocho de febrero de dos mil nueve, para el canal de televisión XHDF-TV CANAL 13, concesionado a la empresa Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Es de tomarse en consideración que las conductas irregulares atribuidas a Televisión Azteca, S.A. de C.V., se cometieron dentro de un proceso electoral federal, lo cual debe ser considerado como una agravante para el caso que nos ocupa.

En efecto, a juicio de esta autoridad no cabe dar el mismo tratamiento a las omisiones en que incurran los concesionarios de radio y televisión respecto de las pautas que están obligadas a transmitir, cuando estas se suscitan fuera de un proceso electoral, en cuyo caso se difunde propaganda política ordinaria de los partidos políticos (como parte de sus actividades de carácter permanente) y propaganda de la autoridad electoral encaminada fundamentalmente a la formación ciudadana, que cuando dichas omisiones se presentan en el desarrollo de un proceso comicial, ya que en este último caso se difunde, además de la propaganda política ordinaria, la relacionada con las etapas de precampaña y campaña, así como propaganda de las autoridades electorales encaminada principalmente a la promoción del voto, lo cual tiene por objeto la celebración de elecciones libres y auténticas.

c)   Lugar. La irregularidad atribuible a Televisión Azteca, S.A. de C.V., aconteció en el canal de televisión XHDF-TV CANAL 13, concesionado a la empresa en comento, y que cuenta con cobertura nacional.

(…)”

Dicha resolución fue confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso SUP-RAP 83/209, en fecha 13 de mayo de 2009.

       Queja identificada con la clave SCG/PE/CG/002/2010 y sus acumulados SCG/PE/CG/003/2010, SCG/PE/CG/004/2010, SCG/PE/CG/005/2010, SCG/PE/CG/006/2010, SCG/PE/CG/007/2010 y SCG/PE/CG/008/2010, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto del 29 de enero del año en curso, en la que se le impuso una sanción equivalente a la cantidad de $27,628,683.33 (Veintisiete millones seiscientos veintiocho mil seiscientos ochenta y tres pesos 33/100 M.N), toda vez que incumplió de manera injustificada, con la obligación constitucional y legal de difundir los mensajes de los partidos políticos y de la autoridad electoral, violando con ello el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las siguientes:

“(…)

a)  Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles a Televisión Azteca, concesionaria de las emisoras con

b)  Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad considera que la omisión en que incurrió Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHHE-TV canal 7, XHLLO-TV canal 44, XHGZP-TV canal 6, XHHC-TV canal 9 (+), XHGDP-TV canal 13, XHMLA-TV canal 11 y XHPNG-TV canal 6, todas en el estado de Coahuila, aconteció durante los siguientes periodos:

Es de tomarse en consideración que las conductas irregulares atribuidas a Televisión Azteca, S.A. de C.V., se cometieron dentro del proceso electoral local en el estado de Coahuila, particularmente en el periodo de precampañas.

c)  Lugar. La irregularidad atribuible a Televisión Azteca, S.A. de C.V., aconteció como concesionaria de las frecuencias identificadas con las siglas XHHE-TV canal 7, XHLLO-TV canal 44, XHGZP-TV canal 6, XHHC-TV canal 9 (+), XHGDP-TV canal 13, XHMLA-TV canal 11 y XHPNG-TV canal 6, todas en el estado de Coahuila, al omitir transmitir los promocionales de las autoridades electorales y partidos  políticos, sin causa justificada, emisoras cuya cobertura es local y se limita al estado de Coahuila.

(…)”

Dicha resolución no fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

       Queja identificada con la clave SCG/PE/CG/009/2010 Y SU ACUMULADO SCG/PE/CG/010/2010, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto del 29 de enero del año en curso, en la que se le impuso una sanción equivalente a la cantidad de $12,557,404.20 (Doce millones quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuatro pesos 20/100 M.N.), toda vez que incumplió de manera injustificada, con la obligación constitucional y legal de difundir los mensajes de los partidos políticos y de la autoridad electoral, violando con ello el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las siguientes:

“(…)

a)  Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles a Televisión Azteca, concesionaria de las emisoras con distintivos XHVIH-TV canal 11 (+) y XHVHT-TV canal 6 (+), en el estado de Tabasco, consistió en inobservar lo establecido en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al omitir transmitir, sin causa justificada, tres mil ciento cuarenta y siete (3147) promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos contenidos en la pauta de transmisión de los tiempos del Estado durante el proceso electoral local en el estado de Tabasco, particularmente en el  lapso comprendido del día diez de julio al cuatro de agosto de dos mil nueve, época en el que se desarrollaron las campañas en la citada entidad federativa, que de manera sintética se relacionan en la siguiente tabla:

b)  Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad considera que la omisión en que incurrió Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVIH-TV canal 11 (+) y XHVHT-TV canal 6 (+), en el estado de Tabasco, aconteció durante el periodo comprendido del día diez de julio al cuatro de agosto de dos mil nueve.

Es de tomarse en consideración que las conductas irregulares atribuidas a Televisión Azteca, S.A. de C.V., se cometieron dentro del proceso electoral local en el estado de Tabasco, particularmente en el periodo de precampañas.

c) Lugar. La irregularidad atribuible a Televisión Azteca, S.A. de C.V., aconteció como concesionaria de las frecuencias identificadas con las siglas XHVIH-TV canal 11 (+) y XHVHT-TV canal 6 (+), en el estado de Tabasco, al omitir transmitir los promocionales de las autoridades electorales y partidos  políticos, sin causa justificada, emisoras cuya cobertura es local y se limita al estado de Tabasco.

(…)”

Dicha resolución no fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

       Queja identificada con la clave SCG/PE/CG/011/2010, resuelta en Sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto del 29 de enero del año en curso, en la que se le impuso una sanción equivalente a la cantidad de $32,200,584.00 (Treinta y dos millones doscientos mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), toda vez que incumplió de manera injustificada, con la obligación constitucional y legal de difundir los mensajes de los partidos políticos y de la autoridad electoral, violando con ello el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las siguientes:

“(…)

a)    Modo. En el caso a estudio, las irregularidades atribuibles a Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, consistieron en inobservar lo establecido en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al omitir transmitir, sin causa justificada, 1614 (un mil seiscientos catorce) promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos, contenidos en las pautas de transmisión de los tiempos del estado previamente notificadas a cada una de las emisoras, durante el proceso electoral local en el estado de Yucatán, particularmente en el desarrollo del periodo de precampañas, del día cinco al diez de enero de dos mil diez.

b)   Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad considera que la omisión en que incurrió Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, aconteció particularmente en el desarrollo del periodo de precampañas, en el lapso comprendido del día cinco al diez de enero de dos mil diez.

Es de tomarse en consideración que las conductas irregulares atribuidas a Televisión Azteca, S.A. de C.V., se cometieron dentro del proceso electoral local en el estado de Yucatán, particularmente en el desarrollo del periodo de precampañas.

c)    Lugar. La irregularidad atribuible a Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, al omitir transmitir los promocionales de las autoridades electorales y de los partidos  políticos, sin causa justificada, emisoras cuya cobertura es local y se limita al estado de Yucatán.

(…)”

Tal resolución no fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ese orden de ideas, es de referir que con base en los procedimientos antes aludidos se observa que Televisión Azteca S.A. de C.V., ha tenido un actuar sistemático y de poca cooperación con la autoridad a efecto de cumplir con las obligaciones que le fueron impuestas por el legislador permanente al realizarse la reforma constitucional y legal en la materia en los años 2007 y 2008.

Así, se encuentra documentado en los precedentes señalados con antelación que la forma de actuar de la hoy denunciada ha causado lesiones graves en el desarrollo de diversos procesos comiciales, lo que ha generado que tanto los partidos políticos como las autoridades electorales se vean afectados en sus prerrogativas, pues es de recordarse que a partir de la reforma que se alude dichos entes no pueden acceder a los medios masivos de comunicación (Radio y Televisión) de otra forma que no sea a través de los tiempos pautados por el Instituto Federal Electoral; en consecuencia, se encuentran a merced de que los concesionarios y/o permisionarios de radio y/o televisión den cumplimiento cabal a su obligación de transmitir el total de la pauta aprobada por el Instituto Federal Electoral durante el desarrollo de los procesos comiciales que se realicen, por ende los incumplimientos de dichos concesionarios deben ser sujetos de sanciones que de alguna manera inhiban la realización de este tipo conductas.

Amén de lo argumentado, esta autoridad considera que el actuar reiterado de Televisión Azteca, S.A. de C.V., respecto a la obligación impuesta en el artículo 41, Base III de la Carta Magna en relación con el numeral 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no debe seguir actualizándose, por las implicaciones y afectaciones que puede generar tanto en el desarrollo de los procesos comiciales como fuera de ellos, pues cabe recordar que el origen de la reforma a que se alude fue que el poder económico de los sujetos involucrados no viciara la materia electoral, así como evitar la participación de terceros ajenos para que no se propiciaran situaciones de inequidad en el desarrollo democrático y de los procesos electorales; en consecuencia, resulta particularmente grave la posición tomada por la persona moral hoy denunciada, ya que como se ha venido evidenciando no ha tenido un ánimo de cooperación con el Instituto Federal Electoral en el cumplimiento de su obligación tanto constitucional como legal para difundir las pautas aprobadas por éste, por el contrario la conducta omisiva de la televisara ha sido una constante.

Sanción a imponer

Por todo lo anterior (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción), la conducta realizada por Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares que se presentaron en el caso concreto (modo, tiempo y lugar), y sin que ello implique que ésta sea de tal monto que incumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida y que se han precisado previamente.

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie, concesionarios o permisionarios de medios electrónicos), realice una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Efectivamente, mientras que una determinada conducta puede no resultar grave en determinado caso, atendiendo a todos los elementos y circunstancias antes precisadas, en otros casos, la misma conducta puede estar relacionada con otros aspectos, como puede ser un beneficio o lucro ilegalmente logrado, o existir un determinado monto económico involucrado en la irregularidad, de tal forma que tales elementos sea necesario tenerlos también en consideración, para que la individualización de la sanción sea adecuada.

Al respecto, y como se evidenció con antelación la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-24/2010, SUP-RAP-25/2010, SUP-RAP-26/2010, SUP-RAP-27/2010, SUP-RAP-34/2010, SUP-RAP-35/2010, SUP-RAP-36/2010, SUP-RAP-37/2010 y SUP-RAP-38/2010, estableció diversos criterios que deberán tomarse en consideración al momento de imponer la sanción correspondiente al sujeto infractor, los cuales se enuncian a continuación:

       El período total de la pauta que se trate.

       El total de promocionales e impactos ordenados en la pauta.

       El período y número de promocionales o impactos que comprenden la infracción.

       La trascendencia del momento de transmisión, horario y cobertura en la que se haya cometido la infracción.

Así, es de señalarse que el periodo en el cual la persona moral denominada Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, debió transmitir la pauta ordenada por este Instituto, fue del cinco de enero al trece de febrero del año en curso periodo en el que se desarrollaron las precampañas para elegir a los ciudadanos que postularán como candidatos a puestos de elección popular, por tanto el periodo total de la pauta abarca cuarenta días.

No obstante ello, es de precisarse que la infracción se cometió durante dicho periodo, específicamente, durante los días once de enero al dos de febrero de dos mil diez, es decir, el incumplimiento reportado únicamente abarcó 23 días del total del periodo.

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedaran a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, los cuales serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión los cuales abarcarán el periodo comprendido entre las seis y las veinticuatro horas.

En consecuencia, tomando en cuenta el total del periodo en cita, como el número de minutos que el Instituto Federal Electoral pauta por cada día, se obtiene que el total de promocionales pautados para ser transmitidos durante el periodo que abarcaron las precampañas en cita, fue de 3840 (tres mil ochocientos cuarenta) promocionales por cada una de las emisoras de las que Televisión Azteca, S.A. de C.V. es concesionaria.

En ese orden de ideas, es de referir que el periodo del incumplimiento denunciado, fue del once de enero al dos de febrero del presente año, o sea únicamente de veintitrés días por lo que el total de la pauta para dicho período comprendía un total de 2,208 (dos mil doscientos ocho) promocionales de partidos políticos y de autoridades.

Con base en lo expuesto, a continuación se insertan unas tablas en las que se evidencia los porcentajes que representan el incumplimiento de cada una de las emisoras denunciadas respecto al total del periodo de la etapa del proceso electoral correspondiente, así como durante el periodo que comprendió la vista realizada por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión de este Instituto:

De la anterior tabla, se desprende que la concesionaria tuvo un comportamiento durante el periodo denunciado en la vista, de omitir los promocionales de autoridades electorales y partidos políticos en los porcentajes que en el mismo se indican, lo que evidencia la magnitud de dicho incumplimiento.

Bajo esa línea argumentativa, los artículos 55 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 19 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral regula que los 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión que el Instituto Federal Electoral tiene a su disposición a partir de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral deberá asignar el tiempo, tomando en cuenta 3 horarios de transmisión, siendo estos el de las 6:00 a las 12:00, de las 12:00 a las 18:00 y de las 18:00 a las 24:00.

Asimismo, el tiempo de referencia será distribuido en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; al respecto, es de referir que durante los horarios comprendidos de las 6:00 a las 12:00 y de las 18:00 a las 24:00 horas, se pautan 3 minutos por cada hora de transmisión y en el comprendido de las 12:00 a las 18:00 horas, se pautan 2 minutos; por lo que si los incumplimientos se realizan en las dos franjas horarias citadas en primer término, esta autoridad considera que el incumplimiento es más grave, justamente porque en dichos horarios se pauta un minuto adicional por una experiencia de incremento en las audiencias, a efecto de que los partidos políticos y las autoridades electorales accedan a la prerrogativa constitucional y legal a que tienen derecho con el objeto de cumplir con las finalidades y obligaciones de las cuales se encuentran revestidos.

En el presente asunto, de la relación de incumplimientos que se agregó como anexo a la vista presentada por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos se desprende que los promocionales omitidos se incumplieron de la siguiente forma de acuerdo a los horarios antes citados:

EMISORA XHVAD-TV

Cabe señalar que durante las dos franjas horarias en donde se pautan 3 minutos por cada hora de transmisión la emisora XHVAD-TV omitió difundir 1,154 (mil ciento cincuenta y cuatro) promocionales de las autoridades electorales y partidos políticos.

EMISORA XHDH-TV

Durante las dos franjas horarias en donde se pautan 3 minutos por cada hora de transmisión la emisora XHDH-TV omitió difundir 1,138 (mil ciento treinta y ocho) promocionales de las autoridades electorales y partidos políticos.

EMISORA XHKYU-TV

Así, es de destacar que la emisora XHKYU-TV durante las dos franjas horarias en las que se pautan 3 minutos por cada hora de transmisión omitió difundir 1,161 (mil ciento sesenta y un) promocionales de las autoridades electorales y partidos políticos.

EMISORA XHMEY-TV

Por su parte, la emisora con distintivo XHMEY-TV omitió difundir 1,151 (mil ciento cincuenta y un) promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos durante las dos franjas horarias en donde se pautan 3 minutos por cada hora de transmisión.

De lo antes señalado se obtiene que, en términos absolutos, la mayoría de las omisiones en las que incurrieron las emisoras XHVAD-TV canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, en el estado de Yucatán, se realizaron durante los horarios en los que se pautaron 3 minutos por hora de transmisión, lo cual equivale a que durante dichas franjas horarias no se transmitieron 5830 (cinco mil ochocientos treinta) promocionales de autoridades electorales y partidos políticos durante el periodo de precampañas en el proceso electoral local en la entidad federativa en cita, específicamente del once de enero al dos de febrero del año en curso:

       De la emisora XHVAD-TV canal 10, 1154 (mil ciento cincuenta y cuatro) promocionales de los partidos políticos y de las autoridades electorales.

       De la emisora XHDH-TV canal 11(+), 1138 (mil ciento treinta y ocho) promocionales de los partidos políticos y de las autoridades electorales.

       De la emisora XHKYU-TV canal 4 (+), 1161 (mil ciento sesenta y un) promocionales de los partidos políticos y de las autoridades electorales.

       De la emisora XHMEY-TV canal 7, 1151 (mil ciento cincuenta y un) promocionales de los partidos políticos y de las autoridades electorales.

Cabe referir que esta autoridad al momento de efectuar los pautados respectivos efectúa un sorteo que sirve para definir el orden sucesivo en que se transmitirán a lo largo de la precampaña los promocionales y sigue un corrimiento de horarios vertical, es decir, no se toma como elemento definitorio la audiencia de las estaciones de radio y/o canales de televisión para la transmisión de los promocionales; en el caso, los horarios de mayor audiencia de Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, en el estado de Yucatán, por lo que únicamente puede considerar la gravedad de la infracción tomando en cuenta las tres franjas horarias que se regulan en el código electoral federal y en el reglamento de la materia.

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, por incumplir, sin causa justificada, con su obligación de transmitir los promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos los días del once de enero al dos de febrero de dos mil diez, que se encuentran especificadas en el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son:

“Artículo 354

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

[…]

f) Respecto de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

I. Con amonestación pública;

II. Con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que en el caso de concesionarios o permisionarios de radio será de hasta cincuenta mil días de salario mínimo; en caso de reincidencia hasta con el doble de los montos antes señalados, según corresponda;

III. Cuando no transmitan, conforme a las pautas aprobadas por el Instituto los mensajes, a que se refiere este capítulo, además de la multa que en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, utilizando para tal efecto el tiempo comercializable o para fines propios que la ley les autoriza.

IV. En caso de infracciones graves, como las establecidas en el artículo 350, párrafo 1, incisos a) y b), y cuando además sean reiteradas, con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por treinta y seis horas. En todo caso, cuando esta sanción sea impuesta, el tiempo de la publicidad suspendida será ocupado por la transmisión de un mensaje de la autoridad en el que se informe al público de la misma. Tratándose de permisionarios, la sanción será aplicable respecto del tiempo destinado a patrocinios.

V. Cuando la sanción anterior haya sido aplicada y el infractor reincida en forma sistemática en la misma conducta, el Consejo General dará aviso a la autoridad competente a fin de que aplique la sanción que proceda conforme a la ley de la materia, debiendo informar al Consejo.”

Toda vez que la conducta se ha calificado con una gravedad especial, y la misma infringe los objetivos buscados por el legislador al establecer un sistema electoral que permita a la autoridad electoral y a los partidos políticos, difundir entre la ciudadanía sus mensajes y programas, con el propósito de que la misma conozca los programas y postulados que éstos despliegan en sus documentos básicos, aunado a que con ello, tales institutos políticos alcanzan los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, se estima que tales circunstancias justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II del citado artículo 354 de la norma comicial federal citada, consistente en una multa, pues tal medida cumple con la finalidad correctiva de una sanción administrativa y resulta ejemplar, ya que permite disuadir la posible actualización de infracciones similares en el futuro, máxime que las previstas en las fracciones IV y V, serían de carácter excesivo, y la prevista en la fracción I sería insuficiente para lograr ese cometido.

En este orden de ideas, como se ha venido expresando, en la especie, se tomaron en cuenta por esta autoridad resolutora para calificar la conducta con una gravedad especial, los aspectos siguientes:

Que Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, violentó lo dispuesto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que omitió cumplir con su obligación de transmitir los promocionales de los partidos políticos y autoridades que se han referido a lo largo del presente fallo, durante el periodo de precampañas en el estado de Yucatán, durante el lapso comprendido entre el once de enero al dos de febrero de dos mil diez (23 días del total del periodo), transgrediendo con ello, el propósito que se busca en el electorado para que conozcan los programas y postulados tanto de las autoridades como de los institutos políticos, para que tengan una opinión más crítica, reflexiva y participativa en los asuntos políticos, además de contar con la información idónea que les permita ejercer adecuadamente sus derechos políticos electorales.

Atento a los elementos expuestos, es como advertimos que Televisión Azteca, S.A. de C.V. estuvo enterada de las pautas a las que debía sujetarse en la transmisión de los promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos para el periodo de precampañas, y no obstante que ya tenía pleno conocimiento del pautado correspondiente se abstuvo de transmitir los promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales conforme a la pauta para dicho periodo, a través de las frecuencias referidas en el párrafo que antecede, sin causa justificada, por tanto queda plenamente configurada la intencionalidad en que incurrió la televisora aludida, ya que teniendo plena conciencia y conocimiento de lo ordenado por la autoridad electoral, incumplió sistemáticamente con la obligación constitucional a que se encuentra sujeta.

Con base en el análisis expuesto, la trasgresión de la empresa Televisión Azteca S.A. de C.V. adquiere una trascendencia particular, por la que se ha considerado aplicar una multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, como la máxima sanción pecuniaria aplicable. Lo anterior, precisamente por los bienes jurídicos que vulneró; la magnitud y lo sistemático del incumplimiento a la normatividad; la poca cooperación de la empresa Televisión Azteca S.A. de C.V. con la autoridad a efecto de cumplir con las obligaciones que le fueron impuestas por el legislador permanente al realizarse la reforma constitucional y legal en la materia en los años 2007 y 2008; y el contexto en el que ocurrieron las infracciones, dentro de un proceso electoral local, en el que tanto los partidos políticos como las autoridades electorales se vieron afectadas en sus prerrogativas de radio y televisión, mismas a las que únicamente pueden acceder a través de los tiempos pautados por el Instituto Federal Electoral.

En consecuencia, resulta atinente precisar que la determinación del monto de la sanción a imponer, se establece  tomando en cuenta el grado de incumplimiento de la pauta por la hoy denunciada, el periodo total de la pauta (cuarenta días), el total de promocionales e impactos ordenados en la pauta (3,840), el periodo y número de promocionales o impactos que comprenden la infracción (23 días y 2,208), la trascendencia del momento de transmisión en atención a las tres franjas horarias que se utilizan para elaborar las pautas, cobertura en la que se cometió la infracción, la temporalidad en que se cometió la infracción (precampañas locales en el estado Yucatán), la intencionalidad, la reincidencia del sujeto infractor, la capacidad socioeconómica, es decir, se atendieron a todas las circunstancias objetivas y subjetivas del caso.

Cabe agregar que la pauta debe ser considerada como la obligación jurídica que distribuye el tiempo disponible entre partidos políticos y autoridades electorales, diariamente, como ha quedado precisado la unidad básica en la que se determina y reparte el tiempo del Estado es el día calendario.

Amén de lo expuesto, debe considerar que Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, fue notificada a través del oficio número DEPPP/STCRT/12485/2009, el día veinte de noviembre de dos mil nueve de la pauta para el periodo de precampañas, esto es con cuarenta y cinco días de anticipación a la fecha en que estaba obligada a realizar la transmisión de los promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos, a través de las señales antes referidas, toda vez que es un hecho conocido que el periodo de precampañas en el proceso comicial que se desarrolló en dicha entidad federativa inició el día cinco de enero del presente año. Con base en lo expuesto, la concesionaria denunciada faltó a su obligación de difundir un total de cinco mil ochocientos treinta [5830] promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales, sólo en el periodo del once de enero al dos de febrero de dos mil diez, aun cuando recibió y conoció los materiales que debía transmitir con tiempo suficiente.

Por lo tanto, de conformidad con la Tesis Relevante S3EL 028/2003, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, e identificada con el rubro “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”, y en concordancia con el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del código comicial federal vigente, cuando los concesionarios no transmitan o lo hagan no conforme a las pautas aprobadas por el Instituto los mensajes y programas de los partidos políticos y autoridades electorales, se les sancionará con multa de uno a cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Cabe considerar que, el límite para las multas que se pueden imponer a los concesionarios o permisionarios, es de cien mil días de salario mínimo general vigente, con independencia de las razones que se hayan tenido para ello.

En tal virtud, la sanción correspondiente se debe aplicar por cada canal de televisión, aunque la concesionaria sea la misma persona, toda vez que la obligación de transmitir los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales existe respecto de cada emisora.

Al respecto, conviene reproducir el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-247/209, en el que medularmente sostuvo:

“(…)

Como se puede advertir con toda claridad de las disposiciones antes transcritas, la obligación de los concesionarios de radio y televisión, de poner a disposición de la autoridad electoral federal determinados minutos por cada hora de transmisión, se da en razón de cada emisora y no por la persona física o moral concesionaria.

De tal forma, el hecho de que se haya impuesto la multa en función de cada uno de los canales de la televisora en los cuales se omitieron los mensajes para su retrasmisión en televisión restringida, resulta conforme a Derecho, porque la obligación existe respecto de cada emisora.

Esto es, el sistema de acceso a radio y televisión establecido por el Poder Revisor de la Constitución, se previó considerando en forma individual a las emisoras, pues cada una de ellas tiene la obligación de poner a disposición del órgano encargado de la administración de tiempos en radio y televisión, en materia electoral, un determinado tiempo de transmisión por cada hora transcurrida, dentro de un horario previsto en la Constitución General de la República, que comprende de las seis a las veinticuatro horas.

Ahora bien, en el caso concreto, como ha quedado razonado a lo largo de esta ejecutoria, la conducta infractora provocó que dos concesionarias titulares de dos sistemas de televisión restringida, respectivamente, no cumplieran con su obligación de retransmitir los mensajes contenidos en las señales que recibió de Televisión Azteca S.A. de C.V., toda vez que ilegalmente fueron bloqueadas. Consecuentemente si se modificó la señal de cada uno de los canales de televisión enviados a terceros, es dable concluir que la sanción correspondiente se debe aplicar por cada canal de televisión, aunque la concesionaria sea la misma persona, por lo que en el caso, no se violan los principios de legalidad, certeza y objetividad como lo afirma el partido político apelante.

(…)”

Como se observa, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha sostenido que la imposición de una multa en función de cada uno de los canales de la televisora en los que se haya omitido la difusión de los mensajes de partidos políticos y autoridades electorales, resulta conforme a Derecho, porque la obligación existe respecto de cada emisora.

Asimismo, resulta atinente precisar que el monto de la sanción a imponer, se determina tomando en cuenta el grado de incumplimiento de la pauta por la hoy denunciada, el periodo total de la pauta (cuarenta días), el total de promocionales e impactos ordenados en la pauta (3,840), el periodo y número de promocionales o impactos que comprenden a la infracción (23 días y 2,208), la trascendencia del momento de transmisión en atención a las tres franjas horarias que se utilizan para elaborar las pautas, cobertura en la que se cometió la infracción, la temporalidad en que se cometió la infracción (precampañas locales en el estado Yucatán), la intencionalidad, la reincidencia del sujeto infractor, la capacidad socioeconómica, es decir, se atienden a todas las circunstancias objetivas y subjetivas del caso.

En tal virtud, tomando en consideración que Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de la emisora con distintivo XHVAD-TV, canal 10, en el estado de Yucatán, omitió transmitir mil cuatrocientos cincuenta y cuatro (1454) mensajes y promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos conforme al pautado aprobado por esta autoridad, dentro del periodo de precampañas, específicamente del once de enero al dos de febrero de dos mil diez; que la conducta se realizó de manera intencional dentro de un proceso comicial local, y el daño que se generó a las autoridades electorales y a los partidos políticos de conformidad con el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del ordenamiento legal ya citado, se debe imponer a Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de la emisora con distintivo XHVAD-TV, canal 10, una sanción consistente en una multa de cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en dos mil diez, lo que equivale a la cantidad de $5,746,000.00 (cinco millones setecientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.).

Ahora bien, tomando en consideración que la denunciada ha sido reincidente en este tipo de omisiones, toda vez que ha sido sancionada por la comisión de conductas contraventoras a lo previsto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a los precedentes aludidos en el cuerpo de la presente, y conforme a lo dispuesto en el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del código comicial electoral; lo procedente es imponer a Televisión Azteca, S.A. de C.V., una multa de doscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el año dos mil diez, equivalentes a la cantidad de $11’492,000.00 (once millones cuatrocientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.), por lo que hace a las omisiones en que incurrió la emisora con distintivo XHVAD-TV, canal 10, en el estado de Yucatán.

En tal virtud, tomando en consideración que Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de la emisora con distintivo XHDH-TV canal 11(+), en el estado de Yucatán, omitió transmitir mil cuatrocientos cuarenta y nueve (1449) mensajes y promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos conforme al pautado aprobado por esta autoridad, dentro del periodo de precampañas, específicamente del once de enero al dos de febrero de dos mil diez; que la conducta se realizó de manera intencional dentro de un proceso comicial local, y el daño que se generó a las autoridades electorales y a los partidos políticos de conformidad con el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del ordenamiento legal ya citado, se debe imponer a Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de la emisora con distintivo XHDH-TV canal 11 (+), una sanción consistente en una multa de cien mil días de salario mínimo general vigente en el  Distrito Federal en dos mil diez, lo que equivale a la cantidad de $5,746,000.00 (cinco millones setecientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.).

Ahora bien, tomando en consideración que la denunciada ha sido reincidente en este tipo de omisiones, toda vez que ha sido sancionada por la comisión de conductas contraventoras a lo previsto  en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a los precedentes aludidos en el cuerpo de la presente, y conforme a lo dispuesto en el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del código comicial electoral; lo procedente es imponer a Televisión Azteca, S.A. de C.V., una multa de doscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el año dos mil diez, equivalentes a la cantidad de $11’492,000.00 (once millones cuatrocientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.), por lo que hace a las omisiones en que incurrió la emisora con distintivo XHDH-TV canal 11(+), en el estado de Yucatán.

En tal virtud, tomando en consideración que Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de la emisora con distintivo XHKYU-TV canal 4 (+), en el estado de Yucatán, omitió transmitir mil cuatrocientos ochenta y ocho (1488) mensajes y promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos conforme al pautado aprobado por esta autoridad, dentro del periodo de precampañas, específicamente del once de enero al dos de febrero de dos mil diez; que la conducta se realizó de manera intencional dentro de un proceso comicial local, y el daño que se generó a las autoridades electorales y a los partidos políticos de conformidad con el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del ordenamiento legal ya citado, se debe imponer a Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de la emisora con distintivo XHKYU-TV canal 4 (+), una sanción consistente en una multa de cien mil días de salario mínimo general vigente en el  Distrito Federal en dos mil diez, lo que equivale a la cantidad de $5,746,000.00 (cinco millones setecientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.).

Ahora bien, tomando en consideración que la denunciada ha sido reincidente en este tipo de omisiones, toda vez que ha sido sancionada por la comisión de conductas contraventoras a lo previsto  en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a los precedentes aludidos en el cuerpo de la presente, y conforme a lo dispuesto en el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del código comicial electoral; lo procedente es imponer una multa a Televisión Azteca, S.A. de C.V., de doscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el año dos mil diez, equivalentes a la cantidad de $11’492,000.00 (once millones cuatrocientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.), por lo que hace a las omisiones en que incurrió la emisora con distintivo XHKYU-TV canal 4 (+), en el estado de Yucatán.

En tal virtud, tomando en consideración que Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de la emisora con distintivo XHMEY-TV canal 7, en el estado de Yucatán, omitió transmitir mil cuatrocientos treinta y nueve (1439) mensajes y promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos conforme al pautado aprobado por esta autoridad, dentro del periodo de precampañas, específicamente del once de enero al dos de febrero de dos mil diez; que la conducta se realizó de manera intencional dentro de un proceso comicial local, y el daño que se generó a las autoridades electorales y a los partidos políticos de conformidad con el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del ordenamiento legal ya citado, se debe imponer a Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de la emisora con distintivo XHMEY-TV canal 7, una sanción consistente en una multa de cien mil días de salario mínimo general vigente en el  Distrito Federal en dos mil diez, lo que equivale a la cantidad de $5,746,000.00 (cinco millones setecientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.).

Ahora bien, tomando en consideración que la denunciada ha sido reincidente en este tipo de omisiones, toda vez que ha sido sancionada por la comisión de conductas contraventoras a lo previsto  en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a los precedentes aludidos en el cuerpo de la presente, y conforme a lo dispuesto en el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del código comicial electoral; lo procedente es imponer a Televisión Azteca, S.A. de C.V., una multa de doscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el año dos mil diez, equivalentes a la cantidad de $11’492,000.00 (once millones cuatrocientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.), por lo que hace a las omisiones en que incurrió la emisora con distintivo XHMEY-TV canal 7, en el estado de Yucatán.

En este sentido, la suma total de las multas impuestas a Televisión Azteca S.A. de C.V. asciende a un monto que equivale a la cantidad de $45’968,000.00 (Cuarenta y cinco millones novecientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N).

Con relación al monto de las sanciones impuestas al concesionario denunciado, esta autoridad considera que las mismas resultan proporcionales con la falta acreditada, atendiendo a los elementos objetivos y subjetivos que convergen en el presente caso (y a los cuales ya se hizo alusión en cada uno de los apartados precedentes), a efecto de dar cumplimiento a los extremos constitucionales y legales, relativos a que toda resolución debe estar debidamente fundada y motivada.

Al respecto, se considera aplicable la siguiente jurisprudencia, a saber:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (Legislación de Aguascalientes y similares).—Conforme se dispone en el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, los acuerdos, resoluciones o sentencias que pronuncien el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, los consejos distritales y municipales, así como el tribunal local electoral deben contener, entre otros requisitos, los fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de base para la resolución o sentencia, de lo que se deduce que es la sentencia, resolución o acuerdo, entendido como un acto jurídico completo y no en una de sus partes, lo que debe estar debidamente fundado y motivado, por lo que no existe obligación para la autoridad jurisdiccional de fundar y motivar cada uno de los considerandos en que, por razones metodológicas, divide una sentencia o resolución, sino que las resoluciones o sentencias deben ser consideradas como una unidad y, en ese tenor, para que cumplan con las exigencias constitucionales y legales de la debida fundamentación y motivación, basta que a lo largo de la misma se expresen las razones y motivos que conducen a la autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido a su competencia o jurisdicción y que señale con precisión los preceptos constitucionales y legales que sustenten la determinación que adopta.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-056/2001.—Partido del Trabajo.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-377/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-383/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 36-37, Sala Superior, tesis S3ELJ 05/2002.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 141-142.”

Por último, es de referir que esta autoridad considera que en el caso se utiliza el tope máximo previsto en la ley para los casos de reincidencia, porque como se ha expuesto en el apartado respectivo, la hoy denunciada ha mostrado poco ánimo de cooperación con esta autoridad en el cumplimiento de la obligación que le fue impuesta por el legislador permanente al realizarse la reforma constitucional y legal en la materia de los años 2007 y 2008, toda vez que como se ha evidenciado con antelación el actuar de la hoy denunciada ha lesionado la intensión del legislador, en el sentido de que el poder del dinero no influya en el correcto desarrollo de los procesos comiciales y junto con ello se ha afectado el derecho de los ciudadanos a contar con la información adecuada que le permita formarse una opinión más crítica y reflexiva respecto de los asuntos políticos del país e incluso conocer a cabalidad el ejercicio de sus derechos político- electorales.

Amén de lo argumentado, esta autoridad considera que el actuar reiterado y sistemático de Televisión Azteca, S.A. de C.V., respecto a la obligación impuesta en el artículo 41, Base III de la Carta Magna en relación con el numeral 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no debe seguir actualizándose, por las implicaciones y afectaciones que puede generar tanto en el desarrollo de los procesos comiciales como fuera de ellos; en consecuencia, esta autoridad estima que la aplicación del monto máximo en el caso de reincidencia, y más aún con la intensidad de los incumplimientos que constan en cada uno de los expedientes en los que se ha sancionado a la empresa Televisión Azteca S.A. de C.V. y en éste, se justifica en el hecho de que la hoy denunciada no ha tenido un ánimo de cooperación con el Instituto Federal Electoral en el cumplimiento de su obligación tanto constitucional como legal para difundir las pautas aprobadas por éste.

Asimismo, es de resaltar que el actuar reiterado de la hoy denunciada merecería la imposición de una sanción mayor pero tal como se deprende de lo previsto en el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la imposición de la pena que esta autoridad puede determinar se encuentra sujeta a un tope, que en el caso es “hasta el doble de la sanción impuesta”, motivo por el cual y en aras de actuar de conformidad con el principio de legalidad al que se debe apegar toda autoridad en el ejercicio de sus atribuciones es que se determina que ante la configuración de la reincidencia por parte de Televisión Azteca, S.A. de C.V., lo procedente es imponer el doble de la sanción fijada por cada una de las emisoras antes señaladas.

En consecuencia, y tomando en cuenta que es un hecho conocido que las sanciones deben tener un efecto inhibitorio en el infractor con el fin de que no sea reincidente en la comisión de la conducta es que se considera que el monto impuesto por la reincidencia es el adecuado, máxime que no debe olvidarse que la finalidad de la sanción administrativa debe constituir una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro.

Al respecto es importante agregar que se impone el máximo de la sanción por reincidencia tomando en consideración que Televisión Azteca ha sido sancionada con anterioridad por esta autoridad por cinco ocasiones como quedo precisado en el aparado correspondiente de esta resolución, lo que pone de manifiesto que no se trata de una conducta aislada sino de un actuar intencional y sistemático de no cumplir con el mandato constitucional y legal de transmitir la pauta de los promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos, pues consistentemente ha argumentado que no se encontraba obligada a ello conforme a su título concesión y su capacidad de bloqueo (argumentos que han sido desvirtuados por resoluciones del propio Tribunal Federal Electoral, en los precedentes señalados en el apartado ya referido), De ahí, que su actuar no sólo puede calificarse de poco cooperativa con la autoridad electoral sino incluso de renuente en acatar las obligaciones derivadas del marco legal electoral.

Así, se estima que la omisión de Televisión Azteca, S.A. de C.V., causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, ya que durante el proceso electoral que se está desarrollando en el estado de Yucatán, específicamente, en el periodo comprendido del once de enero al dos de febrero del presente año, omitió transmitir 5,830 (cinco mil ochocientos treinta) promocionales que habían sido aprobados en la pauta respectiva, a efecto de lograr los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados tanto a las autoridades electorales como a los partidos políticos.

La anterior consideración es acorde con el derecho que tienen las autoridades de usar de manera permanente los medios de comunicación social, con el fin de lograr los objetivos y finalidades que se encuentran regulados en la ley, ya que es a través de los mensajes que éstas difunden en los medios de comunicación de radio y televisión que se garantiza el ejercicio de las actividades que les han sido encomendadas constitucional y legalmente, relativas a la capacitación electoral, educación cívica y al padrón y lista de electores, actividades necesarias para la cultura democrática de nuestro país, prerrogativa que se encuentra regulada en el artículo 41, fracción III, Apartado B, inciso b) de la Constitución Federal.

En consecuencia, como se ha venido evidenciando a lo largo del presente fallo, Televisión Azteca, S.A. de C.V., causó un daño a los objetivos buscados por el legislador, toda vez que la referida concesionaria conocía su obligación de transmitir a través de sus emisoras XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, los promocionales de las autoridades electorales y de los partidos políticos, durante el periodo de precampañas en dicho proceso comicial; no obstante ello, omitió hacerlo, violando la exigencia prevista en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del código federal electoral.

En ese sentido, dicho comportamiento debe interpretarse como una falta de cooperación grave con la autoridad administrativa electoral federal, para la difusión de los mensajes a que tienen derecho las autoridades electorales y los partidos políticos, en términos de lo expresado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción

Al respecto, se estima que la omisión de Televisión Azteca, S.A de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, causa un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, ya que durante el periodo de precampañas en el estado de Yucatán, el cual comenzó el día cinco de enero de dos mil nueve, omitió transmitir cinco mil ochocientos treinta [5830] promocionales de los partidos políticos y de las autoridades, del día once de enero al dos de febrero de dos mil diez, que habían sido aprobados en la pauta respectiva, a efecto de lograr los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados a dichos entes con el propósito de que difundan sus finalidades, objetivos, obligaciones, etc.

En consecuencia, como se ha venido evidenciando a lo largo del presente fallo, Televisión Azteca, S.A de C.V., causó un daño a los objetivos buscados por el legislador, toda vez que la referida concesionaria conocía su obligación de transmitir a través de las señales XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, los promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos, del día once de enero al dos de febrero de dos mil diez, no obstante, omitió hacerlo, violando la exigencia prevista en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del código federal electoral.

En ese sentido, dicho comportamiento debe interpretarse como una falta de cooperación con la autoridad administrativa electoral federal, para la difusión de los mensajes a que tienen derecho las autoridades electorales y los partidos políticos, en términos de lo expresado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, máxime que es un hecho conocido que dichos entes únicamente pueden acceder a esos medios de comunicación a través de los tiempos pautados por el Instituto Federal Electoral, por lo cual quedan a merced de que los concesionarios y/o permisionarios de radio y/o televisión den cabal cumplimiento a su obligación de transmitir las pautas aprobadas y ordenadas por éste.

Las condiciones socioeconómicas del infractor

Adicionalmente, es menester precisar que dada la cantidad que se impone como multa a la televisora aludida, en comparación con el promedio de activos financieros, promedio de activos fijos y diferidos y la suma del activo que dicha compañía tiene, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Para afirmar lo anterior, esta autoridad trae a acotación el contenido del Reporte de Declaraciones Anuales que fue proporcionado por el Administrador Central de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Lic. Juana Martha Avilés González, en respuesta al oficio UFRPPP/DRNC/3584/2009, girado por el Director General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. (Es de referirse que se agregó a los autos del presente expediente copia del reporte antes señalada)

Al respecto, resulta importante destacar que la información antes referida se encuentra vigente, en razón de que conforme a la normatividad fiscal federal, Televisión Azteca S.A de C.V. tiene como fecha límite para presentar su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio de dos mil nueve, a más tardar el día treinta y uno de marzo de este año, razón por la cual esta autoridad se vio obligada a tomar en consideración los datos en cuestión.

La información de que se trata tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 359, apartado 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 45, párrafos 1 y 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 2009, porque se trata de documentales públicas expedidas por el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la Declaración Anual del Ejercicio 2009, presentados por Televisión Azteca, S.A. de C.V., declaración que corresponde al tipo “Normal” y que al ser la última presentada y registrada ante la autoridad precitada, constituye la declaración definitiva del ejercicio 2009, misma que valorada en su conjunto en atención a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral permiten determinar que Televisión Azteca, S.A. de C.V. manifestó que la utilidad fiscal del ejercicio 2009 es de $272’367,343.00 (doscientos setenta y dos millones trescientos sesenta y siete mil trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), lo que lleva a esta autoridad electoral a considerar que lógicamente la capacidad económica de la persona moral de mérito no puede ser afectada con la multa que se impone ni ésta es confiscatoria o resulta desproporcionada, pues equivale al 16.877% de la utilidad fiscal (porcentajes expresados hasta el tercer decimal, salvo error u omisión de carácter aritmético).

Por consiguiente, la información en comento genera en esta autoridad ánimo de convicción y valor probatorio idóneo para afirmar que el monto de la sanción impuesta, en forma alguna puede calificarse como excesivo, o bien, de carácter gravoso para Televisión Azteca, S.A. de C.V.

Asimismo, se considera que debido a la gravedad de la falta, así como las circunstancias subjetivas y objetivas que quedaron acreditadas, se estima que la multa impuesta es la adecuada, toda vez que las sanciones deben resultar una medida ejemplar para que el infractor no cometa de nueva cuenta la conducta irregular, máxime que en el caso quedó acreditado que el total de incumplimientos denunciados fue por un total de 5,830 (cinco mil ochocientos treinta) los cuales acontecieron de la siguiente manera por cada una de las emisoras hoy denunciadas tomando en consideración el total del periodo de precampañas contenido en la pauta emitida por esta autoridad:

Ahora bien, tomando en cuenta únicamente el periodo que abarca la vista, es decir, del once de enero al dos de febrero de dos mil diez (veintitrés días), periodo en el cual cada emisora debió transmitir 96 promocionales por día, las omisiones aludidas representan los porcentajes siguientes:

Finalmente, resulta inminente apercibir a la responsable de que en caso de no cumplir con la obligación de saldar la multa impuesta, resultará aplicable lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 355 del Código de la materia, en el sentido de dar vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable, así como de que una vez cumplida la obligación de transmitir los programas en cuestión, en caso de reincidir en la omisión, resultará aplicable lo dispuesto en los párrafos IV y, en su caso, V del inciso f) del artículo 354 del código de la materia.

NOVENO. Que en atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, párrafos 1 y 2; 109, párrafo 1 y 370, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 118, párrafo 1, incisos h), w) y z) del ordenamiento legal en cita, este Consejo General emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. En cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ejecutoria recaída al expediente SUP-RAP-34/2010, se reindividualiza la sanción correspondiente a la persona moral Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras con distintivos XHVAD-TV, canal 10, XHDH-TV canal 11(+), XHKYU-TV canal 4 (+) y XHMEY-TV canal 7, todas en el estado de Yucatán, en términos de lo establecido en el considerando OCTAVO de este fallo.

SEGUNDO.- Se impone a la persona moral denominada Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de XHVAD-TV, canal 10, una sanción consistente en una multa de doscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el año dos mil diez, equivalentes a la cantidad de $11’492,000.00 (once millones cuatrocientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.), en términos de lo establecido en el considerando OCTAVO de este fallo.

TERCERO.- Se impone a la persona moral denominada Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de XHDH-TV canal 11(+), en el estado de Yucatán, una sanción consistente en una multa de doscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el año dos mil diez, equivalentes a la cantidad de $11’492,000.00 (once millones cuatrocientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.), en términos de lo establecido en el considerando OCTAVO de este fallo.

CUARTO.- Se impone a la persona moral denominada Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de XHKYU-TV canal 4 (+), en el estado de Yucatán, una sanción consistente en una multa de doscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el año dos mil diez, equivalentes a la cantidad de $11’492,000.00 (once millones cuatrocientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.), en términos de lo establecido en el considerando OCTAVO de este fallo.

QUINTO.- Se impone a la persona moral denominada Televisión Azteca, S.A. de C.V., concesionaria de XHMEY-TV canal 7, en el estado de Yucatán, una sanción consistente en una multa de doscientos mil días de salario mínimo general vigente en Distrito Federal durante el año dos mil diez, equivalentes a la cantidad de $11’492,000.00 (once millones cuatrocientos noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.), en términos de lo establecido en el considerando OCTAVO de este fallo.

SEXTO.- En términos del artículo 355, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, el monto de las multas antes referidas deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral (sita en Periférico Sur 4124, primer piso, Col. Exhacienda de Anzaldo, Código Postal 01090, en esta ciudad capital), dentro del plazo de quince días siguientes a la legal notificación de la presente determinación; lo anterior en virtud de que en términos del último párrafo del artículo 41 de la Carta Magna, así como lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su caso, la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales en la presente materia, no producirá efectos suspensivos sobre la Resolución o el acto impugnado.

SÉPTIMO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o Resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o Resolución impugnada.

OCTAVO.- En caso de que Televisión Azteca, S.A. de C.V., con Registro Federal de Contribuyentes TAZ920907P21 y domicilio ubicado en Periférico Sur 4121, Col. Fuentes del Pedregal, C.P. 08700, Deleg. Tlalpan, México D.F., y cuyos representantes legales según consta en autos son los CC. Francisco Javier Hinojosa Linage, José Guadalupe Botello Meza y José Luis Zambrano Porras, incumpla con los resolutivos identificados como SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO del presente fallo, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo previsto en el Convenio para el control y cobro de créditos fiscales determinados por el Instituto Federal Electoral, derivados de multas impuestas por infracciones relativas a los incisos b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

NOVENO.- A efecto de dar debido cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-34/2010, notifíquesele la presente determinación por oficio dentro de las veinticuatro horas siguientes a la emisión de esta Resolución acompañando la documentación justificatoria respectiva.

DÉCIMO.- Notifíquese a las partes la presente Resolución en término de ley.

DÉCIMO PRIMERO.- En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de mayo de dos mil diez, por votación unánime de los Consejeros Electorales Maestro Virgilio Andrade Martínez, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Licenciado Marco Antonio Gómez Alcántar, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita.

Se aprobó en lo particular la Individualización de la Sanción, por seis votos a favor de los Consejeros Electorales Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales Maestro Virgilio Andrade Martínez, Licenciado Marco Antonio Gómez Alcántar y Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre.

La resolución sancionadora fue notificada, a Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, el veinticinco de mayo de dos mil diez, como se advierte de la cédula de notificación que, en original, obra a fojas dos mil quinientas treinta a dos mil quinientas treinta y una del expediente del procedimiento especial sancionador SCG/PE/CG/027/2010.

II. Segundo recurso de apelación. Disconforme con esa resolución, mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diez, en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado, promovió el recurso de apelación que ahora se resuelve.

III. Tercero interesado. Del informe circunstanciado y de las constancias relativas a la tramitación del recurso de apelación al rubro identificado se advierte que no compareció tercero interesado alguno.

Cabe precisar que el plazo para ello transcurrió de las dieciocho horas del treinta y uno de mayo a las dieciocho horas del tres de junio de dos mil diez, según constancia emitida por el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que obra a foja ochenta y nueve del expediente al rubro indicado; sin que se advierta de las constancias que obran en autos escrito de comparecencia alguno.

IV. Trámite y remisión de expediente. Cumplido el trámite del recurso de apelación, el cuatro de junio de dos mil diez, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral remitió, mediante oficio SCG/1319/2010, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el mismo día, el expediente ATG-066/2010, integrado con motivo del recurso de apelación promovido por Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Entre los documentos remitidos, en el expediente administrativo, obra el correspondiente escrito original de demanda de apelación y el respectivo informe circunstanciado, de la autoridad responsable.

Además, la autoridad responsable envió, anexo al oficio SCG/1319/2010, el expediente del procedimiento administrativo especial sancionador, identificado con la clave SCG/PE/CG/027/2010, cuya resolución es objeto de controversia en el recurso de apelación que se resuelve.

V. Turno a Ponencia. Mediante proveído de cuatro de junio de dos mil diez, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior acordó integrar el expediente SUP-RAP-65/2010, con motivo del recurso de apelación precisado en el resultando II que antecede.

En su oportunidad, el expediente fue turnado a la Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VI. Radicación. Por acuerdo de siete de junio de dos mil diez, el Magistrado Instructor acordó la radicación, en la Ponencia a su cargo, del recurso de apelación SUP-RAP-65/2010, para su correspondiente substanciación.

VII. Apertura de caja con pruebas. Mediante proveído de siete de junio de dos mil diez, el Magistrado Instructor ordenó llevar a cabo una diligencia a efecto de constatar el contenido de la caja remitida por el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral. La diligencia se llevó a cabo el nueve de junio del año en que se actúa y su resultado se hizo constar en el acta circunstanciada que obra en autos.

VIII. Admisión. Mediante proveído de catorce de junio de dos mil diez, el Magistrado Instructor admitió la demanda de recurso de apelación que se resuelve.

IX. Cierre de instrucción. Por acuerdo de veintiuno de julio de dos mil diez, al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, con lo cual el recurso quedó en estado de resolución, ordenando formular el respectivo proyecto de sentencia, y

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver este medio de impugnación, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracciones III, inciso a), y V y 189, fracciones I, inciso c), y II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 4, 42 y 44 párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un recurso de apelación promovido por Televisión Azteca Sociedad Anónima de Capital Variable para controvertir la resolución CG163/2010, emitida el diecinueve de mayo de dos mil diez en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave de expediente SCG/PE/CG/027/2010.

SEGUNDO. Conceptos de agravio: En su escrito de demanda, la apelante expuso los siguientes conceptos de agravio:

AGRAVIOS.

PRIMERO.- La RESOLUCIÓN RECURRIDA viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Medios de Impugnación, de aplicación supletoria al COFIPE, en virtud de los siguientes razonamientos:

I.- En la RESOLUCIÓN RECURRIDA (fojas 15 a 19) el Consejo reconoce que de la ejecutoria dictada en el expediente identificado con el número SUP-RAP 34/2010, se advierte que en la parte conducente de dicha ejecutoria la Sala Superior determinó lo siguiente:

- Que resultaba fundado el agravio hecho valer por la apelante en el sentido de que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación al imponer una multa excesiva, señalando que el criterio empleado para cuantificar la misma fue el porcentaje que implicaron los incumplimientos frente a la totalidad de la pauta que debería ser aplicada en el periodo denunciado, respecto al monto máximo de cien mil días de salario, sin que se hubiera fundado y motivado tal criterio.

- Que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las determinaciones en materia electoral deben cumplir con los principios de legalidad y constitucionalidad, lo cual se traduce a que todos los actos deben cumplir con los requisitos formales de debida fundamentación y motivación.

- Que en el ejercicio del derecho administrativo sancionador que constituye un ius puniendi (facultad de imponer penas, propias de la autoridad jurisdiccional), la manifestación de cumplimiento del deber de motivación se hace patente cuando además de exponerse las razones y circunstancias que impulsan la determinación, la autoridad, en su calidad de garante de la legalidad, atiende que entre la acción u omisión demostrados y las consecuencias de derecho exista proporcionalidad.

- Que la Sala Superior ha establecido que para cumplir con dicho principio la autoridad administrativa electoral, para individualizar la sanción, debe ponderar las circunstancias que rodean el quebrantamiento de la norma las cuales son:

La gravedad de la falta o infracción;

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

La comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados;

La trascendencia de la norma violada;

Las condiciones socioeconómicas del infractor;

Las circunstancias externas y los medios de ejecución;

La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; y

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

- Que conforme a las circunstancias antes referidas la potestad sancionadora se encuentra condicionada a ponderar determinadas condiciones objetivas y subjetivas relativas a la conducta y al infractor que le permitan individualizar la sanción a imponer bajo parámetros de justicia y equidad, proporcionalidad y legalidad, de tal manera que, dicha consecuencia jurídica no resulte desproporcionada ni gravosa, pero sí eficaz para lograr el objetivo que persigue la facultad punitiva, a saber: la ejemplaridad de la pena y disuadir a dicho responsable la intención de volver a cometer la infracción.

- Que la Sala Superior consideró que al imponerse el monto de la sanción cuando la conducta se trate de omisión en la transmisión de promocionales de autoridades electorales y de partidos políticos, esta autoridad además de los elementos indicados en el artículo 355, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos:

El período total de la pauta de que se trate;

El total de promocionales e impactos ordenados en la pauta;

El período y número de promocionales e impactos que comprende la infracción respectiva; y

La trascendencia del momento de la transmisión, horario y cobertura en que se haya cometido la infracción.

- Que las anteriores consideraciones constituyen parámetros que permiten individualizar razonablemente el monto de la sanción a imponer, a efecto de que dicha cantidad guarde relación con las condiciones en las que se cometió la infracción bajo parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad.

- Que como regla general puede adoptarse, que entre mayores sean el período de la infracción y el número de promocionales omitidos respecto de las pautas ordenadas para ese período, el monto de la sanción a imponer debe ser más alto que cuando el período de la infracción y el número de promocionales omitidos sean menores que aquél.

- Que cuando la sanción prevista en la ley contempla un mínimo y un máximo, la responsable debe argumentar la razón por la cual determinó la multa impuesta y en el caso el Consejo General únicamente se limitó a aludir al número de promocionales que no se transmitieron en cada canal en el período investigado, pero sin exponer mayor argumentación del por qué consideró que tales sanciones eran concordantes con el número de promocionales omitidos, lo cual era necesario, a fin de que Televisión Azteca estuviera en condiciones de controvertir esas consideraciones.

- Que el código electoral federal prevé el mínimo de un día y un máximo de cien mil días, el cual se debe graduar o individualizar, dentro de esos márgenes, atendiendo a las circunstancias objetivas y subjetivas del caso concreto.

- Que el Consejo General no expresó las razones y fundamentos por las cuales consideró duplicar la sanción impuesta a Televisión Azteca respecto de la reincidencia, en razón de que, el hecho de que existan diversos precedentes en los cuales se sancionó a la propia televisora por haber incumplido con lo dispuesto en el artículo 350, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no justifica por sí, y menos determina que la intensidad de la sanción por esa reincidencia, se deba duplicar necesariamente.

- Que el Consejo General omitió fundar y motivar la determinación de las sanciones impuestas en los montos de la reincidencia ya que no razonó de qué forma dicha sanción guarda relación con el número de los promocionales omitidos por la televisora en cada uno de los canales de la cual es concesionaria, sobre todo cuando esos montos se acercan más al límite máximo que al mínimo de la sanción prevista en la ley electoral.

- Que el artículo 354, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que en caso de reincidencia se podrá sancionar a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, “hasta” con el doble de los montos señalados, según corresponda, lo cual no implica que cuando se actualice tal supuesto jurídico, automáticamente deba aumentarse al doble la sanción impuesta, sino que en caso de reincidencia se establece un nuevo tope para el órgano sancionador, por lo que no queda eximido de exponer los razonamientos jurídicos por los cuales se impone la sanción en determinada intensidad.

- Que el Consejo General debe exponer las razones por las cuales considera que las multas del reincidente deben graduarse con la intensidad que determine, es decir, para establecer su concreta graduación, el Instituto Federal Electoral debe atender los parámetros precisados, tomando en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que confluyen en la comisión del acto ilegal, sin que el simple hecho de la reincidencia justifique la aplicación automática del doble de la sanción.

- Que el Consejo General al establecer el importe de las multas impuestas a Televisión Azteca S.A. de C.V. dejó de exponer las razones concretas que la llevaron a imponer los montos de las sanciones, por lo que resulta inconcuso que dichas sanciones no se encuentran debidamente fundadas ni motivadas.

II.- Lo expuesto en el apartado anterior, constituyen los términos a partir de los cuales la Sala Superior ordenó al Consejo la reindividualización de la sanción que corresponda a Televisión Azteca por el incumplimiento que se le atribuyó en el procedimiento especial sancionador identificado con el número SCG/PE/CG/027/2010.

III.- A pesar de la claridad en que la Sala Superior precisó los lineamientos que el Consejo debía acatar y que de la RESOLUCIÓN RECURRIDA (fojas 15 a 19) se advierte que el propio Consejo conocía cabalmente dichos lineamientos, en la sesión en la que se dio cumplimiento a la ejecutoria y se aprobó la resolución impugnada, el Secretario Ejecutivo, que fue quien propuso el proyecto de resolución, formuló las siguientes manifestaciones:

“… El C. Secretario: Muchas gracias, Consejero Presidente. Señoras y señores Consejeros y representantes, efectivamente haré una presentación muy breve, simplemente para ubicar el conjunto de los Proyectos de Resolución que se presentan en este apartado del orden del día.

Los nueve tantos constituyen nueve acatamientos de igual número de sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Sólo permítame, Consejero Presidente, explicar brevemente el sentido general que animó estos Proyectos.

En primer lugar, debo decir que el Tribunal Electoral nos ha ordenado razonar y fundamentar de una manera más precisa y exhaustiva las sanciones que esta autoridad impuso a TV Azteca.

Subrayo, la Sala Superior confirmó las resoluciones del Instituto Federal Electoral y la necesidad de la sanción, pero nos obliga a extender nuestra argumentación, razonando todos los elementos que pueden constituirla. Esto es precisamente lo que hacen los nueve acatamientos, individualizar con mucha mayor precisión, explorando todos los ingredientes de la ley para imponer las sanciones.

Gracias a la sentencia del Tribunal Electoral, esta autoridad estuvo en condiciones de analizar con mayor profundidad los elementos de la individualización y gracias a ella, la fórmula que tienen en sus manos se vuelve más comprensiva y más completa.

En segundo lugar, quiero subrayar un elemento vertebral que la Sala Superior nos obligó a desarrollar, que resulta inviable y a la larga poco útil, esperar la culminación de las etapas legales: Precampaña, intercampaña y campaña para poder valorar el monto de las sanciones.

Lo que queremos afirmar es que el Instituto Federal Electoral, debe actuar lo más rápido posible, porque entendemos que nuestro papel como autoridad administrativa es corregir la irregularidad y la ilegalidad y que por tanto la eventual afectación a los procesos electorales sea la menor posible.

Por eso es que el período de vista es crucial. Una vez que los diversos informes de verificación confirman una conducta omisa, una vez que el concesionario ha sido requerido para que explique su conducta y una vez que se ha valorado su situación técnica y jurídica, el Instituto Federal Electoral no puede hacer otra cosa más que actuar con toda la celeridad a su alcance y ofrecer así las garantías a todos los partidos y autoridades de que sus prerrogativas serán respetadas.

Este Consejo General no puede perder de vista el efecto disuasivo que estas multas han tenido para inhibir y detener las conductas infractoras. Precisamente porque el Instituto Federal Electoral actuó con oportunidad y porque este Consejo General decidió sancionar, fue que el curso de los 15 procesos electorales en radio y televisión ha ocurrido prácticamente con toda normalidad.

Con estos acatamientos, el Instituto Federal Electoral, cuenta ya con un marco de certeza y claridad para guiar su actuación futura…”

IV.- Las manifestaciones que el Secretario Ejecutivo formuló en la sesión del Consejo de fecha diecinueve de mayo del año en curso, revelan Io siguiente:

1.- Que el Secretario Ejecutivo, que fue quien formuló el proyecto de resolución que se sometió a consideración del Consejo, aprobado por éste, tuvo la indebida apreciación de que en la ejecutoria dictada por la Sala Superior se confirmó el monto de las multas impuestas y que únicamente debían ampliarse los argumentos que sustentaron dicho monto “…explorando todos los ingredientes de la ley para imponer sanciones…”

2.- Que el Secretario Ejecutivo, que fue quien formuló el proyecto de resolución que se sometió a consideración del Consejo, y que fue aprobado por éste, estimó que los elementos que Sala Superior le obligó a desarrollar -refiriéndose a los lineamientos que la Sala Superior estableció en la ejecutoria dictada en el SUP-RAP-34/2010 -, resultaban inviables.

V.- Las referidas manifestaciones formuladas por el Secretario Ejecutivo, se reflejan en la RESOLUCIÓN RECURRIDA, lo que pone de manifiesto su ilegalidad, como se demuestra en este ocurso.

VI.- Al recurrir la resolución de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diez, TVA argumentó que dicha resolución carecía de la debida fundamentación y motivación al imponer una multa excesiva,

El referido argumento se declaró fundado por la Sala Superior, debiéndose destacar que la lógica de la ejecutoria que se pretendió cumplimentar en términos de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, es en el ánimo de que se reduzca la sanción, ya que incluso los agravios que la Sala Superior declaró fundados se refieren precisamente a que la sanción es excesiva.

A pesar de lo anterior, de la RESOLUCIÓN RECURRIDA se advierte que el Consejo repite exactamente los mismos montos de las multas que se impusieron a Televisión Azteca en la resolución original de fecha marzo de febrero de dos mil diez.

Lo anterior, pone de manifiesto la ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, por lo siguiente:

1.- En la RESOLUCIÓN RECURRIDA se asume que en la ejecutoria que pretende cumplimentar se confirmaron los montos de las multas originalmente impuestas a Televisión Azteca, lo cual carece de sustento, pues de dicha ejecutoria no se desprende esa circunstancia, por el contrario, como ya se dijo, la lógica de la ejecutoria es en el ánimo de que se reduzca la sanción.

2.- En la RESOLUCIÓN RECURRIDA se vuelven a cuantificar las multas en función de los mismos razonamiento esgrimidos en la resolución original, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diez, lo que resulta ilegal pues el Consejo de nueva cuenta omite razonar su determinación, sin perjuicio de que no reduce el excesivo monto de las mismas, como estaba ordenado en la ejecutoria, lo que revela su incumplimiento.

2.- En términos de la ejecutoria, la Sala Superior determinó que cuando con motivo de faltas o infracciones impuestas por la omisión en la transmisión de promocionales de autoridades electorales y partidos políticos, el Consejo General responsable determine sancionar con una multa, para fijar el monto de la sanción a imponer al sujeto infractor, debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El período total de la pauta de que se trate;

- El total de promocionales e impactos ordenados en la pauta;

- El período y número de promocionales e impactos que comprende la infracción respectiva; y,

- La trascendencia del momento de la transmisión, horario y cobertura en que se haya cometido la infracción.

Es el caso que de la RESOLUCIÓN RECURRIDA se advierte que para fijar el monto de las multas que impone a Televisión Azteca, el Consejo no toma en consideración ninguno de los aspectos antes destacados.

El proceder del Consejo se explica, pues éste, en voz de el Secretario Ejecutivo, que fue quien formuló el proyecto de resolución que se sometió a consideración del Consejo, y que fue aprobado por éste, estimó que los elementos que la Sala Superior le obligó a desarrollar - refiriéndose a los lineamientos que la Sala Superior estableció en la ejecutoria dictada en el SUP-RAP-34/2010 -, resultaban inviables.

Es evidente que el Consejo debía acatar los lineamientos establecidos por la Sala Superior en la referida ejecutoria, cualquiera que fuera su parecer, de tal suerte que al no hacerlo, bajo el argumento de que no son viables, revela la ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, y pone de manifiesto su renuencia a cumplimentar lo ordenado por la Sala Superior, sin contar con facultades para ello.

3.- En las circunstancias anotadas este agravio expresado debe declararse fundado y consecuentemente revocarse la RESOLUCIÓN RECURRIDA, e igualmente procede sancionar al Consejo en términos de lo previsto por el artículo 32 de la Ley de Medios de Impugnación.

SEGUNDO.- La RESOLUCIÓN RECURRIDA viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto por el artículo 22 Constitucional, en relación con los artículos 350, 354, 355, párrafos 5 y 6, del COFIPE y 61, del Reglamento del IFE en Materia de Quejas y Denuncias (en adelante REGLAMENTO DE QUEJAS), así como lo previsto por el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al primer ordenamiento jurídico invocado, así como los lineamientos establecidos por la Sala Superior en la ejecutoria, toda vez que:

Los artículos 355, párrafos 5 y 6, del COFIPE y 61, del REGLAMENTO DE QUEJAS establecen los requisitos que deben ser considerados por la autoridad electoral al momento de individualizar las sanciones que imponen a los particulares, en los siguientes términos:

“Artículo 355.-

(...)

5.- Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

a).- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

b).- Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

c).- Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d).- Las condiciones externas y los medios de ejecución;

e).- La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones, y

f).- En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

6.- Se considera reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el presente Código incurra nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento legal.”

“Artículo 61.-

1.- Para la individualización de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

a).- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones del Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él. Para ello, precisará la norma violada y su jerarquía constitucional, legal o reglamentaria; el valor protegido y el bien jurídico tutelado; el efecto producido por la transgresión, y el peligro o riesgo causado por la infracción y la dimensión del daño.

b).- Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. Para ello el Instituto valorará si la falta fue sistemática y si constituyó una unidad o multiplicidad de irregularidades;

c).- Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d).- Las condiciones externas y los medios de ejecución;

e).- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

f).- En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

g).- El grado de intencionalidad o negligencia,

h).- Otras agravantes o atenuantes.

i).- Los precedentes resueltos por el Instituto con motivo de infracciones análogas.

2.- Con independencia de las faltas observadas con motivo del presente procedimiento, si se presumiera de la comisión de faltas de fiscalización o en otras materias, tales como la penal, de responsabilidades administrativas, entre otras, el órgano dará vista o inicie la denuncia ante la instancia o autoridad competente.”

Así, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral debe tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, precisadas en los preceptos legales antes transcritos, para individualizar la sanción respectiva, y así lo ha reiterado la Sala Superior, como se desprende de la propia ejecutoria, que en su parte conducente es del tenor literal siguiente:

“…esta Sala Superior ha establecido, de manera reiterada, que para cumplir el referido principio, la autoridad administrativa electoral, en su ejercicio para individualizar la sanción a los sujetos infractores, debe ponderar las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, a saber:

a).- La gravedad de la falta o infracción;

b).- Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

c).- La comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados;

d).- La trascendencia de la norma violada;

e).- Las condiciones socioeconómicas del infractor;

f).- Las circunstancias externas y los medios de ejecución;

g).- La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; y

h).- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones…”

Asimismo, en la ejecutoria la Sala Superior determinó que cuando con motivo de faltas o infracciones impuestas por la omisión en la transmisión de promocionales de autoridades electorales y partidos políticos, el Consejo General responsable determine sancionar con una multa, para fijar el monto de la sanción a imponer al sujeto infractor, debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El período total de la pauta de que se trate;

- El total de promocionales e impactos ordenados en la pauta;

- El período y número de promocionales e impactos que comprende la infracción respectiva; y,

- La trascendencia del momento de la transmisión, horario y cobertura en que se haya cometido la infracción.

Respecto de los referidos aspectos, la Sala Superior determinó que constituían parámetros que permiten individualizar razonablemente el monto de la sanción a imponer, a efecto de que dicha cantidad guarde relación con las condiciones en las que se cometió la infracción bajo parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad.

Derivado de lo anterior, la Sala Superior ordenó al Consejo que emitiera una nueva determinación, en la que procediera a reindividualizar la sanción que corresponda a Televisión Azteca, teniendo en cuenta los cuatro lineamientos establecidos previamente y razonando porque considera que la multa debe fijarse en la intensidad precisada, preservando el principio de legalidad que impone el deber de fundar y motivar toda resolución.

En la especie, es evidente que las determinaciones del CONSEJO, contenidas en la RESOLUCIÓN RECURRIDA, vinculadas con la individualización de la sanción son a todas luces ilegales, en tanto que, por un lado, carecen de la debida fundamentación y motivación, en violación de lo previsto por los artículos 350, 354, 355, párrafos 5 y 6, del COFIPE y 61, del Reglamento del IFE en Materia de Quejas y Denuncias (en adelante REGLAMENTO DE QUEJAS), en relación con el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al primer ordenamiento jurídico invocado, y por otro lado, no toma en consideración los lineamientos expresados en la ejecutoria.

En efecto:

I.- El tipo de infracción.

En este rubro, el Consejo asevera:

“…En el presente asunto quedó acreditado que Televisión Azteca, S.A. de C.V …, contravino lo dispuesto en la norma legal en comento, al haber omitido transmitir, sin causa justificada cinco mil ochocientos treinta (5830) promocionales de treinta segundos de duración, 5780 (cinco mil setecientos ochenta) de las autoridades electorales y 50 (cincuenta) de los partidos políticos contenidos en la pauta de transmisión de los tiempos del Estado durante el proceso electoral local que se lleva a cabo en el estado de Yucatán, particularmente en la etapa de precampañas, en lo que tañe a esta resolución del once de enero al dos de febrero del presente año en todas las emisoras…”

Como puede observarse, de manera tendenciosa el Consejo suma las omisiones de las emisoras como si fueran una sola, con la finalidad de hacer parecer que los incumplimientos son más representativos, (por porcentaje), de lo que realmente son respecto a la totalidad de la pauta ordenada para la etapa de precampaña del proceso electoral en el estado de Yucatán, lo que revela la falta de motivación de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, así como la mala fe de dicha autoridad electoral.

II.- La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En este capítulo, como en diversas partes de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, el Consejo reitera lo antes destacado, es decir, suma las omisiones de las emisoras como si fueran una sola, con la finalidad de hacer parecer que los incumplimientos son más representativos, (por porcentaje), de lo que realmente son respecto a la totalidad de la pauta ordenada para la etapa de precampaña del proceso electoral en el estado de Yucatán, lo que, se insiste, revela la falta de motivación de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, así como la mala fe de dicha autoridad electoral.

III.- El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

De lo expresado por el Consejo en este apartado, destacan los siguientes argumentos:

- Precisa el Consejo que el incumplimiento al 350, párrafo 1, inciso c) del COFIPE genera lesiones graves en el desarrollo de diversos procesos comiciales, lo que ha causado que tanto los partidos políticos como las autoridades electorales se vean afectados en sus prerrogativas, pues es de recordarse que a partir de la reforma constitucional y legal en la materia en los años 2007 y 2008, dichos entes no pueden acceder a los medios masivos de comunicación (Radio y Televisión) de otra forma que no sea a través de los tiempos pautados por el Instituto Federal Electoral; en consecuencia, se encuentran a merced de que los concesionarios y/o permisionarios de radio y/o televisión den cumplimiento cabal a su obligación de transmitir el total de la pauta aprobada por el Instituto Federal Electoral durante el desarrollo de los procesos comiciales que se realicen, por ende los incumplimientos de dichos concesionarios deben ser sujetos de sanciones que de alguna manera inhiban la realización de este tipo de conductas.

Señala que el origen de la reforma de mérito fue que el poder económico de los sujetos involucrados no viciara la materia electoral, así como evitar la participación de terceros ajenos para que no se propiciaran situaciones de inequidad en el desarrollo democrático y de los procesos electorales.

Respecto a las omisiones de transmisión relacionadas con los mensajes de las autoridades electorales, es de señalarse que la hipótesis normativa contenida en el artículo 350, primer párrafo, inciso c) del código federal electoral, infiere de manera directa con los fines de las autoridades electorales tanto a nivel federal como local, ya que a través de los mensajes que éstas difunden en los medios de comunicación de radio y televisión se garantiza el ejercicio de las actividades que les han sido encomendadas constitucional y legalmente, relativas a la capacitación electoral, educación cívica y al padrón y lista de electores, actividades necesarias para la cultura democrática de nuestro país.

- Sostiene el Consejo que el ejercicio de las actividades que les han sido encomendadas constitucional y legalmente a partidos políticos y autoridades electorales, relativas a la capacitación electoral, educación cívica y al padrón y lista de electores, actividades necesarias para la cultura democrática de nuestro país se pueden lograr únicamente a través de la participación de las ciudadanas y ciudadanos. De ahí la importancia que éstos estén debida y oportunamente informados de las diversas etapas que se llevan a cabo para la preparación y el desarrollo de los procesos electorales. Las transmisiones televisivas son precisamente uno de los medios masivos por los que se mantiene informada a la ciudadanía.

- El Consejo puntualiza que conforme al artículo 65, párrafo 2, en relación con el 56, párrafo 4 ambos del COFIPE, para determinar el número de mensajes a distribuir entre los partidos políticos, las unidades de medida son: treinta segundos, uno y dos minutos, sin fracciones, y sobre el particular asevera:

“… En esa tesitura, el Comité de Radio y Televisión de este Instituto, a propuesta de la autoridad electoral Yucatán, aprobó el modelo de pauta y las pautas específicas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos durante el periodo de precampaña correspondiente al proceso electoral de este año, en el estado de Yucatán.

Tomando en consideración que la unidad de medida adoptada para los mensajes contenidos en la pauta relativa a las precampañas del estado de Yucatán, fue de treinta segundos, se colige que el Comité de Radio y Televisión pautó por cada uno de los días integrantes de ese lapso, noventa y seis mensajes, los cuales se distribuyeron entre los partidos políticos y autoridades electorales, conforme al marco jurídico aplicable.

Dichos mensajes diarios, conforme a lo preceptuado en la Constitución General y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deben ser transmitidos por los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, porque con ello se logra que las autoridades electorales y los propios partidos políticos, puedan cumplimentar los fines que tales instrumentos normativos les han impuesto, de allí que la omisión de su difusión, impide se logren tales objetivos.

…

En el caso, es preciso señalar el porcentaje de incumplimientos en que incurrió cada emisora denunciada respecto de los promocionales de las autoridades electorales y partidos políticos, a fin de evidenciar lo anterior se insertan las siguientes tablas:

…

En relación, con el contenido de los cuadros precedentes, cabe aclarar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó en la sentencia que se cumplimenta, que esta autoridad debía considerar el porcentaje que representaban los incumplimientos imputados al denunciado respecto de la totalidad de la pauta correspondiente a la etapa del proceso electoral al cual nos hemos venido refiriendo [precampaña que se llevaría a cabo dentro del proceso electoral en el estado de Yucatán para elegir a los ciudadanos que postularán como candidatos a puestos de elección popular].

Así pues, la presente resolución es una construcción jurídica que intenta cumplir con los extremos de la sentencia aludida, tomando en cuenta cada uno de sus componentes y al mismo tiempo, intenta explicar ante el máximo órgano jurisdiccional, las razones jurídicas, técnicas y administrativas por las cuales el Instituto Federal Electoral debe actuar de manera perentoria y correctiva, sin esperar necesariamente la conclusión de las etapas de los procesos electorales.

Por ende, en esta resolución se tomarán como referencia para determinar el monto de la sanción el porcentaje que representan los incumplimientos tanto en relación con la totalidad de la pauta correspondiente a la etapa del proceso electoral a que se refiere la presente, como en relación con el periodo denunciado en la vista dada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este órgano electoral autónomo.

Lo anterior es así, porque la vista que motivó la integración del presente expediente, únicamente abarcó un periodo de la totalidad de la etapa antes mencionada, sin que pueda llegar a inferirse que en los días no reportados, el concesionario denunciado dio cumplimiento cabal a su obligación, o que esta institución concluyó las tareas de verificación respecto a la transmisión de los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales, en la entidad federativa mencionada.

Al respecto, debe decirse que en consistencia a lo afirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que “…de acuerdo a la sana lógica y justo raciocinio, como regla general, puede adoptarse que entre mayores sean el período de la infracción y el número de promocionales omitidos respecto de las pautas ordenadas para ese período, el monto de la sanción a imponer debe ser más alto que cuando el período de la infracción y el número de promocionales omitidos sean menores que aquél…”, contrastar el número de omisiones con el periodo respectivo [el cual varía según la normativa comicial de las entidades federativas, así como la determinación que en su caso los institutos locales asuman], implicaría medir de una manera muy diferente los mismos promocionales omitidos. Dado que las leyes electorales en las entidades federativas suelen definir distintas duraciones en sus etapas y procesos electorales, una misma cantidad de omisiones, acarrearía un porcentaje distinto del periodo en comento, lo que nos llevaría a la inequidad de sancionar de manera distinta en diferentes entidades por la misma infracción.

A guisa de ejemplo, se inserta la siguiente tabla, con supuestos hipotéticos, variando la duración de la etapa:

Cabe destacar que la verificación parcial realizada por esta autoridad, la cual dio origen al procedimiento en que se actúa, tuvo como finalidad actuar oportunamente para corregir los incumplimientos lo más pronto posible, a efecto de garantizar el ejercicio pleno de las prerrogativas constitucionales a las que tienen derecho los partidos políticos y las autoridades electorales.

Refuerza lo anterior que el Instituto Federal Electoral, al momento de emitir la resolución originaria en el presente procedimiento, ordenó la reposición de la pauta, determinación que incluso fue confirmada por el máximo juzgador comicial, en la ejecutoria que por esta vía se cumplimenta.

De conformidad con lo anterior, para la distribución de los mensajes de los partidos políticos, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral asignó los mensajes que les corresponden en las estaciones de radio y canales de televisión con base en un esquema de corrimiento de horarios vertical, lo que se traduce en la asignación continua y en orden sucesivo de los mensajes, con lo que se asegura que todos los institutos políticos gozan del acceso de las prerrogativas de radio y televisión en todos los horarios de transmisión, es decir, de las 6:00 a las 24:00 horas. Por ello, la audiencia de cada emisora de radio y/o televisión no es un factor a considerar al momento de elaborar las pautas.

Ahora bien, en acatamiento a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es preciso razonar y explicar con mayor detalle este punto crucial.

Desde el punto de vista de esta autoridad administrativa, los procedimientos sancionadores deben instaurarse tan pronto y el monitoreo comprueba que se ha consolidado una tendencia infractora por parte de un canal de televisión o de una señal de radio, y no hasta que se completan las etapas legales del proceso electoral (precampaña, inter-campaña y campaña). Esto es así, porque el interés de la autoridad es, sobre cualquier otro, la corrección, lo antes posible, de las violaciones a la ley.

En ese sentido, es de referir que la autoridad electoral no actúa precipitadamente, toda vez que atendiendo al procedimiento previsto en el artículo 58 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en materia electoral, se permite que las radiodifusoras y televisoras expresen lo que a su derecho convenga con relación a los posibles incumplimientos de los promocionales pautados, y toma en cuenta la respuesta que el concesionario y/o permisionario da al requerimiento de información para valorar si inicia o no un procedimiento administrativo sancionador.

No se omite decir, que la autoridad debe actuar con la mayor rapidez posible para que las irregularidades se corrijan de manera perentoria y la afectación a la equidad y a las condiciones de legalidad, sean las mínimas posibles, ya que esperar el cumplimiento de plazos fijos, o la conclusión de las etapas legales, se traduciría en una actitud permisiva por parte de la autoridad.

Ahora bien, es importante considerar que la pauta de transmisión es una obligación jurídica que distribuye el tiempo disponible entre partidos políticos y autoridades electorales, diariamente. Esto es así porque el marco regulatorio de la radio y la televisión, desde la Constitución de la República, el Código Federal Electoral, la Ley Federal de Radio y Televisión (art. 59) y el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral (art. 38), señalan que la unidad básica en la que se determina y reparte el tiempo del Estado es el día calendario.

Tal como señala la Constitución de la República en su artículo 41, Base III, Apartado a, inciso a), el cual es del tenor siguiente:

(...)

En adición a lo anterior, se destaca que la propia Ley de Radio y Televisión, en su artículo 59, obliga a los concesionarios y permisionarios a la transmisión de la pauta diariamente y no a través de periodos:

“Artículo 59.- Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.”

Finalmente conviene referir el contenido del artículo 5 del Reglamento de Radio y Televisión en materia Electoral (Glosario), mismo que define el término “pauta”, de la siguiente forma:

“Pauta: orden de transmisión, en que se establecen, los esquemas de distribución en cada día de transmisión, especificando la estación de radio o canal de televisión, el periodo, las horas de transmisión, el partido político a que corresponde cada mensaje y las franjas horarias de transmisión para los mensajes del Instituto y otras autoridades en la materia.”

De tal modo que, en atención a los razonamientos vertidos por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está autoridad se permite subrayar que la unidad que constituye y construye toda la pauta, es el día calendario, indistintamente si se trata de período de precampaña, inter-campaña o campaña.

Dicho de otra manera, el día es la unidad legal en la que se basa el IFE para elaborar sus pautas. Cada día -no por periodo- es como se hacen respetar las franjas horarias (artículo 55 del código comicial federal). Y del mismo modo, se determina diariamente la forma en que se insertan los promocionales de partidos y de autoridades, precisamente para que el modelo de comunicación política adquiera la flexibilidad necesaria para responder a las estrategias electorales de los actores políticos y a los fines de promoción y de participación de las autoridades.

Una vez que se ha distribuido el tiempo diario (mediante sorteo), el día siguiente es una réplica del previo, sólo que con una hora de diferencia escalonada, de tal manera que todos los partidos y todas las autoridades puedan aparecer en todos los horarios durante el ciclo. Así pues, lo que ocurre en cada etapa, no es otra cosa que sucesivas réplicas del primer día-modelo. En consecuencia, la pauta es la sucesión ordenada y escalonada del primer día de transmisión.

Por lo anterior, los concesionarios y/o permisionarios de radio y televisión reciben de parte del Instituto Federal Electoral una pauta que señala el orden, las franjas horarias, las horas de transmisión, la secuencia y el número de promocionales diarios que corresponden a cada partido político y autoridad electoral. Y el propio monitoreo de la autoridad administrativa verifica el cumplimiento diariamente, no por período, por etapa ni por plazo legal. (…)

Los argumentos antes reseñados y transcritos, son a todas luces ilegales, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1.- Si como lo sostiene el Consejo, en México se tiene un sistema electoral basado en la participación ciudadana, ello significa que mientras más ciudadanos sean informados de las actividades que han sido encomendadas a los partidos políticos y autoridades electorales, a través de los medios masivos de comunicación como la televisión, el sistema electoral funcionará de una mejor manera.

De esta forma, resulta claro que la cobertura de los canales de televisión incide de manera relevante en el sistema electoral, en el sentido de que mientras más amplia sea la cobertura de un canal de televisión, mayor será el número de ciudadanos que accederán a las actividades a cargo de partidos políticos y autoridades electorales. En sentido inverso, mientras menor sea la cobertura del canal de televisión, menos ciudadanos dejarán de estar informados de las actividades de partidos políticos y autoridades electorales que se difunden a través de los promocionales que se transmiten en televisión, y por tanto, resulta claro que la sanción que las autoridades electorales impongan a los concesionarios como consecuencia de su omisión a transmitir las pautas que le son notificadas, necesariamente debe considerar la cobertura del canal de televisión en que se haya actualizado. Esto revela la razón por la que en la ejecutoria, la Sala Superior determinó que cuando por la omisión en la transmisión de promocionales de autoridades electorales y partidos políticos, el Consejo General responsable determine sancionar con una multa, para fijar el monto de la sanción a imponer al sujeto infractor, debe tener en cuenta la trascendencia del momento de la transmisión, horario y cobertura en que se haya cometido la infracción, entre otros aspectos.

En la especie, se advierte que en la RESOLUCIÓN RECURRIDA, el Consejo dejó de considerar la cobertura de los canales de televisión en los que se cometió la infracción, a pesar del mandamiento expreso que a este respecto debía de acatar, lo que pone de manifiesto el incumplimiento de la ejecutoria, así como las bases en que se sustenta el sistema electoral.

2.- Contrariamente a lo asevera que el Consejo, las gráficas que se insertan en la RESOLUCIÓN RECURRIDA, (fojas 42 a 44) no reflejan el porcentaje de incumplimientos en que incurrió cada emisora respecto de la pauta aprobada para el periodo de precampaña del proceso electoral en el estado de Yucatán para elegir a los ciudadanos que postularán como candidatos a puestos de elección popular, por lo siguiente:

- En la primera columna de dichas gráficas se precisa el total de los promocionales asignados a cada uno de los partidos políticos y autoridades electorales para el periodo de precampaña del proceso electoral en el estado de Yucatán para elegir a los ciudadanos que postularán como candidatos a puestos de elección popular, debiéndose aclarar que respecto de los partidos políticos, se precisa el número de promocionales que individualmente les fue asignado, lo que no acontece con los asignados a las autoridades electorales, pues únicamente se precisa el número de promocionales que les correspondieron en su conjunto.

- En la segunda columna se señalan los promocionales que se omitió transmitir, respecto del total de promocionales que se asignaron a los partidos políticos y autoridades electorales, individualmente considerados, para dicho periodo.

- Por último, en la tercera columna, se precisa:

A.- El porcentaje que los promocionales omitidos, asignados a cada partido político individualmente considerado, representa respecto del total de la pauta.

B.- El porcentaje que los promocionales omitidos, asignados a todas las autoridades electorales, en su conjunto, representa respecto del total de la pauta.

- Es decir, la tercera columna de las gráficas en cuestión establece una diferenciación entre 1) los porcentajes que la omisión representó para cada partido político, individualmente considerado, respecto del total de la pauta aprobada para el periodo de precampaña, y 2) el porcentaje que la omisión representó a todas las autoridades electorales, consideradas en su conjunto, respecto de la referida pauta.

- Resulta claro que los términos en los que el Consejo presenta las gráficas en cuestión, lejos de reflejar con veracidad el porcentaje que representan los incumplimientos que se atribuyen a TVA respecto del total de la pauta, distorsionan la realidad para hacer parecer que los incumplimientos son más representativos.

- Lo anterior es así, en virtud de que los promocionales omitidos en el caso de la emisora con distintivo XHVAD, canal 10 en el estado de Yucatán, para el periodo de precampaña del proceso electoral en el estado de Yucatán para elegir a los ciudadanos que postularán como candidatos a puestos de elección popular, respecto del total de los que en su conjunto se asignaron tanto a partidos políticos y autoridades electorales para ese periodo, representan el 37.86%, como se desprende de la gráfica que se contiene en la RESOLUCIÓN RECURRIDA (foja 54), lo cual contrasta con el 50.08% que aparece en la anterior tabla insertada a foja 42, referido únicamente al porcentaje de los promocionales de autoridades electorales que fueron omitidos respecto de la totalidad de la pauta.

El proceder del Consejo es ilegal, pues pretende hacer parecer que el incumplimiento fue mayor al que se presentó, distorsionando la realidad con la finalidad de pretender justificar la imposición a Televisión Azteca de multas excesivas que carecen de sustento fáctico y jurídico algunos.

3.- El Consejo sostiene que el contenido de los cuadros que inserta (fojas 42 a 44), obedece a lo que la Sala Superior determinó en la ejecutoria, respecto de lo cual cabe señalar que, como ya se demostró en el apartado 2.- anterior, dichas gráficas lejos de ajustarse a los lineamientos establecidos por el citado Tribunal Electoral, distorsionan la realidad con la finalidad ya apuntada.

Ahora bien, con independencia de lo anterior es de señalarse que no basta que el Consejo reiteradamente inserte tablas que reflejen el porcentaje que representaban los incumplimientos imputados al denunciado respecto de la totalidad de la pauta correspondiente a la etapa del proceso electoral, y manifieste que la Sala Superior ordenó tomar en consideración dicho aspecto, para tener por cumplimentado y/o acatado lo que dicho Tribunal determinó, pues lo cierto es que, según se advierte de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, el Consejo dejó de tomar en consideración tanto el porcentaje que representan los incumplimientos respecto del total de la pauta correspondiente, lo que pone de manifiesto la ilegalidad de la misma, como los demás parámetros establecidos en la ejecutoria.

4.- El Consejo argumenta que la RESOLUCIÓN RECURRDIA, es una construcción jurídica que intenta cumplir con los extremos de la ejecutoria que toma en cuenta cada uno de sus componentes.

La aseveración precisada es falsa, ya que, como ya se dijo, de la RESOLUCIÓN RECURRIDA se advierte que no se consideraron ninguno de los componentes que se precisaron en la ejecutoria, ya que se impone a TVA la multa máxima (cien mil días de salario mínimo), por emisora, sin razonar tal determinación.

Resulta insuficiente e indiferente que el Consejo, reiteradamente, haga alusión a todos los aspectos que la Sala Superior le ordenó en la ejecutoria, si de cualquier manera dejó de considerarlos, lo que de nueva cuenta revela la ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, así como el desacato a dicha ejecutoria.

Lo cierto es que, tal y como se desprende de la versión estenográfica de la sesión del Consejo en que se aprobó la RESOLUCIÓN RECURRIDA, dicho órgano Colegiado consideró inviables los lineamientos de la Sala Superior plasmados en la ejecutoria.

5.- El Consejo pretende establecer que la cuantificación de las multas debe realizarse a partir, únicamente, del porcentaje que los incumplimientos representan respecto del periodo denunciado, en razones que califica como jurídicas, técnicas y administrativas por las cuales el Instituto Federal Electoral debe actuar de manera perentoria y correctiva, sin esperar necesariamente la conclusión de las etapas de los procesos electorales.

Las razones que pretenden sustentar el proceder del Consejo, son las siguientes:

- Señala que la vista que motivó la integración del expediente, únicamente abarcó un periodo de la totalidad de la etapa antes mencionada, sin que pueda llegar a inferirse que en los días no reportados, el concesionario denunciado dio cumplimiento cabal a su obligación, o que esta institución concluyó las tareas de verificación respecto a la transmisión de los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales, en la entidad federativa mencionada.

- Señala que en consistencia a lo afirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que “...de acuerdo a la sana lógica y justo raciocinio, como regla general, puede adoptarse que entre mayores sean el período de la infracción y el número de promocionales omitidos respecto de las pautas ordenadas para ese período, el monto de la sanción a imponer debe ser más alto que cuando el período de la infracción y el número de promocionales omitidos sean menores que aquél...”, contrastar el número de omisiones con el periodo respectivo [el cual varía según la normativa comicial de las entidades federativas, así como la determinación que en su caso los institutos locales asuman], implicaría medir de una manera muy diferente los mismos promocionales omitidos, ya que las leyes electorales en las entidades federativas suelen definir distintas duraciones en sus etapas y procesos electorales, de tal suerte que una misma cantidad de omisiones, acarrearía un porcentaje distinto del periodo en comento, lo que nos llevaría a la inequidad de sancionar de manera distinta en diferentes entidades por la misma infracción.

- Señala que la verificación parcial realizada por el IFE, que dio origen al procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA, tuvo como finalidad actuar oportunamente para corregir los incumplimientos lo más pronto posible, a efecto de garantizar el ejercicio pleno de las prerrogativas constitucionales a las que tienen derecho los partidos políticos y las autoridades electorales, y precisa que esto se refuerza si se toman en consideración que al momento de emitir la resolución originaria, el Consejo ordenó la reposición de la pauta, determinación que incluso fue confirmada por el máximo juzgador comicial, en la ejecutoria que por esta vía se cumplimenta.

- Señala que de conformidad con lo anterior, para la distribución de los mensajes de los partidos políticos, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral asignó los mensajes que les corresponden en las estaciones de radio y canales de televisión con base en un esquema de corrimiento de horarios vertical, lo que se traduce en la asignación continua y en orden sucesivo de los mensajes, con lo que se asegura que todos los institutos políticos gozan del acceso a las prerrogativas de radio y televisión en todos los horarios de transmisión, es decir, de las 6:00 a las 24:00 horas, por lo que la audiencia de cada emisora de radio y/o televisión no es un factor a considerar al momento de elaborar las pautas.

- Sostiene que, en acatamiento a la resolución de la Sala Superior, es preciso razonar y explicar con mayor detalle este punto crucial, y sobre el particular argumenta:

Que desde el punto de vista del IFE, los procedimientos sancionadores deben instaurarse tan pronto y el monitoreo comprueba que se ha consolidado una tendencia infractora por parte de un canal de televisión o de una señal de radio, y no hasta que se completan las etapas legales del proceso electoral (precampaña, inter-campaña y campaña). Esto es así, porque el interés de la autoridad es, sobre cualquier otro, la corrección, lo antes posible, de las violaciones a la ley.

Que en ese sentido, la autoridad electoral no actúa precipitadamente, toda vez que atendiendo al procedimiento previsto en el artículo 58 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en materia electoral, se permite que las radiodifusoras y televisoras expresen lo que a su derecho convenga con relación a los posibles incumplimientos de los promocionales pautados, y toma en cuenta la respuesta que el concesionario y/o permisionario da al requerimiento de información para valorar si inicia o no un procedimiento administrativo sancionador.

Que la autoridad debe actuar con la mayor rapidez posible para que las irregularidades se corrijan de manera perentoria y la afectación a la equidad y a las condiciones de legalidad, sean las mínimas posibles, ya que esperar el cumplimiento de plazos fijos, o la conclusión de las etapas legales, se traduciría en una actitud permisiva por parte de la autoridad.

Que es importante considerar que la pauta de transmisión es una obligación jurídica que distribuye el tiempo disponible entre partidos políticos y autoridades electorales, diariamente. Esto es así porque el marco regulatorio de la radio y la televisión, desde la Constitución de la República, el Código Federal Electoral, la Ley Federal de Radio y Televisión (art. 59) y el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral (art. 38), señalan que la unidad básica en la que se determina y reparte el tiempo del Estado es el día calendario.

Que en adición a lo anterior, la propia Ley de Radio y Televisión, en su artículo 59, obliga a los concesionarios y permisionarios a la transmisión de la pauta diariamente y no a través de periodos.

Que conviene referir el contenido del artículo 5 del Reglamento de Radio y Televisión en materia Electoral (Glosario), mismo que define el término “pauta”, de la siguiente forma: “Pauta: orden de transmisión, en que se establecen, los esquemas de distribución en cada día de transmisión, especificando la estación de radio o canal de televisión, el periodo, las horas de transmisión, el partido político a que corresponde cada mensaje y las franjas horarias de transmisión para los mensajes del Instituto y otras autoridades en la materia.”

Que de tal modo, en atención a los razonamientos vertidos por la Sala Superior, el Consejo subraya que la unidad que constituye y construye toda la pauta, es el día calendario, indistintamente si se trata de período de precampaña, inter-campaña o campaña.

Que dicho de otra manera, el día es la unidad legal en la que se basa el IFE para elaborar sus pautas. Cada día -no por periodo- es como se hacen respetar las franjas horarias (artículo 55 del código comicial federal). Y del mismo modo, se determina diariamente la forma en que se insertan los promocionales de partidos y de autoridades, precisamente para que el modelo de comunicación política adquiera la flexibilidad necesaria para responder a las estrategias electorales de los actores políticos y a los fines de promoción y de participación de las autoridades.

Que una vez que se ha distribuido el tiempo diario (mediante sorteo), el día siguiente es una réplica del previo, sólo que con una hora de diferencia escalonada, de tal manera que todos los partidos y todas las autoridades puedan aparecer en todos los horarios durante el ciclo. Así, lo que ocurre en cada etapa, no es otra cosa que sucesivas réplicas del primer día-modelo. En consecuencia, la pauta es la sucesión ordenada y escalonada del primer día de transmisión.

Que por lo anterior, los concesionarios y/o permisionarios de radio y televisión reciben de parte del Instituto Federal Electoral una pauta que señala el orden, las franjas horarias, las horas de transmisión, la secuencia y el número de promocionales diarios que corresponden a cada partido político y autoridad electoral. Y el propio monitoreo de la autoridad administrativa verifica el cumplimiento diariamente, no por período, por etapa ni por plazo legal.

Las razones que se esgrimen por el Consejo para pretender justificar la cuantificación de las multas a partir, únicamente, del porcentaje que los incumplimientos representan respecto del periodo denunciado, son ilegales, como a continuación se demuestra:

5.1.- De la ejecutoria no se advierte que la Sala Superior haya establecido lineamientos de índole técnica o administrativa, de tal suerte que al invocar y pretender justificar las determinaciones que se contienen en la RESOLUCIÓN RECURRIDA, en razones de esa naturaleza, se pone de manifiesto la ilegalidad de dicha resolución por carecer de fundamentación y motivación.

Sin perjuicio de lo anterior, debe destacarse que en la RESOLUCIÓN RECURRIDA se omite formular los argumentos tendientes a identificar cuáles, de las razones que se invocan, son jurídicas y cuáles son de índole administrativa y técnica, lo que resulta ilegal, por falta de fundamentación y motivación, al dejar en indefensión a mi parte al encontrarse imposibilitada para controvertirlos.

Asimismo, otro aspecto que sobre el particular pone de manifiesto la ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, por falta de fundamentación, es que el Consejo se abstiene de citar los preceptos legales que prevean las razones de naturaleza administrativas y técnica, en las que pretende sustentar la cuantificación de las multas, a partir del porcentaje que los incumplimientos representan respecto del periodo denunciado.

5.2.- Aparentemente lo que el Consejo pretende establecer en la RESOLUCIÓN RECURRIDA, para justificar su ilegal proceder, es que la única manera en que se garantiza que los partidos políticos y autoridades políticas accedan a las prerrogativas a que tienen derecho en materia de radio y televisión, es mediante la instauración, expedita y oportuna, de los procedimientos sancionadores en contra de los concesionarios que incumplan con la obligación de transmitir las pautas que les son ordenadas.

En efecto, tal parece ser la razón que subyace, porque sobre el particular el Consejo señala que no podría esperarse que los procedimientos sancionadores, por omitir transmitir promocionales, se instauren hasta que concluyan las diversas etapas del proceso electoral, pues ello se traduciría en una actitud permisiva de la autoridad.

En el caso concreto, el Consejo sostiene, como ya quedó asentado, que la verificación parcial (respecto de solamente una parte de las pautas ordenadas para el periodo de precampaña) de la que derivó el procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA, tuvo por finalidad actuar oportunamente para corregir los incumplimientos lo más pronto posible, para garantizar el ejercicio de las prerrogativas a las que tiene derecho partidos políticos y autoridades electorales.

Si lo que ha quedado asentado es lo que el Consejo pretendió expresaren la RESOLUCIÓN RECURRIDA, como la razón para justificar la cuantificación de las multas a partir, únicamente, del porcentaje que los incumplimientos representan respecto del periodo denunciado, es evidente que, una vez más se pone de manifiesto la ilegalidad de la misma, por lo siguiente:

A.- La manera en que se garantiza el acceso de los partidos políticos y autoridades a la radio y la televisión, ante el incumplimiento en que incurren los concesionarios de dichos medios de comunicación, según se desprende del artículo 354, párrafo 1, inciso f.- del COFIPE, es la siguiente:

a).- Mediante la reposición de la pauta cuyo incumplimiento se actualizó, que el Consejo ordena realizar a los concesionarios, previa tramitación del procedimiento sancionador correspondiente.

b).- Mediante la imposición a los concesionarios de las sanciones previstas en la ley, previa instauración del procedimiento sancionador, que tenga el efecto de disuadir al infractor de la ulterior comisión de infracciones.

Lo anterior, revela que las prerrogativas de partidos políticos y autoridades electorales, que hubieren sido violentadas por los concesionarios, le son garantizadas o restituidas, predominantemente, mediante la reposición de los promocionales cuya transmisión se omitió, máxime que dicha reposición les permitirá informar a la ciudadanía de las diversas actividades que tienen encomendadas, que es precisamente el fin que se busca obtener al otorgar las citadas prerrogativas.

Lo antes expuesto de ninguna manera significa que con la reposición de los promocionales omitidos se colman los diversos efectos que deben derivarse del incumplimiento en que incurran los concesionarios de radio y televisión, ya que en términos de la legislación electoral, también procede sancionar al infractor, sin embargo, es evidente que a ningún fin práctico lleva, ni tampoco se justifica, la imposición de sanciones excesivas o exorbitantes, como en la especie acontece, pues lejos de provocar un efecto disuasivo o inhibitorio, desalienta el ulterior cumplimiento de los concesionarios.

En efecto, no se justifica en forma alguna el exorbitante monto de las multas que se impusieron a Televisión Azteca, a partir, únicamente, de uno de los aspectos que estableció la Sala Superior en la ejecutoria, consistente en el porcentaje que los incumplimientos representan respecto del periodo denunciado, que dicho sea de paso es el que asegura que las multas se eleven de manera descomunal, máxime que, por un lado, a los partidos políticos y autoridades electorales ya les han sido restituidas sus prerrogativas y que, por otro lado, se dejan de considerar, sin sustento y en flagrante incumplimiento de la ejecutoria, los demás lineamientos que en la misma se establecieron, tales como los siguientes:

- El período total de la pauta de que se trate;

- El total de promocionales e impactos ordenados en la pauta;

- La trascendencia del momento de la transmisión, horario y cobertura en que se haya cometido la infracción.

No basta, se insiste, que en la RESOLUCIÓN RECURRIDA el Consejo haga referencia a los lineamientos antes relacionados, para tener por cumplimentada la ejecutoria, si de cualquier manera no los toma en consideración, poniendo de manifiesto la ilegalidad de la misma, por carecer de fundamento y motivación.

B.- Precisamente en razón de que las verificaciones que originan la instauración de procedimientos sancionadores son parciales, - al no abarcar, comúnmente el total de la pauta -, como en la especie aconteció, es que resultaba conducente que al fijar el monto de las multas el Consejo considerara, de manera preponderante, el porcentaje que representan los incumplimientos respecto del total de la pauta, habida cuenta que fue uno de los aspectos que debían considerarse por mandamiento expreso del Tribunal Electoral, de tal suerte que al no considerarlo, permite concluir que la RESOLUCIÓN RECURRIDA es ilegal.

C.- Al manifestar que “… la vista que motivó la integración del presente expediente, únicamente abarcó un periodo de la totalidad de la etapa antes mencionada, sin que pueda llegar a inferirse que en los días no reportados, el concesionario denunciado dio cumplimiento cabal a su obligación, o que esta institución concluyó las tareas de verificación respecto a la transmisión de los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales, en la entidad federativa mencionada.”, se pone de manifiesto una vez más la ilegalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA.

En efecto, tales manifestaciones, por un lado, son contrarias al principio de presunción de inocencia, y revelan que el Consejo está asumiendo que Televisión Azteca no cumplió con los promocionales pautados para el resto del periodo de precampaña, lo cual no es materia de la litis ni se encuentra acreditado, y por el otro, son contradictorias, pues con posterioridad el propio Consejo sostiene que Televisión Azteca ha cumplido con la pauta, al señalar que “regularizó su comportamiento”. Además, debe destacarse que si las autoridades electorales formularon la vista por el periodo a que se refiere el procedimiento del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA, no es imputable a mi representada ni justifica que las multas que se le imponen sean por el máximo permitido (cien mil días de salario mínimo), por emisora, sin razonar tal determinación, y dejando dejando de considerar, sin sustento, todos los lineamientos que se establecieron en la ejecutoria.

D.- La aseveración del CONSEJO para no acatar la ejecutoria, consistente en que contrastar el número de omisiones con el periodo respectivo, llevaría a la inequidad de sancionar de manera distinta en diferentes entidades por la misma infracción, es a todas luces ilegal, por lo siguiente:

a).- El Consejo incorpora como elemento a considerar para cuantificar el monto de las multas, la equidad que debe prevalecer entre las entidades federativas, al sancionar por la misma infracción, sin embargo, omite invocar el mandato constitucional, precepto legal o reglamentario que establezca esa circunstancia como uno de los requisitos que deben ser considerados por la autoridad electoral al momento de individualizar las sanciones, lo que pone de manifiesto la arbitrariedad de dicha autoridad electoral al sustentar sus determinaciones sin fundamento alguno.

b).- El artículo 22 constitucional prohíbe las multas excesivas, siendo una posibilidad de éstas aquellas que son fijas, pues en realidad producen el mismo resultado que el prohibido por la citada norma constitucional, esto es, un trato desproporcionado al imponer una idéntica penalidad, de manera invariable e inflexible, a una serie de casos heterogéneos.

Como lo sostiene el Consejo, en las entidades federativas varían los periodos electorales en función de su normativa comicial y de las determinaciones que sus institutos locales asuman, esto es, los procesos electorales de las diversas entidades federativas tienen sus propias particularidades.

Es decir, los procesos electorales de los diversos estados que integran la República Mexicana, constituyen una heterogeneidad, de tal suerte que pretender establecer criterios homogéneos o uniformes en aras de la equidad que, según el Consejo, debe prevalecer al sancionar por la misma infracción, resulta atentatorio del mandato que consagra el artículo 22 constitucional, pues implicaría imponer una idéntica sanción, de manera invariable e inflexible, a una serie de múltiples supuestos, que es precisamente lo que el citado mandato prohíbe, lo que pone de manifiesto la inconstitucionalidad de la RESOLUCIÓN RECURRIDA, por contravenir garantías individuales.

A mayor abundamiento, la diversidad que el Consejo destaca entre los procesos electorales locales, es precisamente un dato que justifica que el criterio que debe prevalecer al imponer sanciones por infracciones como las que son materia del que emana la RESOLUCIÓN RECURRIDA, es que las multas se fijen en función del porcentaje que el incumplimiento representa respecto del totalidad de la pauta aprobada, pues así se estaría cumpliendo con lo preceptuado por el artículo 22 constitucional, de tal forma que al no considerarse así, se pone de manifiesto la ilegalidad de dicha resolución, por falta de fundamentación y motivación. Además, eso es precisamente lo que ordenó, expresamente, la Sala Superior en la ejecutoria, que era un criterio objetivo, es decir, calcular el número de omisiones respecto de las totales en un periodo dado, pues no es lo mismo omitir 100 promocionales en 2 días que en 45 días.

Asimismo, respecto de la tabla que se inserta “A guisa de ejemplo”, para pretender sustentar la postura del Consejo a que nos hemos venido refiriendo, que contiene supuestos hipotéticos, variando la duración de la etapa, debe señalarse que no cumple su cometido, pues es a todas luces ilegal imponer sanciones con base en juicios hipotéticos y subjetivos como este y sobre cuestiones que no están probadas en el expediente.

Debe subrayarse, además, que es evidente que el argumento esgrimido por el Consejo, que se analiza en este apartado, no hace sino revelar que dicha autoridad electoral pretende, a toda costa, que prevalezca el criterio consistente en que la cuantificación de la multa debe realizarse en función del porcentaje que el incumplimiento representa en relación con el periodo denunciado, a pesar de que ello implica que se dejen de observar los demás parámetros que la Sala Superior determinó, así como la violación de garantías individuales consagradas en la constitución en perjuicio de mi representada.

E.- Destaca el hecho de que el Consejo formule argumentos tendientes a establecer que el día es la unidad legal en la que se basa el IFE para elaborar sus pautas, siendo que de la RESOLUCIÓN RECURRIDA se advierte que ni éste, ni ningún otro criterio, y mucho menos los establecidos en la ejecutoria se aplican, pues se impone a TVA la multa máxima, por cada emisora, sin que se expresen los razonamientos que justifiquen ese proceder, lo cual carece de la debida motivación, en razón de lo siguiente:

Aún en el supuesto no concedido que el día es la unidad legal en la que se sustenta el IFE para elaborar las pautas, no pueden las autoridades electorales negar, sin incurrir en una falsedad, que todas las pautas se confeccionan y aprueban por periodos, y así se desprende de los artículos 49, 55, del COFIPE y del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, que prevén:

COFIPE

“ARTICULO 49

…

6.- El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinara, en su caso, las sanciones ..”.

“ARTICULO 55

1.- Dentro de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión...”

“ARTICULO 56

…

5. El tiempo que corresponda a cada partido será utilizado exclusivamente para la difusión de mensajes cuya duración será la establecida en el presente capítulo. Las pautas serán elaboradas considerando los mensajes totales y su distribución entre los partidos políticos.”

“ARTICULO 65

…

3. Los mensajes de precampaña de los partidos políticos serán transmitidos de acuerdo a la pauta que apruebe, a propuesta de la autoridad electoral local competente, el Comité de Radio y Televisión del Instituto…”.

“ARTICULO 71

1.- Fuera de los periodos de precampaña y campaña electorales federales, del tiempo a que se refiere el inciso g) del apartado A de la Base III del artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos nacionales tendrán derecho:

a).- A un programa mensual, con duración de cinco minutos, en cada estación de radio y canal de televisión; y

b).- El tiempo restante será utilizado para la transmisión de mensajes con duración de 20 segundos cada uno, en todas las estaciones de radio y canales de televisión. El total de mensajes se distribuirá en forma igualitaria entre los partidos políticos nacionales.